Regresa a Colima desde Los Ángeles, se accidenta y ¡enfrenta a red de corrupción!
“Esto nunca hubiera pasado allá”, dice Apolonio Nuñez que vivió 23 años en Estados Unidos
MÉXICO – Apolonio Nuñez regresó a Colima de Los Ángeles después de 23 años porque su hermano estaba enfermo y se quedó para rehacer su vida. Formó una familia, tuvo dos hijos y estaba a gusto, hasta que se topó con el cáncer de la sociedad mexicana: la corrupción que hoy lo hunde en deudas con una casa hipotecada y cinco centímetros menos en una pierna.
“Esto nunca hubiera pasado allá”, comenta.
El lado trágico de su historia comenzó el 15 de abril de 2015 cuando José Guadalupe Munguía, un hombre que aparentemente conducía borracho, impactó de frente el auto en el que viajaba Apolonio, a quien en el acto se le pulverizó el fémur (la razón por la cual se acortaron sus movimientos), tuvo múltiples fracturas y golpes en el cráneo.
El accidente lo dejó cinco meses en silla de ruedas, incapacitado para trabajar hasta la fecha, a punto de perder sus bienes, una deuda y gastos que sobrelleva gracias a que algunos miembros de su familia que viven en Los Ángeles y Fresco lo ha apoyan mientras su esposa atiende a dos niños de seis y cuatro años. “En realidad tiene tres niños: uno con 100 kilos de peso”, dice Apolonio
Pero lo peor de todo ha sido enfrentar a una presunta mafia de agentes de seguros, abogados y funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) que han actuado para evitar que la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP) no pague el desembolso que el afectado ha tenido que hacer y que ronda alrededor de 600,000 pesos (unos 50,000 dólares).
Apolonio llevó su caso ante un juez donde dos años después sigue sin sentencia y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima que tras varias averiguaciones corroboró que el funcionario Eduardo Javier Magaña hacía el doble papel de abogado público en la SPF, la dependencia encargada de recibir la fianza durante el juicio, y privado como litigante a favor la persona que provocó el accidente.
Así ganan los dos: la aseguradora no paga y ellos tienen clientes a los que prometen que, como uno está dentro del gobierno, ganan los casos, precisa Apolonio quien ha tenido que llevar el litigio por su cuenta porque le negaron un abogado de oficio como también le negaron atención en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas con recursos urgentes.
La agente de seguros Madrid Cerna rechazó hacer comentarios sobre el caso. Dijo a este diario en conversación telefónica que “si el proceso jurídico está abierto no puede decir nada” y negó conocer a Magaña aunque actualmente es su abogada en el caso de Apolonio.
El 15 de agosto pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó al secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega, “exhortar” a sus subordinados para que “se conduzca con legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad” y dejen de subcontratarse como abogados particulares.
A través de la secretaria particular, Nancy Martínez, Impremedia solicitó una entrevista con Noriega sobre la presunta colaboración de su gente y, particularmente Magaña, para defender a particulares en temas de aseguradoras, pero hasta el momento no ha respondido a la solicitud. Tampoco fue posible localizar a Griselda González, directora de Atención a Víctimas.
En los últimos años, las quejas en contra de las aseguradoras ha crecido un 35% en el país principalmente porque las compañías se niegan a pagar. Según reportes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2012 hubo 10,416 reportes y cuatro años después subió 14,795. Hasta mayo de 2017 ya se acumulaban 7,197.
