Chevron acusa a jueces ecuatorianos de conflicto de intereses en el caso

QUITO, Ecuador–(BUSINESS WIRE)–Chevron Corporation (“Chevron”) denunció hoy que los jueces de la Corte
Constitucional de Ecuador que conocen de su acción extraordinaria de
protección en contra de la fraudulenta sentencia de $9.5 mil millones se
encuentran en una situación de conflicto de interés porque sus puestos
estarían en riesgo si no deniegan el pedido de la compañía. En un escrito
presentado hoy a la Corte, Chevron mostró evidencias que la decisión de
si los magistrados conservarán sus cargos está en manos de un consejo
con miembros que son activistas en contra de la compañía en la causa.

Los jueces, cuyos trabajos están siendo evaluados por el Consejo de
Participación Social y Control Social transitorio (el “Consejo”),
violarían el derecho de Chevron bajo la Constitución ecuatoriana al
debido proceso y a una justicia imparcial si analizan y deciden el caso,
manifestó la compañía hoy en una audiencia de la Corte en Quito. Los
jueces no pueden ser imparciales mientras sus puestos están siendo
evaluados por un consejo, cuyos miembros son abiertamente hostiles hacia
Chevron en este caso, afirmó.

El presidente del Consejo, Julio César Trujillo, exigió hace unos meses
atrás que la Corte Constitucional niegue “inmediatamente” la petición de
Chevron ante la Corte, según el escrito presentado por la empresa.
Refiere el escrito que en noviembre, el Dr. Trujillo firmó un Amicus
Curiae presentado ante la Corte Constitucional atacando a la
compañía y exigiendo que su pedido sea denegado. Agrega que en el
pasado, el Dr. Trujillo presidió un “tribunal” popular para enjuiciar a
Chevron y asistió a la presentación de un libro atacando a la compañía
junto a otro miembro
del consejo, Luis
Macas. Por su parte, según el escrito, Macas sirvió como
representante y portavoz de los demandantes en el juicio en contra de
Chevron que llevó a la sentencia que dio lugar a la petición de la
empresa. El escrito afirma que Macas también pidió que se inicien
investigaciones penales
en contra de los abogados a cargo de la defensa de Chevron e incluso se reunió
personalmente con el entonces juez del caso como parte del plan de los
demandantes de conseguir la designación de un supuesto experto
independiente que cortes federales de los EE.UU. luego determinaron fue
sobornado y corrompido por el equipo de los demandantes.

Los jueces la semana pasada se apresuraron a programar una audiencia
para considerar la petición de Chevron con solo tres días de aviso
previo después de que la petición languideciera en la corte por más de
cuatro años. Su decisión de finalmente fijar una audiencia se produjo
pocos días después de que se vieron sometidos a la evaluación por el
Consejo.

Los miembros de la Corte Constitucional, cuyo trabajo e ingresos
dependen de la evaluación que haga el Consejo, están en una situación
que objetivamente afecta su independencia e imparcialidad. Los jueces,
por lo tanto, deben abstenerse de tomar cualquier acción sobre la
petición de Chevron mientras la evaluación esté en curso o excusarse
para evitar violar el derecho de Chevron, bajo la Constitución
ecuatoriana, al debido proceso y la justicia imparcial.

Consistente con la experiencia pasada de Chevron en las cortes de
Ecuador, la Corte Constitucional del país nuevamente se ha reusado a
actuar de forma justa e independientemente y ha violado sus obligaciones
bajo la ley ecuatoriana y el derecho internacional al rechazar la
petición de Chevron de que la audiencia programada de forma apresurada y
abrupta para hoy fuera suspendida mientras la evaluación de los jueces
de la Corte Constitucional está en proceso por parte del Consejo.

Ante la decisión de la Corte de negar el pedido de suspender la
audiencia, Chevron participó bajo protesta en la audiencia de hoy,
instando a los jueces a cumplir con su deber de salvaguardar los
derechos de la compañía y de mitigar las injusticias que ha sufrido a
manos del sistema judicial ecuatoriano. Citando graves violaciones a sus
derechos, Chevron en el 2013 pidió a la Corte que declarase nulo el
litigio ecuatoriano y que dejase sin efecto la ilegítima sentencia en su
contra en su totalidad.

Antecedentes

En marzo de 2014, la Corte de Distrito de los EE. UU. para el Distrito
Sur de Nueva York, dictaminó que la sentencia ecuatoriana contra Chevron
Corporation fue producto de fraude y actividad de crimen organizado,
encontrándola inejecutable en los Estados Unidos. La sentencia de la
corte federal de los EE. UU. ahora es definitiva después de haber sido
confirmada unánimemente por la corte de apelaciones y de que la Corte
Suprema rechazó su revisión. Las decisiones de las cortes de Brasil y
Argentina también confirman que la fraudulenta sentencia ecuatoriana
debe ser inejecutable en cualquier corte que respete el estado de
derecho.

En enero de 2017, una corte canadiense rechazó el intento de ejecutar la
sentencia ecuatoriana contra Chevron Canada Limited (CCL). La corte
dictaminó que CCL es una persona jurídica distinta de Chevron
Corporation, no fue parte del juicio ecuatoriano, y no es parte deudora
bajo la sentencia. Los procedimientos legales en Canadá están en curso.

Tras la decisión de la Corte Nacional de Justicia del 12 de noviembre de
2013, Chevron Corporation presentó una Acción Extraordinaria de
Protección (“APE”) ante la Corte Constitucional el 23 de diciembre de
2013, solicitando a la más alta corte de ese país hacer lo que la Corte
Nacional de Justicia no hizo: remediar las múltiples violaciones a los
derechos constitucionales de Chevron Corporation, incluyendo graves
violaciones del debido proceso, y anular la corrupta y fraudulenta
sentencia de Lago Agrio y los procedimientos derivados de ella. El 20 de
marzo de 2014, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional emitió una
orden admitiendo el examen sobre los méritos del caso de la APE de
Chevron Corporation. El 16 de julio de 2015, la jueza ponente, Wendy
Molina, celebró una audiencia en relación con la APE de Chevron, pero no
emitió ninguna decisión. El viernes 17 de mayo de 2018, la Corte
Constitucional emitió una orden en la que fijó la audiencia ante el
Pleno de la Corte a los tres días hábiles, el martes 22 de mayo de 2018
a las 9:30 a.m.

Antecedentes sobre el proceso APE

La APE es un tipo de acción en Ecuador que tiene por objeto la revisión
de sentencias definitivas de cortes nacionales por violaciones
constitucionales. El propósito de la APE es determinar si existió en
algún procedimiento judicial previo una violación de derechos
constitucionales, tal como el derecho al debido proceso, y proporcionar
un medio para remediar esas violaciones. Solo la Corte Constitucional de
Ecuador tiene competencia para conocer una APE, y se supone que debe
promover dos objetivos fundamentales: proteger y defender el principio
de la supremacía constitucional y proteger los derechos y libertades
garantizados en la Constitución.

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