Reuters defiende su contrato de $6.7 millones con ICE para rastrear inmigrantes
ICE contrata servicios especializados de la agencia de prensa para ayudar a rastrear a extranjeros
ICE tiene una campaña semanal para ubicar a "los más buscados". Crédito: ice.gov
WASHINGTON — Thomson Reuters, a la que pertenece la agencia de noticias británica, Reuters, defendió este viernes la renovación por cinco años de un polémico contrato con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), por $6.7 millones, para ayudar a rastrear a inmigrantes indocumentados, asegurando que éste no afecta la integridad de su misión periodística.
ICE renovó un contrato, otorgado inicialmente en agosto de 2016, hasta el año 2013 para “Thomson Reuters Special Services” (TRSS), una subsidiaria con oficinas en McLean (Virginia).
El objetivo es que TRSS, cuya junta directiva incluye a exfuncionarios policiales y de inteligencia de EEUU, provea sus servicios especializados de bases de datos para ayudar a rastrear a extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad pública o nacional.
Consultado hoy por este diario, Mark D. Harrop, a cargo de comunicaciones externas de Thomson Reuters, dijo en un correo electrónico que la renovación del contrato es para que TRSS “provea un rango de conjuntos de datos patentados y públicos”.
“TRSS provee datos a ICE de acuerdo con los propósitos establecidos y permitidos para actividades policiales”, y la entidad exige que el uso de sus “soluciones investigativas” se ciñan a todas las leyes, reglamentos y regulaciones en vigor, explicó.
Harrop enfatizó que, en cumplimiento con los “principios de confianza” de Thomson Reuters, las operaciones comerciales de “TRSS” están separadas de las operaciones editoriales de la agencia de noticias Reuters, para asegurar su “integridad editorial” y cobertura imparcial.
Sin embargo, la página web “The Baron”, creada para facilitar el diálogo entre antiguos y actuales empleados de Reuters, está poblada de comentarios que advierten de que, si bien el contrato de ICE es con la subsidiaria de la empresa matriz, Thomson Reuters, y no “Reuters News”, el público usa ambos nombres como sinónimo, sin hacer distinciones.
Eso, alega Bette Brown, hace que el contrato con ICE sea una “amenaza grave para la integridad” de la agencia de noticias y sus empleados, y la empresa debe anularlo para proteger también su seguridad financiera.
En su página web, “TRSS” se promueve como una fuente sólida de expertos en ciberseguridad, y procesamiento y análisis de datos para evaluar riesgos, y ofrece sus servicios a través de diversas plataformas.
El contrato de ICE, por $6,790,488, estipula que “TRSS” establezca “un sistema continuo de vigilancia y alerta para rastrear a 500,000” inmigrantes por mes para determinados tipos de “datos, arrestos, y actividades”.
Ese sistema de datos incluiría el análisis de datos sobre inmigrantes detenidos en cárceles, apoyándose en información como su número de registro penal, datos de encarcelamiento, historial de crédito, licencias de conducir, datos laborales, reclamos de seguro de salud, y otros documentos de dominio público.
En el contrato, ICE indicó que la división encargada de las deportaciones “depende del acceso continuo a agregadores de bases de datos y bases de datos sobre registros carcelarios en tiempo real”.
“Las bases de datos ayudan a aprovechar la tecnología emergente” con la que las autoridades policiales locales, estatales y federales comparten información, lo que permite a ICE expandir esas bases de datos a nivel nacional y de forma eficiente, indicó la agencia.
Otro documento de 17 páginas que acompaña el contrato explica que, como regla general, el contratista no tiene acceso a información clasificada aunque sí recibe información policial considerada “sensible”.
El contratista tiene prohibida la duplicación o divulgación no autorizada de la información que obtiene de la agencia, y sólo puede compartirla con empleados, contratista y subcontratistas que tengan una razón justificada “en conexión con este proyecto”.
Consultada por este dario, ICE refirió toda pregunta a la información ya contenida en el contrato, que ha levantado ampollas entre exempleados de la empresa.
La “TRSS” figura entre el puñado de empresas que han logrado contratos con diversas agencias federales implicadas en la caza de inmigrantes indocumentados.
La política migratoria de la Administración Trump busca estrechar el cerco a los inmigrantes indocumentados pero, de paso, ayuda a engrosar las ganancias de empresas carcelarias, como GEO Group y Corrections Corporation of America.
Las empresas aéreas, contratadas para la deportación de indocumentados, así como fabricantes de grilletes electrónicos, y compañías que se especializan en servicios de traducción o de administración de casos, también reciben jugosos contratos de ICE y otras agencias policiales federales.
