Estos religiosos ayudaban a personas desamparadas, pero en realidad abusaban de ellas. Ahora están detenidos
La congregación les prometía comida gratis y rehabilitación en caso de consumo de drogas pero los sometían a "espantosos" abusos
Un total de 12 líderes de la congregación religiosa Imperial Valley Ministries (IVM) de la ciudad de El Centro, California, fueron detenidos este martes bajo acusaciones de someter a decenas de desamparados, incluidas madres con hijos, a trabajos forzados como pedir dinero en las calles.
Los arrestos se realizaron de manera simultánea en El Centro y en San Diego, en el propio estado, así como en Brownsville, Texas, como parte de una investigación federal iniciada por los delitos de conspiración, trabajo forzoso y fraude, entre otros.
Entre los 12 detenidos, 7 hombres y 5 mujeres, se encuentra el anterior pastor de la congregación, Víctor González. Todos serán presentados mañana ante la jueza Ruth Bermúdez Montenegro, de la Corte federal de El Centro.
Detalles de la acusación formulada por la Fiscalía indican que muchas de las víctimas eran personas en “situación de calle”, reclutadas en California y Texas, a quienes la congregación les prometía comida gratis y rehabilitación en caso de consumo de drogas.
En cambio, las personas eran forzadas por los líderes religiosos a mendigar hasta nueve horas diarias, seis días a la semana, así como a entregarles el dinero que recibían a través de programas de asistencia social, señala el documento oficial revelado hoy.
La asociación religiosa tiene alrededor de 30 iglesias afiliadas en Estados Unidos y México, con presencia en ciudades como Los Ángeles, California, Las Vegas Nevada, Phoenix, Arizona, y Brownsville,Texas.
En mayo de 2018, la iglesia de IVM en El Centro fue objeto de una redada por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) después de que una madre acusara a la organización de forzar a su hija a permanecer en una de las casas de recuperación.
Para el fiscal federal de Distrito Robert Brewer, el caso muestra “un espantoso abuso de poder ejercido por funcionarios de una iglesia que se aprovechaban de personas en situación de calle y vulnerables prometiéndoles una cama y comida”.
Por su parte, el agente especial del FBI a cargo del caso, Scott Brunner, recordó que las víctimas de trata resultan invisibles para la sociedad y se les roba de los derechos humanos más básicos.
La acusación también muestra los testimonios de algunas víctimas, que detallaron cómo los líderes de la organización religiosa los mantenían en contra de su voluntad dentro de las casas de recuperación, cuyas puertas cerraban con candados para evitar que salieran de ellas.
A la vez, les eran retirados sus documentos de identificación como pasaportes, licencias de conducir y documentos migratorios.
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