En aniversario de “veda musulmana”, activistas preparan campaña de apoyo a inmigrantes

La versión más reciente de la "veda musulmana" incluye a Irán, Siria, Somalia, Libia, Chad, Corea del Norte, y el Yemen, y funcionarios del gobierno de Venezuela

WASHINGTON— En vísperas del aniversario de la primera veda a inmigrantes musulmanes del presidente Donald Trump, activistas cívicos de todo EEUU anunciaron este jueves una campaña a corto y largo plazo en defensa de los inmigrantes y refugiados, que continuará su lucha en las calles, tribunales y corredores del Congreso.

Arropado con el lema de la seguridad nacional, Trump firmó el 27 de enero de 2017 la primera versión de su “veda” al ingreso de inmigrantes de países mayoritariamente musulmanes, que desató una febril serie de acciones judiciales.

La Administración Trump se vio forzada a emitir una segunda y tercera versión de esa “veda”, que también fueron impugnadas en las cortes.

El pasado 4 de diciembre, el Tribunal Supremo autorizó la puesta en marcha de la versión más reciente,  pero la semana pasada dijo que se pronunciará sobre la legalidad de la medida para junio próximo.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, los activistas indicaron hoy que no esperarán hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la medida, y la campaña We Are All America” (“Todos Somos EEUU”),  entre el 27 de enero y 3 de febrero próximos, contará con 60 eventos en 21 estados y la capital de EEUU.

El objetivo es fortalecer el movimiento en defensa de los inmigrantes y refugiados en los próximos tres años, explicó Stephanie D. Stephens,  gerente de la campaña y de fe musulmana.

El sábado próximo, activistas de la comunidad de fe de todo el país realizarán una protesta frente a la Casa Blanca, en la que formarán una cadena humana en solidaridad con los inmigrantes musulmanes.

La lista de estados incluye a Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin, y la capital estadounidense.

A corto plazo, la campaña incluirá foros, talleres y protestas para condenar los “ataques de la Administración Trump contra los valores intrínsecamente estadounidenses”, pero también tiene el objetivo de presionar por leyes que protejan a los inmigrantes explicó María Rodríguez, directora ejecutiva de “Florida Immigrant Coalition” (FLIC, por su sigla en inglés).

La campaña difundirá un informe la próxima semana con recomendaciones de las medidas que pueden emprender los gobiernos locales y estatales para proteger los derechos de los inmigrantes, agregó.

También busca fortalecer un movimiento de solidaridad con los inmigrantes a largo plazo, tomando en cuenta que Trump ganó la presidencia con dura retórica contra los musulmanes como terroristas, los mexicanos como “violadores” y “criminales”, y los afroamericanos como criminales que dañan la seguridad ciudadana en las grandes urbes del país, según los activistas.

El anuncio de la campaña coincidió con una semana de tensas negociaciones en el Congreso para evitar otro cierre del gobierno el próximo 8 de febrero, cuando la burocracia federal nuevamente agotará los fondos para sus negociaciones.

El reciente cierre de tres días del gobierno, causado por pugnas sobre el futuro de los “Dreamers” y una eventual reforma migratoria, generó recriminaciones mutuas entre demócratas y republicanos sobre la politización del asunto.

Ahora, los demócratas en el Senado parecen estar dispuestos a desligar las discusiones del presupuesto federal de las negociaciones migratorias, lo que ha generado denuncias de activistas del movimiento de los “Dreamers”.

En paralelo a la nueva campaña, otros grupos cívicos y pro-inmigrantes prevén continuar sus talleres de asistencia legal y naturalización para la comunidad inmigrante en general.

Grupos como Abogados de Nueva York por el Interés Público (NYLPI) y organizaciones asociadas, han programado a lo largo de 2018 más talleres y clínicas de asesoría legal para ayudar a los inmigrantes en su proceso de naturalización.

“Los abogados que siguen prestando servicio voluntario en esas clínicas están devolviendo el poder a manos de algunos de los grupos más marginados en el país… queremos alentar a más clientes a que aprovechen estos servicios”, dijo NYLPI.


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