Sessions quiere añadir posible deportación a reglamento sobre “carga pública”

WASHINGTON — La Administración Trump se negó este miércoles a comentar sobre una presunta propuesta del fiscal general, Jeff Sessions, de añadir la deportación de ciertos residentes legales que reciban beneficios públicos a un reglamento en ciernes sobre la “carga pública”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, difundió el sábado pasado una propuesta que básicamente permitiría al gobierno negar la residencia permanente u otras visas temporales a extranjeros de bajos recursos que reciban ciertos beneficios públicos.

Según esa propuesta, que aún no ha sido publicada en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), entre los beneficios incluidos en la determinación de elegibilidad de ingreso o ajuste migratorio figuran los cupones de comida, subsidios de vivienda o transporte, cobertura médica bajo “Medicaid”, y cobertura de medicamentos bajo “Medicare”, que en California se conoce como “MediCal”.

La propuesta de 447 páginas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no recomienda la deportación de inmigrantes que estén recibiendo o hayan recibido esos beneficios.

Sin embargo, según el diario “PoliticoPro”, el Departamento de Justicia está elaborando su propia propuesta, para acompañar el reglamento del DHS, que detallaría las circunstancias bajo las cuales inmigrantes legales ya radicados en EEUU –incluso residentes permanentes- podrían ser deportados por recibir ciertos beneficios de los programas de beneficencia pública.

En la actualidad, salvo excepciones, las leyes federales permiten la deportación de personas que se conviertan en “carga pública” en los primeros cinco años de su ingreso legal al país.

Pero la entidad liderada por Sessions quiere modificar una guía federal de 1999, de tal manera que se facilite la deportación de ciertos inmigrantes legales en los programas de ayuda pública, según “PoliticoPro”.

Consultado por este diario, el Departamento de Justicia no quiso confirmar ni negar el informe de prensa.  Mientras, una fuente del DHS, que pidió el anonimato, dijo que la agencia no ha participado en la propuesta del Departamento de Justicia ni tiene conocimiento al respecto.

En declaraciones a este diario, Shawn Fremstad, analista del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP, en inglés), destacó hoy que por ahora el reglamento que estudia el DHS sólo aplica a ingreso legal a EEUU u otros ajustes migratorios, pero la idea del Departamento de Justicia agravaría los daños de la propuesta.

“Esto es extremadamente preocupante y con mucha más razón es importante que el DHS elimine su propuesta de redefinir radicalmente el significado de carga pública”, dijo Fremstad.

“Pero creo que también es importante que los inmigrantes sepan que, bajo el reglamento en vigor sobre carga pública, la norma para la deportación es extremadamente limitada, y por ahora no vemos un cambio inminente”, precisó el experto.

El DHS ha calculado que la nueva determinación sobre “carga pública”, una vez que sea implementada, aplicaría únicamente a unos 382,000 extranjeros que cada año ajustan su estatus a la “tarjeta verde” dentro de EEUU.

Sin embargo, un análisis preliminar del Instituto de Política Migratoria (MPI), indicó que esa cifra no incluye a los inmigrantes con visas temporales ni a niños nacidos en EEUU ni a adultos ciudadanos estadounidenses que viven en hogares que reciben beneficios públicos.

Tomando en cuenta ese universo más amplio, la cifra afectada por el reglamento será mayor, advirtió MPI.

Es que, por sólo el temor de perder su estatus legal, o el de sus familias, por recibir ayuda del gobierno –aún si son elegibles-, el reglamento podría afectar a hasta poco más de 15,9 millones de personas que residen con inmigrantes que reciben beneficios públicos, precisó el análisis de MPI.

La legisladora demócrata de Nuevo México y presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Michelle Luján Grisham, dijo hoy que el reglamento en ciernes es un “ardid político barato” para atizar el miedo y el resentimiento hacia familias inmigrantes, a expensas de la salud y el bienestar de los niños.

“Múltiples estudios han demostrado que los inmigrantes pagan miles de millones de dólares en impuestos locales, estatales y federales, y ayudan a fortalecer nuestra economía y nuestro país… esta es una política cínica para calumniar a familias inmigrantes y minar las contribuciones económicas de residentes legales”, afirmó.

Luján Grisham afirmó que así como la Administración Trump y los republicanos en el Congreso sabotearon propuestas para reformar el sistema migratorio ahora recurren a tácticas “punitivas y subversivas” para distraer la atención de sus “desastrosas políticas que perjudican a diario a las familias trabajadoras”.

Más de 1,100 organizaciones cívicas y comunitarias en todo el país firmaron una declaración conjunta en contra del nuevo reglamento de “carga pública” por considerar que éste tendrá un efecto nefasto en la comunidad inmigrante.

La mayoría de los grupos trabaja en asuntos relacionados con la salud, la pobreza, el cuidado infantil, y otras áreas que sufrirían un gran impacto una vez que la propuesta sea implementada.

El DHS divulgará la propuesta en el diario oficial del gobierno, tras lo cual abrirá un período de comentarios públicos por 60 días.

Varios grupos cívicos han amenazado con presentar una demanda para bloquear la medida en los tribunales.