Inmigrantes detenidos deben ir ante un juez lo antes posible, alega demanda

En  justicia penal, ningún arrestado puede languidecer en la cárcel sin ser llevado ante un juez para la instrucción de cargos en un tiempo relativamente corto de tiempo.

Pero cuando se trata de un extranjero detenido por las autoridades de inmigración la práctica es muy diferente y es posible estar encarcelado durante meses sin pasar por un tribunal -en este caso, tribunales civiles de ley migratoria, una justicia separada a la penal.

Una demanda presentada esta semana en nombre de tres detenidos en el sur de California alega que esta práctica es inconstitucional.

“Cada día, las agencias migratorias encarcelan a decenas de miles de personas que han vivido por largo tiempo en el país, algunos víctimas de persecusión y otros, en centros alejados de todo, arrancados de sus familias y sin acceso a ningún tipo de apoyo legal”, asevera la demanda contra el gobierno. “No están allí sirviendo unacondena por un delito y ningún juez los ha visto para saber si hay razón para detenerlos”.

En los condados de San Diego e Imperial, en California, estos detenidos pueden languidecer por meses antes de ir ante un juez por vez primera para apenas iniciar su caso.  La demanda cita el caso de tres personas detenidas en Otay Mesa, cerca de la frontera con Tijuana y que, teóricamente, tienen argumentos para estar en libertad pero no han podido ver a un juez para explicarse.

Uno de ellos es Jose Orlando Cancino Castellar, de 18 años, un joven elegible para el programa de acción diferida DACA. Lleva un mes detenido y no tiene siquiera una fecha de audiencia ante un juez. Ana María Hernandez aguas, madre de dos niños ciudadanos y que, según los abogados, podría solicitar la “cancelación de deportación”, pero fue arrestada en febrero y hasta, ahora, sin oportunidad de presentarse en el juzgado.

Un tercer demandante es Michael Gonzalez, quien asegura ser ciudadano estadounidense pero las autoridades no reconocen su estatus, y tampoco ha tenido la oportunidad de una primera audiencia ante un juez de inmigración.

Los abogados alegan que la ley permite a ICE detener a inmigrantes sospechosos de ser “deportables” sin una orden judicial, pero les obliga a presentar una orden de deportación y decidir si deben seguir detenidos antes de cumplirse las 48 horas de arresto.

“Encerrar a alguien, privándolo de su libertad para luego no llevarlo ante un juez en tiempo prudencial, es una traicion a los valores estadounidenses”, dijo Craig Countryman, abogado de Fish and Richardson, parte del equipo demandante. “

También alegan que en el centro de Otay Mesa usualmente hay muchos detenidos con problemas mentales -los mandan allí porque es uno de los lugares donde hay mejores condiciones para ellos, supuestamente- pero los retrasos en ir a la corte impiden que se les asigne un abogado, como manda la ley.

Los detenidos migratorios no tienen derecho a un abogado del gobierno, pero sí lo tienen algunas categorías de migrantes, como los enfermos mentales.

DHS no comenta sobre demandas o querellas legales pendientes.

La demanda pide al tribunal representar a todos los individuos detenidos en ese distrito que están allí desde hace más de 48 horas y no tienen una orden final de deportación.