Miami demanda a varios bancos por vender hipotecas discriminatorias a latinos
La ciudad de Miami demandó a varios bancos diciendo que habían vendido a hispanos y afroamericanos hipotecas con peores condiciones
Miami estuvo en el epicentro de una crisis inmobiliaria que estuvo a punto de destruir la economía mundial en 2008.
A partir del estallido de esa crisis, en esta soleada ciudad estadounidense del sur de Florida (sureste de EE.UU.) podían verse hileras y más hileras de casas abandonadas por sus dueños luego de que estos no pudieran pagar las hipotecas.
Pero ocho años después, las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria aún se sienten.
Ahora, una disputa legal ha puesto sobre la mesa la cuestión de la discriminación a la hora de buscar explicaciones para el descalabro.
- ¿Son los préstamos para comprar auto en Estados Unidos una nueva bomba de tiempo para la economía mundial?
- La difícil vida de los estudiantes de EE.UU. con deudas de cientos de miles de dólares para pagar la universidad
El gobierno de la ciudad de Miami demandó a varios de los principales bancos del país, argumentando que durante los años antes de la crisis, ofrecieron préstamos en condiciones desventajosas a latinos y afroestadounidenses.
Argumentan que les dieron excesivos montos de crédito a un alto costo, lo que hizo que muchos de ellos no pudieran pagar las hipotecas y abandonaran sus viviendas.
La autoridad municipal de Miami ahora quiere que los bancos reconozcan el costo asociado al deterioro de esas viviendas desocupadas, incluyendo el menor recaudo de impuestos de propiedad y el mayor uso de los servicios de emergencia.
La Corte Suprema
El caso ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., que el pasado 8 de noviembre empezó a escuchar los alegatos orales de las partes.
Los bancos niegan cualquier conducta discriminatoria y temen consecuencias serias para su negocio si la demanda prospera.
Neal Katyal, uno de los abogados de las entidades financieras, aseguraba ante los jueces que un fallo a favor de Miami podría resultar en muchas demandas similares de parte de los 19,300 municipios que existen en el país.
Otras voces empresariales, como la de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, temen que ese proceso podría llevar a una consecuencia aún más negativa: que en el futuro, temerosos de enfrentar demandas similares si muchos de sus préstamos hipotecarios quedan en mora, los bancos eviten ofrecer hipotecas en los barrios pobres del país, donde tienden a vivir las minorías étnicas.
No se espera que el actual caso se resuelva antes de 2017.
Ley de derechos civiles
Entre los bancos que están demandados por la ciudad de Miami están Bank of America, Wells Fargo y Citigroup. El estatuto en el que los demandantes basan su acción legal es la Ley de Acceso Justo a la Vivienda de 1968.
Esa norma fue creada para combatir lo que hasta la década de 1960 fue una práctica frecuente en Estados Unidos: el llamado “redlining” (o la “práctica de la línea roja”).
Mediante esa costumbre, los bancos delineaban con una imaginaria línea roja los barrios donde vivían minorías étnicas, especialmente afroestadounidenses, y les impedían acceder a créditos hipotecarios por vivir en zonas de alto riesgo.
El resultado era por supuesto discriminatorio e impedía a muchos afroestadounidenses y latinos acceder a vivienda en los términos preferenciales que estaban disponibles para los anglosajones.
Exceso de crédito
Ahora se argumenta algo distinto. Se dice que en los años inmediatamente anteriores a 2008, los bancos no negaron crédito a las minorías sino que por el contrario, les ofrecieron demasiado dinero en préstamo, pero a tasas muy onerosas.
La ciudad de Miami dice poder probar que a los latinos y negros se les ofrecían hipotecas con tasas más altas que a sus equivalentes anglosajones. Luego, al empezar las dificultades, se les concedieron menos oportunidades de refinanciar sus préstamos.
Los bancos dicen que la norma usada en la demanda, la Ley de Acceso Justo a la Vivienda, estaba diseñada para proteger de discriminación a individuos en busca de vivienda, no a negocios, organizaciones u otras entidades que pueden haber sufrido con los altibajos del mercado inmobiliario.
Por lo que consideran inapropiado en este caso que demanden a los bancos en base a esa ley.
En cualquier caso, las prácticas de crédito de la industria inmobiliaria en esos años llevan años bajo la lupa.
En especial, las hipotecas llamadas “subprime“, que eran concedidas a personas de bajos ingresos y con pocas garantías para respaldar el préstamo, y tenían tasas de interés muy altas.
En algunos casos, tenían tasas variables que empezaban siendo muy bajas y de esa manera eran atractivas para algunos usuarios sin mucha experiencia o conocimiento sobre el negocio hipotecario, pero aumentaban después de algunos años.
Efectivamente, en 2007 al empezar a aumentar las tasas de esos préstamos de interés variable, millones de personas se vieron en dificultades para pagarlos.
Más aún, como los bancos habían revendido muchas de esas obligaciones hipotecarias a terceros, en bonos respaldados por hipotecas, el efecto del derrumbe hipotecario se expandió rápidamente a otras entidades financieras que habían comprado esos bonos.
En septiembre de 2008 se temió un colapso financiero global luego de la declaratoria de quiebra de Lehman Brothers, una de las instituciones más grandes de Wall Street.
Finalmente, el cataclismo financiero se evitó, pero millones de personas quedaron sin vivienda.
El juicio propiciado por la ciudad de Miami puede ayudar a esclarecer en Estados Unidos si se castigará a algunos de los bancos que ofrecieron los préstamos a esas millones de personas .
