Expertos alertan afectación a 1.4 millones de inmigrantes por nueva regla de “carga pública” de USCIS

Activistas y defensores de derechos civiles y de inmigrantes alertaron de grandes afectaciones a esta comunidad por la nueva regla final de “carga pública” anunciada por el gobierno del presidente Donald Trump, la cual entrará en efecto el 15 de octubre.

“La administración ya está utilizando la regla de ‘carga pública’ para negar las visas a los aspirantes a inmigrantes, y expandir la regla impondría aún más barreras para la entrada legal”, acusó Jeremy Robbins, director ejecutivo Nueva Economía Americana (NAE, en inglés).

Agregó que esto afectará a las comunidades locales, ya que según una investigación se afectaría al menos a 1.4 millones de inmigrantes, quienes actualmente laboran en distintas industrias, lo que reprenta un aporte económico de más de $164,000 millones de dólares a los Estados Unidos.

“Más de 1.4 millones de personas con al menos algo de educación universitaria que trabajan en las principales industrias, incluida la construcción, la hospitalidad y los servicios profesionales y comerciales, podrían estar en riesgo de no poder permanecer en el país”, advirtió Robbins.

La organización Democracy Forwad informó que mantiene su demanda –impulsada por una coalición de 19 estados– en una corte de Baltimore contra la regla final, la cual será publicada el 15 de agosto, fecha a partir de la cual se contarán los 60 días de gracia para su aplicación. El recurso jurídico es respaldado por 17 ciudades y condados, 10 organizaciones de derechos civiles y cinco defensores de inmigrantes en Maryland.

“Los reportes exponen los muchos daños causados ​​por este cambio ilegal y discriminatorio a la definición de carga pública, que van desde el aumento de los costos para los gobiernos estatales y locales hasta las familias que se niegan a buscar asistencia médica o alimentaria para la cual son elegibles por temor a que ellos, o un ser querido, se les negaría una visa bajo la nueva política”, alertó la organización.

¿A quiénes afectaría?

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no tiene un reporte de cuántas personas serían afectadas y de qué grupos sociales, además de asegurar que entre los grupos a los que no aplicaría están casos de asilo, refugio y víctimas de crímenes o violencia doméstica, pero Democracy Forward señala que serían los hispanos, africanos y asiáticos, en particular, a quienes podría impactar más la nueva regla, considerando los datos de rechazo de visas o Residencia Permanente.

“Por ejemplo, en el año fiscal 2016 solo a siete ciudadanos mexicanos se les negaron visas, mientras que a más de cinco mil se les negaron entre octubre de 2018 y junio de 2019”, advirtió. “Las denegaciones de visa de inmigrante, en general, se dispararon cuatro veces más después de que se implementó el cambio, un aumento drástico que la Administración esperaba”. Esto a pesar de que la regla no se aplica todavía.

La organización DREAM Action Coalition calificó la disposición como un ataque a las familias de los inmigrantes, muchas de las cuales son mixtas, es decir, hay estadounidenses nacidos o naturalizados e inmigrantes indocumentados.

“La nueva carga pública no es más que otro ataque contra nuestras familias inmigrantes”, sentenció César Vargas, codirector de la organización y el primer abogado indocumentado de Nueva York. “La nueva regulación no solo reducirá las tarjetas verdes y las visas, sino que también obligará a las personas a renunciar a las protecciones legales y los beneficios para lo que sus ciudadanos podrían ser legalmente elegibles”.

Afirmó que las políticas de inmigración del presidente Trump no están enfocada a los indocumentados, sino “en crear miedo en las comunidades de inmigrantes” para que se ven obligados a deportarse a sí mismos.