Amnistía Internacional: Policías mexicanos detienen arbitrariamente a la ciudadanía

MÉXICO.- José Adrián, un maya de 14 años de la comunidad X-Can, Yucatán, fue detenido por policías municipales el 25 de febrero de 2016, tras una riña entre jóvenes en la que él no estuvo presente. Los agentes lo golpearon, le pisaron el cuello, le quitaron los zapatos y la camisa y lo esposaron sin explicar que lo acusaban de dañar una patrulla.

Luego lo colgaron de las esposas en una pared hasta que sus padres firmaron un convenio por el que pagarían alrededor de 138 dólares por el daño aunque nunca se investigó quién fue el culpable. La familia puso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos pero no hubo investigación ni se sancionó.

El caso de Adrián y cinco víctimas más que tienen como común denominador una detención arbitraria por parte de policías mexicanos fueron documentados en el último año por la organización internacional de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) para su informe “Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias de la policía en México” que se hizo público este jueves.

La investigación busca hacer conciencia social, política y legal sobre la importancia de erradicar esta práctica que documentó con entrevista a víctimas y 25 personas que se han desempañado en tiempos recientes como operadores de justicia de procuradurías, juzgados tribunales y cuerpos de policía que pidieron confidencialidad por miedo a perder sus empleos.

El problema central es que las detenciones arbitrarias no son sólo un asunto de malos agentes sino de un sistema que los empuja a realizarla porque no capacita adecuada y constantemente a los policías; no les otorga los recursos materiales esenciales (como aquellos requeridos para procesar una escena de crimen), los sobrecarga de trabajo y no les brinda condiciones laborales inadecuadas e inestabilidad laboral.

“Las detenciones arbitrarias le convienen al Estado”, explicó una jueza penal de la zona centro del país a Amnistía Internacional. “Hay muchas que se inventan” porque permiten lograr fines que no siempre están relacionados a la justicia.

La investigación de AI encontró que pueden servir para planear extorsión por parte de quienes los detienen, cobrar pagos de terceras personas para dañar a alguien, vengarse políticamente (contra participantes en movimientos sociales o personas defensoras de derechos humanos) o sembrar evidencia y así no tener que investigar auténticamente los delitos que sí se llevaron a cabo como ocurrió con el caso de José Adrián.

En los casos de Verónica Razo, Sergio Sánchez y de Enrique Guerrero, también documentados por AI, los informes policiales contienen imprecisiones y falsedades que han tenido graves consecuencias en sus procesos, y estas personas aún permanecen en prisión. En el caso de Sergio Sánchez, por ejemplo, el informe policial y las declaraciones de los policías aprehensores tienen inconsistencias incluso en elementos fundamentales como la fecha en que se llevó a cabo el arresto.

A pesar de las múltiples denuncias, la mayoría de los implicados no ha recibido ningún castigo “igual que el 98%” de los delincuentes en México”, destacó AI.

“Las detenciones arbitrarias deben frenarse porque son el punto de partida de graves y persistentes violaciones de los derechos humanos en el país, tales como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.

Para lograrlo recomendó a las policías reglamentar las detenciones y hacer obligatorio el uso de dispositivos de geolocalización, audio y video en las patrullas; a la Procuraduría General de la República investigar las denuncias y, al Congreso de la Unión, eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa y flagrancia.