Editorial: Hay que frenar el ataque a ciudades santuario
Amenazan con solucionar un problema que no existe recortando fondos federales
El ataque a las llamadas ciudades santuarios es una acción confusa cuyo principal propósito es sacar un rédito explotando el mito de que los indocumentados son una amenaza a la seguridad pública.
La Cámara de Representantes aprobó recientemente por un ajustado margen el proyecto de ley (H.R.3003) “No santuario para los Criminales”. Este amplía los poderes que actualmente tienen las autoridades federales para intervenir en los asuntos de la policía local. Al mismo tiempo, permite recortarles fondos a las ciudades que no lo respeten.
Esto quiere solucionar un problema que no existe y establecer una norma legal para lo que hoy es un incoherente discurso político antiinmigrante.
No existe la claridad legal, que es lo mínimo indispensable para amenazar con castigo al incumplimiento recortando fondos federales.
El Departamento de Justicia exige que se cumpla el título 8 de la sección 1373 de la reforma de inmigración y asistencia pública de 1996. Allí lo se prohibe a las autoridades locales y estatales que limiten la comunicación con las autoridades migratorias de “información sobre el estatus migratorio y la ciudadanía” de individuos.
Nada más que eso.
No les exige hacer algo. Mucho menos que se detenga por un período de 48 horas a la persona que señale la Agencia para el Control de Aduanas e Inmigración (ICE).
Esta misma confusión es la que argumenta el Condado de Santa Ana en su demanda contra el Departamento de Justicia.
Santa Ana utiliza a su favor las declaraciones del jefe interino de ICE, Thomas Horman, quien dijo que el gobierno espera “no solo compartir información, sino que nos dejen entrar a las cárceles, y del secretario de Seguridad Interna John Kelly, quien confesó: “Francamente, realmente no sé lo que quiere decir. Pienso que nadie sabe lo que significa.”
De todas maneras, el Departamento de Justicia nombró a 10 sitios, entre ellos las ciudades de Chicago y Nueva York, junto al estado de California, como los primeros que deben demostrar que cumplen con el título 8 de la sección 1373. Estos enviaron las pruebas que están cumpliendo.
El Congreso y el Departamento de Justicia tratan de imponer arrogantemente una supuesta solución a la inseguridad pública que solo la empeora. Distrae recursos policiales para combatir el crimen real y reduce la colaboración con las comunidades inmigrantes.
Por eso la Liga Nacional de Ciudades se opone a la acciones federales, tal como los jefes de policías de los centros urbanos. El juez en el caso de Santa Ana congeló la amenaza federal de sanciones y el concepto de imponer desde Washington como debe actuar la policía local roza con lo anticonstitucional.
Estos son motivos suficientes como para que los demócratas del Senado frenen el avance de la H.R. 3003.
