CIDH denuncia deterioro de derechos humanos en Guatemala
El extenso informe pinta una precaria situación en el país, donde imperan factores que generaron el conflicto armado el siglo pasado
WASHINGTON— A 22 años de los Acuerdos de Paz en Guatemala, el país registra un deterioro de la situación de derechos humanos, violencia, corrupción, impunidad y extrema pobreza, que son caldo de cultivo para la emigración ilegal, según un informe divulgado este martes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de 136 páginas es producto de una visita de cinco días sobre el terreno en julio y agosto de 2017, y pinta un preocupante deterioro de la situación que generó el conflicto armado en ese país entre 1960 y 1996.
Miembros de la CIDH describen precaria situación de derechos humanos en Guatemala pic.twitter.com/irn9ZYcyqL
— María Peña (@mariauxpen) March 27, 2018
A más de 20 años de la conclusión del conflicto armado en Guatemala, “persisten varios de los motivos que lo generaron”, dijo al presentar el informe la primera vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La funcionario destacó los avances logrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad, e instó al gobierno guatemalteco a que próximamente escoja para el cargo de fiscal general a “la más idónea”, e impulse “la importante reforma constitucional en materia de justicia”.
El segundo vicepresidente, Luis Ernesto Vargas Silva dijo que el deterioro es tal que, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el número de solicitudes de refugio se incrementaron en 4,427% entre 2010 y 2016, mientras que el número de personas reconocidas como refugiados fue de apenas el 121,06%.
El rosario de problemas documentados en el extenso informe incluye la desigualdad social y económica, extrema pobreza, discriminación racial, y falta de acceso a la justicia, que en su conjunto son “un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos en Guatemala”.
Igual de preocupante es que persisten “estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho”.
La tasa de homicidios en Guatemala sigue siendo una de las más altas de América Latina y el Caribe, la mayoría vinculados con las pandillas, los carteles del narcotráfico y el crimen organizado, y son uno de los principales problemas de seguridad en el país centroamericano.
Es como si el tiempo no hubiese pasado, ya que persisten la violencia y la corrupción, la extrema pobreza y la exclusión golpean con más dureza a la población indígena, y el país entero es el más afectado por la desnutrición crónica en América Latina, que además es una de las más elevadas en el mundo, según el documento.
A esto se agrega un aparato de Estado débil, con un bajo nivel de recaudación fiscal que dificulta la entrega de servicios públicos básicos y la administración de “políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de los sectores más necesitados”, advirtió la CIDH.
Las poblaciones más vulnerables y que durante décadas han sufrido la marginación, entre éstas las mujeres, las personas LGBTI, los menores de edad, indígenas y afrodescendientes, tienen poco acceso efectivo a la justicia.
Además del alto nivel de violencia, Guatemala también tiene la tasa de trabajo infantil más alta en la región, con 850,000 niños y niñas, de los cuales el 43% no va a la escuela. El 6,3% de los niños entre 7 y 14 años de edad trabaja, según el informe, principalmente en tareas agrícolas, comercio, alojamiento y servicios de comida, y manufactura, en ese orden.
Aunque el país ha logrado avances en casos derivados del conflicto armado interno, éstos son escasos en comparación con la cantidad de violaciones a los derechos humanos perpetrados en ese periodo. Por ejemplo, la CIDH recibió datos sobre el “uso abusivo” del amparo como estrategia dilatoria en los juicios, solicitudes de amnistía y la prescripción para proteger a los acusados.
Denunciar estas tácticas dilatorias puede costarle a activistas “constantes amenazas, intimidaciones, e inclusive querellas penales en su contra”, según el documento.
La situación en torno a la impunidad estaría peor si no fuese por la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha contribuido a la promoción de reformas legales. Sin embargo, tanto el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, como la Fiscal General, Thelma Aldana, han sido objeto de presiones políticas.
Velásquez fue declarado “persona non grata” por el presidente, Jimmy Morales, quien ordenó su expulsión inmediata del país, pero ésta fue posteriormente frenada por un amparo de la Corte de Constitucionalidad.
Los defensores de los derechos humanos afrontan peligro de muerte, ya que están expuestos constantemente a asesinatos, amenazas, acoso, criminalización, arrestos arbitrarios y hostigamientos. A eso hay que agregar actos de estigmatización y difamación que restan legitimidad a la lucha social.
La CIDH recibió denuncias de desalojos forzosos de poblaciones campesinas e indígenas, especialmente en el departamento del Petén, que tienen uno de dos desenlaces: el desplazamiento interno o enfrentamientos para defender sus territorios. Estos desalojos se llevan a cabo mediante órdenes judiciales, con el objetivo respaldar los intereses de corporaciones y empresas privadas con diversos proyectos de inversión de monocultivos, mineros, hidroeléctricos, petroleros o de turismo, entre otros.
Y los periodistas tampoco se salvan de actos de violencia, amenazas y “un discurso que busca estigmatizar a los medios y comunicadores comprometidos con el combate a la corrupción y el abuso de poder”. Aunque Morales prometió la próxima puesta en marcha de un “Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales “, hasta ahora no ha habido avances para realizarlo.
El sistema penal afronta retos relacionados con el hacinamiento y “deplorables condiciones” en las cárceles, el uso excesivo de la prisión preventiva, y el retraso de la justicia, además de que no existen programas eficaces para la reinserción civil de los presos.
La CIDH instó al gobierno de Guatemala a que tome medidas para empezar a corregir la larga lista de problemas vinculados con la impunidad, violencia, intolerancia y corrupción, además del establecimiento de leyes y programas para combatir la desigualdad y exclusión social.
