ICE deporta a madre sin antecedentes penales, dejando desamparada a menor de edad

En septiembre de 2017, la inmigrante indocumentada Neófita Valerio-Silva se presentó en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Santa María, ciudad ubicada en el centro de California.

Como cada año, durante 18 años, la mujer mexicana se reportó ante ICE para que sus agentes se cercioraran de que no había cambiado de domicilio ni cometido algún crimen. A esas citas Neófita siempre llevaba consigo un giro postal, para cubrir el coste de los trámites.

Pero esa cita fue distinta. Por primera vez en casi dos décadas, el agente le dijo a la madre de tres hijos estadounidenses que tendría que volver a reportarse en tres meses, en lugar de un año.

Neófita y su familia temían que fuera deportada. Por ello, en preparación para la siguiente cita, reunió cartas redactadas por varios políticos locales, incluidos la alcaldesa de San Luis Obispo, el alcalde pro tempore de Grover Beach y el congresista Salud Carbajal. En sus misivas, los funcionarios subrayaron que Neófita mantenía a su familia en ambos lados de la frontera, que era dueña de un hogar, que era maestra de clases de catecismo y, sobre todo, que tenía una hija menor de edad.

La delegación local de la Marcha de la Mujeres, encabezada por Dawn Addis, también intercedió por Neófita con una campaña de concientización que buscaba impedir que sus tres hijos, cuyo padre ya había sido deportado, también perdieran a su madre. Los esfuerzos fueron en vano.

“Llevé un folder lleno de cartas”, dijo Neófita. “El agente ni quiso abrirlas”. Fue retenida el 3 de enero de 2018 y trasladada al Centro de Detención de Adelanto en la ciudad de Victorville. Seis días después, fue deportada a Tijuana.

De nuevo en Guerrero

De Tijuana, Neófita se trasladó a la ciudad de Acapulco para reunirse con su esposo, quien fue deportado en agosto de 2017. Hace años, la ciudad costera fue una joya turística frecuentada por millonarios y estrellas de Hollywood. Fue allí donde Bill y Hillary Clinton celebraron su luna de miel.

Hoy Acapulco se ubica en uno de los cinco estados mexicanos a los que Estados Unidos exhorta a sus ciudadanos a no viajar. Fue en Guerrero donde desaparacieron 43 normalistas en 2014. Fue en Guerrero donde la búsqueda de sus restos conllevó el descubrimiento de un sinnúmero de fosas clandestinas repletas de cuerpos mutilados. La violencia vinculada al narcotráfico ha devorado a dicho estado, desenfrenadamente cobrando vidas y desplazando a pueblos enteros.

Neófita huyó de Guerrero a principios de los años 90, tras el secuestro del primo de su esposo. La familia pagó el rescate. A cambio, los secuestradores entregaron un cadáver.

Ese suceso, sumado a la falta de oportunidades económicas impulsó a la familia a mudarse a California. En 2011, ambos solicitaron asilo en Estados Unidos. Su petición fue negada.

“Comida para los coyotes”

Días antes de ser deportada, un vidrio se estrelló mientras Neófita hacía el aseo en un hotel de Ávila Beach donde trabajó por 14 años. Para sacar el pedazo que se le enterró en el dedo pulgar, tuvo que ser sometida a cirugía.

Cuando fue detenida en Santa María, los agentes de ICE le quitaron su pasaporte mexicano. Nunca se lo devolvieron. Sin él, ha batallado para conseguir los medicamentos necesarios para sanar las heridas, aún en recuperación, de su mano operada.

Neófita llora al recordar la expulsión. Las palabras de un agente cuando iba esposada con otros inmigrantes se le grabaron para siempre: “Aquí llevamos comida para los coyotes”.

“Yo no hablo bien el inglés, pero lo entiendo”, dijo Neófita con la voz quebrantada. “Y eso me dolió mucho. Hablaban de nosotros como si fueramos animales”.

Lori K. Haley, portavoz de ICE, dijo que los agentes de Santa María cumplieron con todos los protocolos, y que Neófita fue tratada con respeto.

“Tratar de mantenernos fuertes”

A la distancia Neófita presencia cómo sus hijos luchan por mantener su bienestar físico y emocional.

Tras la deportación de su esposo, su hijo, Jonathan (20), fue obligado a dejar la Universidad Estatal de California en Fullerton. Era su padre, explicó el joven, quien con dos trabajos le ayudaba a pagar la colegiatura.

Tras la deportación de Neófita, su hija mayor, Susan (24), dejó su trabajo en San Diego y se fue a vivir y a buscar empleo en Grover Beach, con el fin de ayudar a sus hermanos menores a reunir el dinero para los pagos de la hipoteca.

“Mis hermanas y yo hemos decidido tratar de mantenernos fuertes y no perder la casa que mis padres compraron con tanto sacrificio”, dijo Jonathan.

La hija menor de Neófita, una estudiante en la preparatoria Arroyo Grande que acaba de cumplir 17 años, es quien más ha sido afectada.

“Para mí y mi hermana mayor no es fácil,” explicó Jonathan. “Pero como los dos hemos vivido lejos de casa, tenemos algo de experiencia. Pero mi hermanita no. Ella estaba muy apegada a mis padres, sobre todo a mi papá, porque él la llevaba a todas sus competencias de porristas, y platicaban mucho en el camino. Ella es una niña, y el gobierno le quitó los dos padres dentro de cinco meses“.

En respuesta a la deportación de Neófita, la comunidad de Grover Beach se ha esmerado por apoyar a los jóvenes. La iglesia donde ella daba clases de catecismo se organizó para llevarles platillos de comida cada martes y jueves. También establecieron una campaña de recaudación para ayudarles con los gastos.

Se dispara la deportación de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales

La administración de Barack Obama deportó a cientos de miles de personas. Sin embargo, tras una orden ejecutiva emitida por Obama en 2014, los agentes migratorios comenzaron a enfocarse en personas detenidas en la frontera y en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

La administración de Donald Trump revirtió la antedicha política y, por ende, ICE realizó 37,734 arrestos “no criminales” en 2017− más del doble que el año anterior. Por ello, defensores de inmigrantes han puesto en alerta a las comunidades que podrían ser afectadas.

“Animamos a toda persona que tenga una cita con ICE a consultar a un abogado antes de presentarse”, dijo Lucas Zucker de Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy (CAUSE), una organización sin ánimo de lucro que aboga por inmigrantes y trabajadores agrícolas.

Después de la aprehensión de Neófita, el congresista Salud Carbajal se dirigió al director de ICE en Los Ángeles y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, suplicando que extendieran su estancia.

“Deportar a personas como Neófita y conscientemente dejar a una niña de 16 años sin tutor legal no solo apunta a un cruel desacato a la familia, sino también a un desperdicio del erario”, dijo el congresista.

Carbajal concluyó su carta a ICE diciendo: “Le pido con urgencia que considere el daño que sus acciones le ocasionarán a esta joven”.