Los 15 factores por los que USCIS podría aplicar castigo de “carga pública” a un inmigrante

La política de “carga pública”, explicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un documento de más de 400 páginas, que permitirá oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicar la normatividad es compleja.

Los abogados especializados en inmigración aún revisan los alcances reales de esta medida que, a decir del director de USCIS, Francis Cissna, podría afectar a pocos inmigrantes, aunque reportes de su propia dependencia estiman la afectación de más de 200,000 personas al año.

Se ha hablado de la “carga pública” como un término difícil de entender, que las autoridades migratorias han definido como aquellas personas que hayan abusado de ayudas públicas.

Los oficiales de inmigración que revisen solicitudes de Residencia Legal Permanente o “green card”, incluso para los procesos de naturalización, tendrán la libertad de decidir a discreción total sobre los inmigrantes que podrían ser una carga pública para los Estados Unidos.

Sin embargo, en una entrevista para Forbes, Doug Rand, quien se desempeñó como director asistente de emprendimiento en la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca (de septiembre de 2010 a enero de 2017), explica los verdaderos alcances de esta medida, más allá de las “ayudas “.

“Hasta ahora, la mayor parte de la cobertura de la prensa se ha centrado en la lista ampliada de beneficios gubernamentales que, por primera vez, estarían prohibidos”, expuso en la plática con Stuart Anderson. “Básicamente, (un inmigrante) no puede tocar los cupones de alimentos, la vivienda federal y la asistencia para el alquiler, los beneficios de Medicaid que no son de emergencia o los subsidios de atención médica de la Parte D de Medicare, incluso si es elegible para estos programas, sin correr el riesgo de que el DHS niegue su tarjeta de residencia”.

Agregó que hay al menos 15 factores que los oficiales tomarán en cuenta como “negativos” para que un inmigrante sea considerado una “carga pública” y contribuir a las condicionantes para negarle un beneficio migratorio.

1. Uso previo o actual de ciertos beneficios públicos.
2. Ser mayor de 61 años.
3. Ser menor de 18 años.
4. Tener alguna condición médica que pueda interferir con la escuela o el trabajo.
5. No tener recursos suficientes para cubrir tal condición médica.
6. No tener seguro de salud privado.
7. Tener varios hijos u otros dependientes.
8. Tener pasivos financieros.
9. Tener “mal crédito” o una puntuación de crédito baja.
10. No tener historial de empleo.
11. No tener un diploma de escuela secundaria o educación superior.
12. No tener “educación y habilidades adecuadas” para mantener un trabajo.
13. No hablar inglés.
14. Recibir una exención de la tarifa de solicitud del DHS.
15. Tener un patrocinador financiero jurado que el DHS considera “improbable” seguir.

Ahora más que nunca se sugiere a los inmigrantes que busquen aplicar por algún beneficio migratorio consultar con un abogado o asociaciones especializadas, donde podrán orientarlos sobre sus casos y reducir los riesgos al momento de aplicar ante USCIS.