Casa Blanca niega plan para usar Guardia Nacional para deportaciones
Un borrador muestra la idea de enviar a la Guardia Nacional a 11 estados de la nación
WASHINGTON.– La Casa Blanca negó este viernes que el gobierno sopese desplegar a hasta 100,000 soldados de la Guardia Nacional para arrestar a inmigrantes indocumentados, pero la sola idea de un Estado policial generó el rechazo de la oposición y grupos pro-inmigrantes.
Camino a Carolina del Sur con el presidente Donald Trump, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo desde el avión Air Force One que el informe de la agencia de noticias AP “no es verdad al 100%”, y es “irresponsable” repetir el supuesto plan en ciernes para la militarización de la frontera.
“No hay ningún esfuerzo en absoluto para usar a la Guardia Nacional para arrestar a inmigrantes ilegales”, afirmó Spicer.
“Me hubiese gustado que ustedes preguntaran antes de sacarlo en Twitter”, se quejó.
Pero un periodista de AP replicó que sí preguntaron en múltiples ocasiones antes de soltar la noticia de que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, supuestamente escribió un borrador de 11 páginas para enviar a la Guardia Nacional a los estados de California, Arizona, New Mexico Texas, Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Louisiana.
Spicer enfatizó que no se trata de un documento originado en la Casa Blanca, pero no pudo precisar si alguna vez fue un plan discutido por representantes de la Administración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también ha negado el plan, según Spicer.
El supuesto memorándum, firmado por Kelly y enviado a las agencias migratorias el pasado 25 de enero , incluía además la expansión de las detenciones y deportaciones; la contratación de más agentes fronterizo, la construcción del muro, y más trabas para solicitantes de asilo. Curiosamente, algunos de esos elementos sí fueron incluidos en la versión final de la orden ejecutiva que divulgó la Casa Blanca en esa fecha.
Beth Werlin, directora ejecutiva de “American Immigration Council”, condenó que el punitivo plan que, de implementarse, privaría a los niños de protecciones legales -incluso a los que buscan protección-, autorizaría la deportación expedita sin una audiencia ante un juez, y exigiría que el DHS encarcelara a todo detenido con poco margen para dejarlos en libertad siquiera por razones humanitarias
El presunto plan ha profundizado el temor en la comunidad inmigrante, ya sacudida por informes de arrestos y redadas en zonas residenciales, escuelas, sitios de trabajo, albergues, iglesias y demás sitios públicos.
[scribd id=339600490 key=key-mleHtdmxZLABaECAhkdz mode=scroll]
En 2006, el entonces presidente George W. Bush ordenó el despliegue temporal de 6,000 soldados de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza, dentro de la llamada “Operación Jumpstart”, pero éstos solo tenían tareas de logística, vigilancia, e instalación y mantenimiento de barreras, y no tenían autoridad para hacer arrestos.
Cuatro años más tarde, su sucesor, Barack Obama, desplegó temporalmente a miembros de la Guardia Nacional a Arizona, Texas, California y New Mexico, también con las mismas tareas de apoyo logístico y vigilancia para la Patrulla Fronteriza.
¿Un Estado policial?
Aún con el desmentido, numerosos líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso, así como grupos pro-inmigrantes en todo EEUU condenaron de forma unánime la sola idea de que EEUU pueda acercarse a una “dictadura” o un “Estado policial”.
El senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, afirmó que aún si la Casa Blanca y el DHS niegan el plan, la idea de movilizar a la Guardia Nacional para tareas de arresto y deportación “sería un temeroso ejercicio de tácticas de un Estado policial”.
Las órdenes ejecutivas del pasado 25 de enero ya criminalizan a los indocumentados, y los sujeta a una posible deportación aún por infracciones de tráfico, además de que incrementa el número de agentes de ICE de 5,000 a 15,000, señaló Durbin.
Los legisladores demócratas Lou Correa y Norma Torres, ambos de California, también condenaron el presunto plan y afirmaron que éste sería rotundamente rechazado.
Torres, de origen guatemalteco, advirtió que, tal como ha ocurrido en países de América Latina, cuando el Ejército se involucra en tareas policiales eso debilita el imperio de la ley y erosiona la confianza de la gente en las Fuerzas Armadas.
“No queremos eso acá”, subrayó Torres, al condenar un plan más típico “del libreto de una dictadura”.
Varios grupos pro-inmigrantes también se sumaron al coro de protestas.
Frank Sharry, director ejecutivo del Fondo Educativo de “America’s Voice”, dijo que el plan, de realizarse, es más cercano a una dictadura a cargo de un “hombre fuerte” que de una democracia gobernada a través de instituciones.
Según Sharry, le corresponde a Kelly rechazar categóricamente tales ideas radicales, y evitar el arresto y deportación de inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales.
Durante una operación de cinco días la semana pasada, ICE arrestó a más de 678 inmigrantes indocumentados bajo las nuevas órdenes ejecutivas, aunque el DHS insistió en que el 75% tenía antecedentes criminales.
En noviembre de 2014, la Administración Obama estableció categorías de “deportables”, poniendo énfasis en los criminales, los que suponen una amenaza para la seguridad pública y nacional, y para los que cruzaron ilegalmente a partir de enero de ese año.
El director interino de ICE, Tom Homan, confirmó ayer en un encuentro con líderes del Congreso que, ahora sin prioridades claras, prácticamente todo indocumentado queda expuesto al riesgo de la deportación.
