Sessions aprueba poderosa arma para aniquilar a la Mara Salvatrucha MS-13
Se calcula que hay cerca de 10,000 miembros de la peligrosa pandilla en los EEUU
El fiscal general Jeff Sessions designó hoy oficialmente a la pandilla MS-13 como una amenaza prioritaria, permitiendo que el Departamento de Justicia (DOJ) usar todas las leyes disponibles para destruir a esta temida organización delincuencial.
Y para tal la nueva designación de Sessions permite a las Fuerzas Especiales para el Control de Drogas Organizadas desmantelen al MS-13 usando leyes fiscales, leyes de drogas, leyes de armas y “cualquier cosa que pueda paralizar a la pandilla”.
Sesiones anunció el cambio durante un discurso ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía, diciendo que las nuevas herramientas harán un gran esfuerzo para destruir a la pandilla multinacional.
“Así como sacamos a Al Capone de las calles con nuestras legislación fiscal, utilizaremos cualquier ley a nuestro alcance para sacar al MS13 de nuestras calles”, advirtió Sessions, quien participó hoy en un encuentro de la Asociación Internacional de Jefes de Policía celebrado en Filadelfia (Pensilvania).
El titular de la cartera de Justicia afirmó haber indicado a una serie de grupos de trabajo especial que el combate a esta pandilla de origen salvadoreño, también conocida como la Mara Salvatrucha, es una “prioridad” y que, por ello, ha dado instrucciones para que se utilice “cualquier herramienta dentro de la ley” para desmantelarla.
Estos grupos de trabajo cuentan con la participación de diversos organismos federales especializados en la lucha contra el crimen organizado, como el FBI, la DEA o la propia Fiscalía General.
Sin embargo, Sessions ha dado instrucciones para que otras instituciones, como el Departamento de Trabajo o el Servicio Postal, se unan a la lucha contra el MS13.
“Ahora irán tras el MS13 con un renovado vigor y un objetivo más afilado”, dijo Sessions, que recalcó, además, la importancia de que esta batalla se luche desde todos los niveles del Estado.
El fiscal recordó que, a pesar de ser un organismo federal, el Departamento de Justicia también colabora con las Policías locales y estatales, que cuentan en sus filas con el 85 % de los miembros de las fuerzas del orden del país.
Asimismo, Sessions destacó la importancia de la cooperación internacional para acabar con esta banda criminal que cuenta con 40,000 miembros repartidos por todo el mundo, de los cuales se calcula que cerca de 10,000 se encuentran en suelto estadounidense.
En este sentido, el funcionario valoró la importancia de la operación coordinada entre Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, llevada a cabo entre marzo y mayo de este año, que se zanjó con la detención de 3,800 pandilleros en distintas partes del continente.
De estos, 1,378 fueron arrestados en Estados Unidos por delitos tales como tráfico de drogas, contrabando de armas, tráfico de personas, homicidio o tráfico de personas.
Sessions hizo hincapié en que el objetivo último de las autoridades debe ser el acabar con una organización que, según dijo, amenaza “las vidas de todas las familias y de todos los barrios que infestan”.
El fiscal general acusó a la MS13 de que, al regirse por “su lema” (“Mata, viola y controla”) los pandilleros dejan un reguero de miseria y devastación a su paso, pero les advirtió que el Departamento de Justicia tiene su propia consigna: “Justicia para las víctimas y consecuencias para los criminales”.
La lucha contra este tipo de organizaciones fue una de las principales promesas del actual presidente, Donald Trump, durante su campaña electoral del año pasado.
Con Trump ya en la Casa Blanca, el Gobierno anunció una política de “tolerancia cero” contra bandas criminales, como la Mara Salvatrucha, que se tradujo en la adopción de medidas para bloquear sus fuentes de ingreso y menguar el número de pandilleros en sus filas.
De hecho, una de las escasas victorias legislativas del Ejecutivo hasta la fecha fue la aprobación el pasado septiembre de una ley que da poder al Gobierno para deportar, detener y negar la entrada al país a aquellos extranjeros que hayan sido condenados por pertenecer a una pandilla o que simplemente sean sospechosos de ello.
Con Información de EFE
