Enlace: Un aviso ominoso para Culiacán
María Luisa Arredondo es editora de Latinocalifornia.com
La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de liberar en Culiacán a un hijo de El Chapo Guzmán para evitar un baño de sangre es entendible desde el punto de vista moral. Es claro que el haberse negado a soltarlo hubiera causado la pérdida de muchas vidas inocentes.
Pero lo que en definitiva es indefendible y hasta ahora permanece envuelto en una nube de contradicciones y misterios es el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López.
La fallida operación puso en jaque a Culiacán, cuna del cartel de Sinaloa que por años encabezó El Chapo Guzmán. Al enterarse de la aprehensión de Ovidio, cientos de narcotraficantes convergieron en el norte de la ciudad y rodearon la casa donde estaba custodiado. De manera casi simultánea, amenazaron con matar a las familias de los militares, atacaron la oficina del procurador, bloquearon carreteras y el aeropuerto con vehículos incendiados y liberaron a 54 reos. El saldo fue de 13 personas muertas.
Tanto las autoridades militares como López Obrador han reconocido que el operativo fracasó porque estuvo mal planeado y se subestimó la capacidad de respuesta de los grupos criminales.
El reconocimiento de este craso error abre numerosas interrogantes. Para empezar, ¿quién ordenó el operativo? López Obrador dijo desde el inicio de su mandato que no iba a perseguir a más capos porque esa estrategia solo desencadenaba más violencia. ¿Se actuó entonces solo para responder a una petición del gobierno de Estados Unidos para extraditar a Ovidio Guzmán? ¿En la operación participaron agentes de la DEA? ¿Avaló AMLO el operativo desde su inicio? ¿Por qué se decidió actuar a plena luz del día y en una zona tan concurrida? ¿Por qué fallaron las comunicaciones y el trabajo de inteligencia? ¿Por qué los criminales tenían más y mejores armas que las fuerzas del orden? ¿Cómo se negoció la liberación de Ovidio?
La lista de interrogantes sobre las fallas que se registraron es muy larga y tendrá que ser aclarada por López Obrador. El presidente también tendrá que clarificar cuál será de ahora en adelante su política para combatir al crimen organizado. Él asegura que no utilizará la violencia, como lo hicieron los pasados gobiernos, debido a que esta estrategia fue un fracaso, lo cual es cierto porque se aplicó de manera arbitraria.
Pero hasta ahora su estrategia de atender solo las causas de la delincuencia también ha fallado. Las estadísticas muestran que los primeros 10 meses de su presidencia han sido peores que los últimos 10 meses de Peña Nieto. Los homicidios, por ejemplo, pasaron de 25,174 con el priista a 29,629 con AMLO.
Como la mayoría de los mexicanos, López Obrador no quiere la guerra sino la paz. Pero ésta no se podrá lograr si el Estado no cumple con su deber de garantizar el orden y el estado de derecho. Lo ocurrido en Culiacán es una muestra del horror que son capaces de crear los grupos criminales si no se les ponen límites.