“Ahora los delincuentes saben que pueden tomar rehenes y salirse con la suya”

MÉXICO – Autoridades de pequeños poblados, políticos y analistas políticos temen que las organizaciones criminales tomen de ejemplo la reacción del Estado mexicano frente a los hechos de violencia en Sinaloa por la detención del prófugo Ovidio Guzmán y que, en adelante, tomen de rehén a la población para que los gobiernos se rindan.

“Ahora saben que si arman desmadre y ponen en peligro  la vida de la gente no se meterán con ellos”, comenta Mardonio Reyna, ex alcalde municipal en  Guerrero. “Antes, como alcalde, sabías que la autoridad del estado estaba rebasada, pero sabías que podías llamar a la marina o a los soldados para apoyo y que los delincuentes no se  pondrían al tú por tú”.

El pasado jueves, poco antes de las tres de la tarde, soldados y policías Ministeriales localizaron en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán, “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y lo detuvieron; en reacción, decenas de vehículos y hombres armados tomaron la ciudad a punta de metralletas e incendios, unos cuantos muertos y mucho pánico. En respuesta, el gabinete de Seguridad, respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, liberó al detenido.

“Fue una decisión difícil, pero  muy humana”, dijo el mandatario quien prometió desde campaña cambiar los “balazos por abrazos”.

Para analistas políticos como Víctor Beltri, la reacción del gobierno federal en Sinaloa “cambió por completo” la relación entre el Estado Mexicano y el crimen organizado. “Convierte a los jefes de cada plaza en una suerte de señores feudales que se saben intocables en su propio territorio, y que ahora –además– saben que la ruta para poner al gobierno de rodillas pasa por el secuestro de la ciudadanía”.

La oposición mantiene una condena unánime. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió al presidente combatir al crimen organizado “con toda la fuerza del Estado”: su entidad padece la estrategia de las organización criminales Zetas y Cártel del Golfo, de convirtier a la población civil en blanco de ataques, una práctica que el cártel de Sinaloa había rechazado abiertamente.

El PAN interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República en contra de AMLO y su gabinete de seguridad porque, el artículo 150 del  Código Civil Federal, condena de seis meses a un año de prisión ––y multiplicado por tres en el caso de un servidor público––a quien facilite la evasión de algún detenido o procesado.

El abogado Carlos Daza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Estado de México (UNAM), precisó que por esta vía jurídica el presidente queda exento de cargos porque “privilegió  las  vidas humanas” a  la detención de un delincuente y el artículo 13 del mismo código lo protege. “Fue protección de la comunidad”.

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