Estudiante demanda a DC por negarle beca debido a estatus migratorio de su madre

Durante veinte años, la mama de Natalia Villalobos ha cuidado a niños ajenos, trabajando como “nanny” desde que inmigró de El Salvador a Washington DC, pero ahora su estatus migratorio –TPS- se interpone entre su hija y la educación universitaria a la que la joven aspira.

Natalia, de 19 años, quiere tener su propio negocio y estudiar administración de empresas en la universidad.  Le gusta la idea de tener un “centro de cuidado infantil”. La profesión de su madre le ha influenciado, y además, quiere estar en control de su propio destino.

Como la joven nació y creció en Washington, ella no piensa estudiar en otra parte, sino cerca de casa, de su mamá y su hermana de 17 años.

Pero el costo de las clases es muy alto para la familia y el programa de becas que podría ayudarla, DCTAG (District of Columbia Tuition Assistance Grant), parece estar cerrado para ella.

¿La razón?  DCTAG ha rechazado dos veces su solicitud de beca para colegiatura porque, aunque Natalia es ciudadana de Estados Unidos, su mamá no tiene el “estatus aceptable” para el programa, aunque está legalmente en el país, con TPS.

Este martes, Natalia demandó al distrito de Columbia en el tribunal federal con la ayuda del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), alegando que la política de DC respecto a este fondo de becas “discrimina contra ciudadanos de Estados Unidos en base a quienes son sus padres”.

“Esta política descalifica a Natalia para recibir ayuda financiera en base al estatus de sus padres”, dijo Burth Lopez, abogado de MALDEF. “Esta política viola los derechos constitucionales de ella como ciudadana, aparte de que pone a DC en el lugar que no le corresponde, que es el de definir política migratoria”.

DCTAG es un programa de asistencia financiera a estudiantes del Distrito de Columbia (Washington DC, la capital del país), que fue establecido inicialmente en 1999 y reautorizado en 2002 y 2007. Ofrece becas de hasta 10,000 dólares para ayudar a estudiantes a pagar la colegiatura en un colegio o universidad.

Según los criterios de participación en el programa DCTAG que se explican en su página web, un estudiante debe ser “ciudadano de Estados Unidos o tener un estatus de no ciudadano que sea elegible” y ser residentes de DC por al menos 12 meses antes de comenzar sus estudios y continuar siéndolo durante el tiempo que dure su matriculación.

Se agrega además que los estudiantes “dependientes o menores de 24 años” deben establecer  residencia en DC por medio de sus padres y que estos “deben tener un estatus de ciudadanía que les permite establecer su domicilio en el Distrito de Columbia”.

La Opinión pidió aclaración a la Oficina del Superintendente de Educación de DC sobre este requisito, pero su portavoz Fred Lewis indicó “el sitio web explica por qué ese requisito y no estamos comentando sobre una demanda pendiente”.

Pero de acuerdo a Lopez, la ley original que estableció el programa de ayuda financiera DCTAG, no contiene el lenguaje que restringe la asistencia a estudiantes cuyos padres son residentes y ciudadanos.  Es cierto que el lenguaje de la ley original de 1999 no contiene ninguna referencia al estatus migratorio de los padres.

“Cabe añadir que, en todo caso, la mamá de Natalia está viviendo legalmente en el país, con el Estatus Temporal de Protección o TPS”, dijo Lopez.  “La postura de ellos al parecer significa que la muchacha nunca será elegible para el programa debido al estatus de la madre”.

Para Natalia, que sueña con tener su propio negocio, ha sido un “shock” que rechazaran su solicitud de beca  por el estatus materno, cuando ella es ciudadana y nativa del Distrito de Columbia.

“Me siento completamente discriminada”, dijo la joven. “Soy ciudadana y debo tener el mismo acceso que otros ciudadanos, no deberían tratarme diferente”.

En años recientes, demandas similares en otros estados han resultado en decisiones de tribunales federales contra políticas como esta. En 2012, sendas cortes federales en  Florida y Nueva Jersey fallaron en contra de negar ayuda financiera o tarifas de residente a estudiantes, no debido a su estatus migratorio, sino al de sus padres. 

Al fallar en el caso de Miami, el juez de distrito de los Estados Unidos K. Michael Moore dijo que la medida creaba una “segunda categoría de ciudadanía”.

Natalia, por el momento, no puede asistir a la universidad  -por segundo año escolar consecutivo- por no haber podido recibir la ayuda. “No podemos pagar la colegiatura, mi mamá no puede y yo tampoco”, dijo la joven.

“Esperamos que Natalia pueda tener acceso a esta beca y también su hermana de 17 años que está a punto de estar en la misma situación”, dijo el abogado Lopez. “En el contexto político que vivimos hoy en día  tenemos que establecer que la ley no permite el trato diferente a individuos debido a quienes son sus padres”.