Alegan que gobierno inició deportación contra activista en represalia por sus denuncias

Mary Mora Villalpando nunca ha tenido contacto con las autoridades migratorias, ni tenía una orden de deportación ni tiene un record criminal, pero hace menos de un mes, la activista del estado de Washington recibió una carta certificada en su casa: le avisaban del inicio de un proceso de deportación.

Villalpando cree que la única razón por la que las autoridades iniciaron un proceso en su contra es su público activismo por los indocumentados, en particular los detenidos en Tacoma, Washington, en el North West Regional Detention Center.

“Estoy convencida que ICE me envió esta carta, no por mi estatus en sí, sino por mi trabajo político“, dijo Villalpando. “Yo vine como turista en 1996 y me quedé cuando se acabó mi visa. Se supone que yo no soy una prioridad, pero el problema es que yo he estado trabajando públicamente en contra de ellos”.

DHS-ICE no respondió por el momento a preguntas específicas sobre el caso de Villalpando.

Villalpando, oriunda de la ciudad de México, encabeza una organización llamada “Northwest Detention Center Resistance”, creada en el año 2014 en torno a una serie de quejas y huelgas de hambre que los detenidos migratorios realizaron en ese lugar.

Desde entonces el activismo de Villalpando ha sido muy público y cubierto por diversos medios de comunicación incluyendo La Opinión, que ha seguido el tema desde un principio.

Alejandra Gonza, directora de la clínica de derechos humanos de la escuela de leyes de la Universidad de Washington, dijo que será la defensora legal de Villalpando en el proceso de deportación y dijo estar convencida de que la intención del gobierno es de represalia contra la activista.

“Ella le ha dado voz en los medios a personas que están dentro de este centro y que no tienen voz. Ella no avanzó su propio caso sino el de los demás. Ahora nos va a tocar defender a la defensora”, dijo Gonza, indicando que la activista ha sido “muy efectiva” en avergonzar al gobierno por la situación de los detenidos migratorios.

Angelina Snodgrass Godoy, directora del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad dijo que a raíz de la correspondencia recibida por Villalpando en su casa, empezó a investigar cómo es que ICE tenía su dirección de residencia.

Snodgrass Godoy dijo que un reciente artículo del Seattle Times, un periódico local, logró averiguar que ICE está obteniendo ayuda del Departamento de Licencias del estado de Washington para obtener información personal de los migrantes.

“Al parecer, las autoridades de ICE piden esa información alegando que investigan a estas personas por sospecha de actividades ilegales, y eso sin tener una orden judicial para hacerlo”, dijo Snodgrass. “Pero lo que sabemos es que han entregado información personal de muchas personas a las autoridades”.

La experta dijo que su departamento legal presentó solicitudes formales bajo la Ley de Libertad de Información para averiguar qué tipo de colaboración existe entre dicho departamento del estado de Washington y ICE.

“Creemos que el patrón de su caso es inusual e indica que otra entidad entregó sus datos personales”, apuntó.

Maru Mora Villalpando no es la primera activista en la que ICE se ha enfocado recientemente.  Tal y como La Opinión lo informó la pasada semana, el activista de Nueva York Ravi Ragbir, director de la Nueva Coalición Santuario Ravi Ragbir, fue detenido cuando se presentó a una cita con inmigración respecto a su caso.

El mismo día que arrestaron a Ragbir, ICE siguió en la calle y arrestó al esposo de una activista pro inmigrante que está acogida al santuario de una iglesia en Colorado.

Su esposa, Ingrid Encalada Latorre, está acogida al santuario de la Iglesia Unitaria Universalista de Boulder, pero el esposo, Eliseo Jurado, no tenía orden de arresto o deportación pendiente, pero seis agentes lo siguieron cuando iba a una tienda a comprar víveres.

Aunque teóricamente ICE busca poner prioridad al arresto y deportación de criminales o personas con órdenes de deportación pendientes, el actual gobierno también ha dejado claro que todos los indocumentados del país están en peligro de arresto.

Pero se trata de millones de personas, muchas de las cuales el gobierno no sabe que existen o donde están. Sin embargo el activismo y las apariciones públicas los hacen al parecer vulnerables a las nuevas directivas federales de perseguir a todo el que se revele como indocumentado.