Juez que ordenó a Trump el fin de la separación de familias inmigrantes ahora tiene dudas

El juez que ordenó a la administración del presidente Donald Trump a acabar con la separación de familias en la frontera sur ahora se plantea qué criterios pueden ser válidos para alejar a niños migrantes de sus padres.

Dana Sabraw, juez del distrito sur de California, lleva tiempo estudiando las políticas migratorias de Trump pero este viernes, durante una audiencia de dos horas, reconoció que separar familias es “un asunto espinoso“. El gobierno de Trump lo hizo bajo el paraguas de su política de “tolerancia cero”, aunque después reconoció que hubo casos en oros periodos.

Sabraw solicitó a la administración en junio de 2018 que para esta práctica y que reuniera con sus familias a más de 2,700 menores. Más tarde, la Asociación Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) reveló que, después de la orden del juez federal, el gobierno siguió separando a más de 900 niños.

El fallo de Sabraw contemplaba algunas excepciones como que estuviera en riesgo la seguridad del menor. Sin embargo, ACLU denunció que la administración Trump abusó de criterios como los antecedentes penales o las dudas sobre si un menor era hijo biológico de un inmigrante.

Fue por ello que la organización pidió al juez que definiera con mayor exactitud las pautas para separar familias. En la demanda, ACLU había mencionado los casos de división de un padre que había causado daños de $5,000 dólares en una propiedad o de otro que dejó que su bebé durmiera con el pañal mojado.

En el caso del sector de Río Grande (Texas) los agentes de la Patrulla Fronteriza alejan a los hijos de sus progenitores si uno de estos tiene una condena por delitos como asalto, agresión, robo, resistencia a la autoridad atropello o conducta desordenada. Así lo explicó la semana pasada Lloyd Easterling, que supervisa los enjuiciamientos en la región.

Pero el juez no llegó a ningún veredicto este viernes pese a que fue una sesión extremadamente larga, según the Associated Press. Sabraw alegó que el asunto le generaba dudas ya que una persona con un arma letal podría ser “el padre más cariñoso y protector“. Sin embargo, admite que probablemente no sea válido para estar en un centro de detención.

Mientras se decide, su decisión sobre si limita las separaciones en la frontera continúa.

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