Juez declara “inconstitucional” el principal programa de ICE para deportar inmigrantes

En un fallo que las organizaciones demandantes consideraron “histórico”, un juez federal cuestionó el pasado viernes la legalidad de del principal programa de deportación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Comunidades Seguras. El juez federal de California bloqueó, por tanto, que la agencia migratoria solicite arrestos atendiendo únicamente a bases de datos que pueden contener errores.

El juez André Birotte Jr. también prohibió a ‘La Migra’ emitir estas solicitudes de arresto, conocidas como detainers (detenciones), a las autoridades locales de los estados que no están expresamente autorizadas para participar en este proceso previo a la deportación.

Según los datos de la propia agencia, ICE realiza el 70% de sus arrestos gracias a la colaboración de policías locales. Un número “significativo” de estas detenciones, aseguran desde la Red Organizadora del Día Nacional de los Trabajadores (NDLON), son detenciones realizadas únicamente a partir de bases de datos electrónicas.

La organización, una de las que presentó la demanda, critica que esa práctica puede llevar a errores ya que los agentes “ni siquiera hablan con los detenidos ni revisan sus expedientes migratorios. Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) consideró en su demanda que esto es una clara “violación de la Cuarta y la Quinta Enmienda”.

Birotte respaldó a los grupos demandantes argumentando que “muchos ciudadanos estadounidenses se exponen a posibles arrestos erróneos cuando ICE se basa solo en bases de datos deficientes”. Del mismo modo, agrega NDLON numerosos inmigrantes autorizados para estar en EEUU también fueron injustamente detenidos debido a la falsedad o falta de precisión de algunos de estos datos.

La decisión se da en respuesta a la demanda colectiva conocida como González vs ICE, encabezada por el ciudadano estadounidense Gerardo González Jr. En diciembre del 2012, el californiano fue arrestado por un cargo relacionado con posesión de drogas y, aunque podía haber salido bajo fianza, se mantuvo confinado por una orden de detención de ICE porque un oficial local anotó erróneamente que el hispano californiano había nacido en México.

“Al defenderse ello, los inmigrantes han defendido una vez más los derechos constitucionales de todos”, dijo Pabla Alvarado, director de NDLON. “Esta victoria es un gran impulso para las ciudades y los estados de todo el país que han sabido desde hace tiempo que la mejor manera de proteger de verdad a las comunidades es expulsar a ICE de nuestros departamentos locales de policía y de las oficinas del sheriff”.

Con información de Efe

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