El exgobernador Borge enfrentará su proceso en prisión… ¡al menos por un año!

MEXICO.- A pesar de que ninguno de los delitos que enfrenta el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, (lavado de dinero, peculado, ejercicio indebido del servicio público y abuso de poder) es considerado como grave, pasará al menos un año en prisión para enfrentar su proceso judicial.

Esto se debe a que durante al menos seis días fue considerado oficialmente prófugo de la justicia hasta su captura el 4 de junio de 2017 en Panamá, y el juez consideró que esta actuación justifica la prisión preventiva en el estado de Morelos a la que fue enviado este viernes, según observó el abogado penalista y analista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Daza.

“Probablemente su defensa recurra a la apelación, luego al amparo y, si el juez lo rechaza, pedirán la revisión. Esto llevará al menos un año a la par que se hace  el desahogo de pruebas tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como por parte de sus abogados’’, dijo.

“Lo interesante a destacar en este caso es que el lavado no sea considerado como delito grave. En México, con este nuevo sistema de justicia penal, a los delitos como lavado de dinero (o portación de armas de grueso calibre) no son considerado como grave y la gente que quizás debería no va a prisión y por eso genera descrédito al nuevo sistema que incluye los juicios orales’’.

• Detienen en Panamá al exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge
• Exgobernador Borge, otro ejemplo de corrupción y poder en México

Borge, quien gobernó el estado más cotizado del país para el turismo entre 2011 y 2016,  es acusado de daño al presupuesto estatal por alrededor de 900 millones de pesos (unos 50 millones de dólares) que equivale a la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional para sus 273,000 elementos.

El exmandatario supuestamente enajenó a precios inferiores 22 terrenos ubicados en las ciudades y playas más cotizadas (entre ellas Cancún e Isla Mujeres)  que formaban parte de un  reserva natural. Para lograrlo, según la acusación, montó una red de corrupción que incluía a funcionarios públicos, amigos y hasta su madre María Rosa Yolanda Angulo.

Según el ministerio público, tres terrenos se vendieron a gente cercana al exgobernador y/o a través de amigos prestanombres por 17, 3 millones de pesos (unos US$9 millones de dólares)  aunque su valor  real es de unos US$75 millones de dólares. Los otros 19, se vendieron por alrededor de US$120 millones de cuando el precio era de unos US$550 millones de dólares.