Temen giro radical del Departamento de Justicia hacia menor defensa de derechos civiles

Durante años, el gobierno de Barack Obama se unió a grupos de abogados de interés público para atacar una ley del estado de Texas que, según lo han confirmado varios tribunales, obstaculiza el voto de latinos y afroamericanos.

Pero apenas tres horas después de que Donald Trump tomara posesión de la Presidencia, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, que es la que litiga estos casos, pidió posponer una audiencia que iba a llevarse a cabo en tribunales sobre el caso. 

“Nunca había visto algo similar”, dijo Joseph Rich, litigante del Comité de Abogados por los Derechos Civiles y quien trabajó en esa misma división bajo cinco presidentes de los Estados Unidos.

Rich indicó que es normal que cuando llega un nuevo presidente, se revisen casos legales que hayan sido presentados recientemente, pero no uno que lleva tantos años de pasar por tribunales y que tanto cortes de distrito como de apelaciones han decidido en favor de los demandantes. 

“Esto no tiene precedentes”, dijo Rich. “Lo que me temo es que esto indica que el nuevo gobierno va a tener posiciones muy distintas en derechos civiles, y eso me preocupa mucho”.

Apenas este martes 23 de enero, la Corte Suprema del país decidió no intervenir en el caso, dejando en pie la decisión del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones que dio la razón a los demandantes y determinó que la ley de Voter I.D. de Texas es discriminatoria.

Aunque los abogados no saben qué postura tomará el nuevo Departamento de Justicia, temen que este retraso sea una mala señal.

“Estamos profundamente preocupados”, dijo Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley. “Estas acciones son sorprendentes y tememos que la División de Derechos Civiles se está preparando para abandonar su compromiso de aplicar las leyes de derechos civiles”.

Esto ha ocurrido antes que el nuevo procurador y jefe del Departamento de Justicia Jeff Sessions haya sido confirmado por el Senado, que hoy pospuso su voto al respecto.

El ultra conservador senador Jeff Sessions es uno de los nominados de Donald Trump que más oposición enfrentan debido a su cuestionado pasado como procurador de Alabama y su record en el senado, así como sus ideas raciales y radicalmente restrictivas contra los inmigrantes.

Preocupan nombramientos y acusaciones de voto “ilegal”

A pesar que Sessions aún no ha sido confirmado –aunque todo indica que lo será- otros nombramientos a puestos subalternos del Departamento de Justicia preocupan a la comunidad legal progresista.

Este lunes, por ejemplo, trascendió que varios abogados de una firma que asesoraba a Donald Trump antes de ser Presidente (Jones Day), pasarán a ese departamento y que uno en particular, John Gore, será el asistente de la División de Derechos Civiles.

Gore fue el abogado que representó a la Universidad de Carolina del Sur en defenderse de demandas contra la ley anti LGBT del estado. La ley HB2 fue muy controvertida el pasado año, ya que prohibió a personas transgénero el uso de baños del sexo con el cual se identifican y la Universidad de Carolina del Sur fue demandada por ella.

Gore fue el abogado defensor de esa ley hasta la semana pasada y ahora será uno de los principales abogados encargados de “defender” los derechos civiles del país.

“El se opone a los derechos civiles”, dijo Clarke. “Esto solo aumentará la hostilidad que ya sabemos que Sessions traerá a estos asuntos”.

Añadió que las recientes declaraciones del Presidente Trump, quien el lunes en la noche aseguró que “entre 2 y 3 millones de ilegales votaron y por eso perdí el voto popular”, son peligrosas y abren la puerta a leyes y acciones para restringir el derecho al voto de minorías.

“Es una señal que da el visto bueno a las tácticas que varios estados han tratao de usar para suprimir el voto de ciertas poblaciones”, dijo. “Requerir el uso de identificaciones con foto o pruebas de ciudadanía en las urnas tiene un efecto discriminatorio comprobado y las palabras del presidente no puede más que dar luz verde a este tipo de medidas”.

¿Paso atrás en reformas policiales?

Añadieron los activistas legales que además de pedir retrasos en este tema, la Division de Derechos Civiles también decidió posponer un acuerdo con la ciudad de Baltimore respecto a reformas de su departamento de policía, aún cuando este ya estaba negociado. 

El Departamento de Justicia intervino para exigir reformas a ese departamento después de la muerte de Freddy Gray y el enjuiciamiento de seis policías por la muerte del joven afroamericano mientras era transportado en una camioneta policial.  El departamento tiene también pendientes otros 18 acuerdos o “decretos de consentimiento” en los que busca reformas a departamentos policiales con problemas de excesivo uso de fuerza o discriminación por raza.

“Con sus antecedentes, el nuevo procurador podría eliminar todo este trabajo y revertir los esfuerzos de mejorar la actividad policial, dijo Clarke.

Sessions alguna vez dijo publicamente que el Acta de Derechos Civiles era “intrusiva”.