El silencioso asesinato de mujeres embarazadas en México

MÉXICO – A los cinco meses de noviazgo, la sinaloense Diana Giselle ya estaba embarazada, a los seis, recibió su primera tunda y vinieron otras. Al octavo mes de relación, el novio tenía una carpeta judicial por golpeador y una orden de restricción para que no se acercara a la mujer. Treinta días después, ella estaba muerta; el feto, también.  El hombre: prófugo de la justicia.

“Salió de la casa para hablar con él y le dio un balazo”, dijo José, el padre de la muchacha de 17 años que se convirtió en una de las más recientes víctimas de violencia en contra de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: las mujeres embarazadas.

De acuerdo con registros de la prensa local en los estados, cada mes asesinan a entre tres y cuatro mujeres embarazadas en México. Pero es un recuento conservador e informal: no existe una cifra oficial que determine cuántas preñadas había entre los miles de feminicidios que se contabilizan en los últimos años.

En fechas recientes, las autoridades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo informaron que de enero a julio de 2019 se han registrado 638 casos de feminicidios, pero no ventiló detalles del perfil ni de víctimas ni de agresores.

Tampoco se hace a nivel local. A finales de agosto pasado, las autoridades de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, reconocieron que en menos de un mes dos embarazadas fueron asesinadas, nada más. Aún están si responder si fue familiar, de algún conocido directo o indirecto.

En Nuevo León, el año pasado las autoridades dijeron que la mitad de los feminicidios tenían relación con el crimen organizado, pero este año,  la presidenta estatal  del Instituto contra las Mujeres, Cecilia Reyes, reconoció que desconocen las causas del 70% de muertes violentas contra las mujeres.

“Es preocupante se tengan más detalles de los delitos escandalosos como los del crimen organizado y no de esos crímenes que, en su mayoría se dan en el interior de los hogares, que son mucho más y dañan igual o más profundo que las balaceras”, observó Tomás Guevara experto en sociología de la violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El caso es que la violencia está ahí: en el día a día de la información nacional: en radio, televisión, en la prensa escrita que se explaya con detalles como en el caso de Claudia Ivette Lomas, una adolescente de 14 años que probablemente fue asesinada por el padre de la hija que esperaba y la madre de éste.

Según reportó la fiscalía de Zacatecas, donde ocurrieron los hechos, la joven tenía ocho meses de embarazo y falleció de asfixia por estrangulación. La familia de ella pidió que el delito se castigue como “doble feminicidio” (madre y bebé).

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que el problema y afirmó que se está combatiendo: en lo que va del año se ha ofrecido atención especializada a unas 125 mil víctimas de violencia en 47 Centros de Justicia para las Mujeres de todo el país, pero, muchas autoridades se topan con la pared cultural.

La regidora de Cuernavaca, Anayeli Rodríguez, por ejemplo, denunció que los ayudantes municipales no quieren asistir a la  capacitación del programa federal Apoyo Integral de Atención de Violencia contra la Mujer.

“México está viviendo muchos cambios para frenar los ataques tan duros que hay en contra de las mujeres y la sociedad paree que no está preparada”, advirtió el sociólogo Guevara.

El analista de la UAS observa que aún hay un perfil de hombre que siente amenazado sus espacios de poder por los reclamos de las mujeres,  la incursión de ellas en áreas que antes eran exclusivas de la masculino, además de que hay un ambiente social de frustración que deriva en la agresividad.

“La agresividad  siempre se dirige hacia los más débiles y eso explica, entre otros factores, los  asesinatos de mujeres embarazadas en México”.