Editorial: Justa reforma carcelaria
Es el primer paso, como su nombre lo indica, para una reforma judicial
Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
El sistema de justicia es tan injusto que logra milagros como el bipartidismo en un Washington DC tan dividido y hostil.
El proyecto de ley First Step Act, como su nombre lo indica es un importante primer paso para una reforma necesaria de una estructura legal creada para el castigo sin rehabilitación.
El respaldo del Presidente Donald Trump a un acuerdo logrado en el Senado despeja el camino para efectuar cambios importantes en como se establecen las condenas, el trato a los presos y los programas para evitar la reincidencia.
Este es un giro importante para la presente Administración. El exsecretario de Justicia, Jeff Sessions, había recomendado a los fiscales federales pedir siempre la condena más severa. La salida de Sessions permitió avanzar la reforma, la cual ha sido promovida en la Casa Blanca por el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner.
En mayo la Cámara de Representantes aprobó este proyecto de ley con serias limitaciones que en realidad lo invalidaban. Se limitó a cambios como prohibir el encadenamiento de las embarazadas, o ampliar las reducciones de condena por buen comportamiento y nada más.
Pero en el Senado se agregaron enmienda necesarias al proyecto. Ahí se corrigen las leyes draconianas del pasado, basadas en la idea de encerrar gente y tirar la llave. Estas leyes condujeron a condenas excesivas, que perjudican a las minorías y que causaron más daño de lo que quiso solucionar. Es sorprendente la escasez de datos sobre los latinos en el área judicial.
El proyecto del Senado elimina el sistema de “tres delitos y afuera”; reduce la infame disparidad de condena entre tenencia de cocaína en polvo y crack (la droga asociada con la población pobre y minoritaria) con retroactividad; elimina la cláusula que convierte en delito federal cuando se comete un delito de drogas en posesión de una pistola y le da libertad a los jueces a hacer excepciones en los delitos no violentos.
El Centro de Justicia Brennan estima que estas cláusulas reducirán cada año las penas de más de 2,000 condenados a perpetuidad y a otros 3,000 se les reducirá tan solo por el cambio de nomenclatura.
Este tiene que ser considerado como solo el comienzo de la reforma judicial. Quedan sin tocar otras condenas obligatorias significativas, al igual que otras cláusulas en condenas que no son retroactivas tal como lo deberían ser.
Ojalá se pudiera lograr que la Casa Blanca acepte propuestas bipartidistas del Senado en otros temas. Se quiso hacer lo mismo con inmigración, pero el asesor Stephen Miller arruinó toda posibilidad de acuerdo.
Lo importante es que el Senado lo apruebe para que un proyecto final con las enmiendas debidas llegue a la firma de Trump. No hay que perder la esperanza.
