Trump cierra la puerta de la inmigración legal a quienes puedan ser “una carga pública”: ¿a quién afecta más la medida?
USCIS anunció que dificultarán la obtención de visas, permisos de residencia permanente y nacionalización a los extranjeros que tengan probabilidad de convertirse en una "carga pública"
Los bancos de alimentos y los cupones de alimentación son opciones de los más pobres. Crédito: Getty Images
El gobierno de Donald Trump está creando nuevas barreras para emigrar legalmente a Estados Unidos.
Este lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó una nueva norma en la que establece que aquellos inmigrantes legales que puedan convertirse en una “carga pública” no podrán obtener una visa, ni la residencia permanente (conocida como greencard) ni la ciudadanía estadounidense.
La regulación se basa en la idea de que los extranjeros que quieran residir en Estados Unidos deben ser capaces de mantenerse por sí mismos y que las ayudas del Estado deben reservarse a los nacionales del país.
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La medida afectará a quienes reciban ayudas públicas como los cupones para alimentos (conocidos como food stamps) o los subsidios para el pago de alquiler, otorgados a personas que viven por debajo del umbral de pobreza.
La norma también cerrará las puertas de EE.UU. a quienes hayan recibido atención sanitaria a través del Medicare, entre otros programas públicos.
¿Hablas inglés y tienes dinero?
La nueva regulación publicada por el USCIS entrará en vigor el próximo 15 de octubre, aunque expertos en política migratoria advirtieron que la alta probabilidad de que la medida fuera impugnada ante los tribunales, lo que puede retrasar o impedir su puesta en marcha.
Una acción de este tipo fue anunciada ya este lunes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
“La nueva regla de carga pública del presidente Trump es un ejemplo más de cómo este gobierno le da la espalda a la gente que pelea para lograr una vida mejor para ellos y para sus familias”, dijo James en una declaración.
“Bajo esta norma, los niños pasarán hambre, las familias se quedarán sin atención sanitaria”, agregó.
Entre los aspectos cuestionados de la nueva regulación se apunta al hecho de que los funcionarios de migración podrán denegar la residencia permanente o la ciudadanía a aquellas personas que considera que tienen probabilidad de necesitar ayudas públicas en algún momento en el futuro.
Entre los factores que las autoridades tomarán en consideración se incluyen:
- Si el inmigrante ha recibido o, incluso, si ha obtenido aprobación para obtener ayudas públicas (aunque no las haya utilizado).
- Si la persona ha pedido que le exoneren del pago de las tasas para los trámites migratorios, pues esto demostraría que su situación financiera no es sólida.
- El historial crediticio. En Estados Unidos cada ciudadano recibe un puntaje de crédito según su solvencia y el gobierno espera que los inmigrantes tengan una puntuación similar o superior al del estadounidense promedio.
- La disponibilidad de recursos económicos. USCIS evaluará si el inmigrante parece estar en capacidad de hacer frente a una emergencia médica en el futuro, para lo cual tomará en cuenta si dispone de un seguro médico privado.
- La educación y las habilidades profesionales. El gobierno de EE.UU. evaluará si la persona cuenta con una formación que le permita obtener y mantener un empleo. El conocimiento del inglés es uno de los elementos a considerar en este punto.
Con esta nueva regulación, los inmigrantes que no cumplan con estos requisitos o que tengan probabilidad de depender de ayudas públicas como el seguro de salud público Medicare en el futuro podrán verse impedidos de entrar en Estados Unidos.
En el caso de aquellos que ya se encuentran en territorio estadounidense, no podrán obtener la residencia permanente o adquirir la ciudadanía.
¿A favor de los ricos?
Marielena Hincapie, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, una ONG con sede en Los Ángeles, cuestionó la nueva regulación y señaló al diario The Washington Post que se trata de “fundamentalmente de un intento del presidente Trump de transformar nuestro sistema migratorio en favor de los ricos”.
En un encuentro con la prensa para explicar el alcance de la norma propuesta, el director encargado del USCIS, Ken Cuccinelli, restó importancia a la misma y la presentó como un ajuste a una regla que ya existía.
“Esta es una norma que tiene 140 años. Estamos frente a su ajuste más reciente pero esto no es nuevo“, dijo.
“Simplemente estamos haciendo efectivo lo que ya el Congreso había puesto en la ley. Así que no hay razones para que ningún grupo en particular sienta que esto está dirigido en su contra”, agregó al ser preguntado sobre si se trataba de una regulación en contra de la inmigración latina.
Sin embargo, la ONG Florida Inmigrant Coalition, denunció que la nueva regla significa una ruptura radical de políticas anteriores referidas a los inmigrantes que buscan la residencia permanente.
“Esto impactará dramáticamente las vidas de los inmigrantes, especialmente de las personas pobres de color. Se trata de familias que trabajan duro buscando desarrollar todo su potencial mientras contribuyen grandemente a la cultura y a la economía estadounidense”, dijo Isabel Vinent, directora ejecutiva de esa organización.
La nueva norma para evitar que los inmigrantes se conviertan en una “carga pública” es el cambio más reciente impulsado por la Casa Blanca para intentar frenar el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes tanto legales como ilegales.
Iniciativas anteriores han buscado vetar la entrada de personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, revocar el programa DACA (que beneficia a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a EE.UU. siendo menores de edad) así como poner fin a los programas de protección temporal a inmigrantes de El Salvador, Honduras, Haití o Nicaragua.
Hasta ahora, todos estos cambios han sido llevados ante los tribunales, donde ha sido suspendida la aplicación de la mayor parte de ellos.
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