Sacramento aprueba un fondo legal para defender a indocumentados
Defensores de los inmigrantes celebran hoy que Sacramento, capital de California, aprobó anoche un fondo para proporcionar defensa legal a indocumentados que se vean afectados por las políticas de la Casa Blanca.
“Es una cuestión moral, no podemos dejar que parte de nuestros residentes tengan temor de ir al trabajo, de mandar sus hijos a la escuela o de reportar un crimen, ellos deben sentirse protegidos” dijo a Efe el activista Miguel Córdoba.
La medida, aprobada de forma unánime, también fortalece el estatus de “ciudad santuario” de Sacramento. Más de 60 personas, entre líderes comunitarios, religiosos y educadores participaron en la discusión del tema, lo que prolongó la votación por más de cuatro horas.
La acción para proteger a los inmigrantes se da justo cuando el gobierno federal arrecia sus amenazas de castigar a las áreas que no colaboren con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
“El miedo es intenso en las comunidades de inmigrantes y lo que no queremos es que estas familias se separen porque eso lleva a problemas sociales más grandes”, dijo a Efe Eric Guerra, concejal de Sacramento y quién introdujo la moción.
El alcalde, Darrell Steinberg, indicó que aunque la inversión de 300,000 dólares es modesta comparada con otras ciudades, la iniciativa muestra claramente a la comunidad inmigrante que la ciudad está con ellos.
“Tenemos que respaldar nuestros valores con acciones reales para ayudar a las personas que están en riesgo” agregó.
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, casi el 10 % de los residentes de la capital de California es inmigrante no ciudadano, lo que equivale a unas 49,000 personas, de los cuales 4,100 son niños.
Se espera que unas 750 familias serán beneficiadas cada año. “La ciudad no está representando directamente a los individuos, estamos ayudando a las organizaciones sin ánimo de lucro que ya ayudan a estos inmigrantes”, aclaró Arturo Sánchez, vocero de la Oficina del Administrador de Sacramento.
Bajo esta nueva medida el Ayuntamiento quiere asegurar que ninguno de los empleados de la ciudad -incluyendo a los policías- pregunte por el estatus migratorio de los residentes, a menos que sea un tramite o un investigación que la ley lo exija.
Con esta decisión, California consolida su liderazgo nacional en el movimiento santuario y de gobiernos locales que ofrecen apoyo económico para pagar por la defensa de los indocumentados.
Los Ángeles aprobó un fondo de 10 millones de dólares y áreas como Santa Clara, San Francisco y Oakland también han asignado recursos públicos para garantizar la representación legal.
Sacramento también demandó a la Administración Trump por tratar de bloquear fondos federales de las ciudades que se declaren santuario.
“Somos gente trabajadora, lo único que queremos es vivir en paz con nuestras familias en esta ciudad, que es nuestro hogar”, afirmó Gloria Casillas, una inmigrante que participó en la audiencia y habló en español.
