No hay imposibles: indocumentado por casi 30 años obtiene residencia

Cuando Juan Carlos Alvarado recibió un sobre del correo que sospechaba podía ser de migración, se lo pasó nervioso a su esposa. “¡Ábrelo tú!”, le pidió. En segundos, su mujer lo volteó a ver y le dijo lo que por 26 años anheló escuchar:

“¡Felicidades, ya eres residente permanente!”

“Recibí la tarjeta el viernes 10 de marzo. El domingo 12 de marzo nos fuimos a Tijuana. No iba desde 1991. ¡Qué mejor manera de celebrar que con unos tacos de carne asada!”, dice lleno de felicidad.

Aunque en pocas horas la felicidad se transformó en miedo cuando llegó el momento de volver a Los Ángeles y cruzar la frontera sur. “Con todo lo que se dice de Donald Trump, tenía muchos temores. Pero no tuvimos ningún problema para cruzar. Mostré con toda seguridad mi tarjeta de residencia al oficial y nos dio el siga”, recordó.

Un caso complicado

La historia de Alvarado abre una luz de esperanza para los inmigrantes indocumentados de que aún en la era de Trump se puede obtener la residencia permanente por más complejo que sea el caso.

Alvarado vino de Jalisco, México a Estados Unidos a los 18 años. Ya había cruzado la línea cuando la Migra lo pescó. Al día siguiente, lo volvió a intentar. Esta vez logró pasar con ayuda de un coyote.

Un año después —en 1989- consiguió una carta de una compañía que daba cuenta que había trabajado en el campo, con la que consiguió una tarjeta de residencia condicional en base a que fue calificado como trabajador temporal bajo la Amnistía de Reagan, la ley que legalizó a unos tres millones de indocumentados en 1986.

Bajo ese estatus fue y vino a México, y cruzó la frontera sin problema alguno en 1991.

El gusto le duró poco porque ese mismo año no consiguió renovar su tarjeta de residencia al no poder comprobar que trabajó en la compañía agrícola.

“Me quedé como indocumentado. En busca de arreglar mi estatus. Fui a ver a un notario que solo me sacó dinero y no hizo nada. Vi a varios abogados. Todos me decían que no había manera”.

En 2015, decidió ir a ver al abogado de migración Eric Price. “Me animó saber que había sido fiscal de Migración y conoce los entretelones de esa dependencia”, dice.

Price hizo una petición familiar para la residencia de Alvarado, basado en su hijo —Carlos Alvarado Jr. de 24 años- nacido en Estados Unidos. Pero necesitaba un patrocinador. Fue su concuño quien aceptó apoyarlo.

“Entre junio y julio de 2016, entregamos toda la documentación. En octubre de ese año, me llegó el permiso de trabajo; y hace una semana, la tarjeta de residencia permanente por diez años”, dice.

“La verdad pensé que sería un proceso más largo y tedioso. No tenía muchas esperanzas”, confiesa.

Dice que tras el triunfo de Trump, se mortificó mucho. “Esperábamos lo peor. Hasta le dije a mi esposa, hay que prepararnos por si me deportan y tenemos que irnos a México. Por eso cuando recibí la tarjeta de residencia, no lo podía creer. Lloré de felicidad”, revela.

El hombre de 48 años de edad tiene plena seguridad que la residencia permanente le abrirá las puertas para mejores oportunidades.

Por lo pronto, la semana pasada bordó un avión rumbo a México para reunirse con Nemesia, su “Mamá Grande”, como le dice a su abuela de 90 años de edad.

“Ella vive en Atoyac, Jalisco. Soy su primer nieto y la quiero mucho. No la veo desde 1991”, dice con los ojos llorosos y la voz entrecortada por la emoción.

Entrada Quilantan

El abogado Price explica que Alvarado logró su residencia gracias al proceso que se conoce como Entrada Quilantan que permite a los extranjeros que entraron por la frontera tras una inspección ser elegibles para ajustar su estatus migratorio.

“Aunque tenía una deportación previa, lo que cuenta es la última entrada que  hizo de manera legal por la frontera con el uso de su tarjeta temporal de agricultura”, detalla.

Y considera que esa admisión legal de 1991 al país fue la clave para que pudiera obtener su residencia a través de la petición de su hijo mayor de 24 años. “Si no hubiera llenado ese requisito, hubiera sido muy difícil”, señala el abogado.

Añade que fue un caso complicado pero se ganó porque presentaron las evidencias de su acceso legal al país. “De 20 casos, 10 se ganan. El de Alvarado por fortuna fue uno de ellos”, dice Price satisfecho.

La Entrada Quilantan no es una medida que aplique a todos los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera.

Esta medida —rara vez usada por los abogados- tiene que ver con un fallo emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración en 2010, el cual dictaminó que una mujer que enfrentaba la deportación, Graciela Quilantan, había entrado al país legalmente cuando cruzó la frontera sin documentos en 2001.

Quilantan entró a Estados Unidos desde México en 1993 utilizando una tarjeta de cruce fronteriza válida. Sin embargo, ella perdió esa tarjeta entre 1993 y 2000. En diciembre de 2000, ella regresó a México. Después que le negaron una visa de turista en el consulado de Estados Unidos, Quilantan venía como pasajera en un auto conducido por un ciudadano estadounidense. Al llegar a la frontera, el oficial de Migración solo le preguntó al conductor si era ciudadano, pero no le preguntó nada a Quilantan y permitió el acceso del carro.

En 2006, Quilantan se casó con un ciudadano de Estados Unidos y solicitó el “ajuste de estatus”. El caso llegó hasta la Corte de Apelaciones de Migración, donde su abogado argumentó que como ella no intentaba introducirse al país de manera fraudulenta, y no había sido cuestionada por el agente migratorio sobre su estatus antes de permitirle el acceso a  Texas, ella había sido “inspeccionada y admitida” legalmente.

En otras palabras, la idea es que un inmigrante no debe ser deportado por el error cometido por un agente migratorio al permitirle la entrada al país.

El abogado Price comenta que hay inmigrantes sin papeles que piensan que para ellos no hay oportunidad de adquirir la residencia. “Les recomiendo que no se auto descalifiquen. Cada caso ofrece posibilidades. Solo un abogado en migración, les puede decir”, sostiene.