EEUU implica al presidente de Honduras en narcotráfico mientras Trump lo usa como aliado en inmigración
Una acusación por tráfico de drogas en contra de un alto exfuncionario hondureño salpica a Juan Orlando Hernández
Juan Orlando Hernández y Mike Pence. Crédito: White House | Cortesía
Mientras que la administración del presidente Donald Trump establece un controvertido acuerdo con el gobierno de Honduras para llevar a cabo la deportación de inmigrantes, las autoridades judiciales de Estados Unidos presentan acusaciones por narcotráfico en contra de un alto funcionario de ese país que implican al presidente Juan Orlando Hernández.
La Fiscalía Federal en Manhattan presentó el jueves 30 de abril la acusación criminal en contra del excomandante de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla Valladares, apodado “El Tigre”, por conspiración para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos y usar ilegalmente armas y “dispositivos destructivos” para proteger a los narcotraficantes con vínculos políticos.
Bonilla Valladares gozó por mucho tiempo del apoyo de Estados Unidos a pesar de que se habían evidenciado sus operaciones en el tráfico de drogas, además de atrocidades y violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con los documentos presentados ante una corte federal de Nueva York, “El Tigre” estaba operando a nombre del presidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, alias “Tony”, quien fue encontrado culpable el año pasado de operar una red de narcotráfico y de recibir un millón de dólares de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El presidente de Honduras ha rechazado las acusaciones y mantenido relaciones cercanas con la Casa Blanca gracias a su colaboración con las polémicas políticas de inmigración del presidente Trump, con quien se ha reunido en varias ocasiones.
Uno de esas reuniones ocurrió en septiembre para firmar el acuerdo de “Tercer País Seguro” en el que Honduras acepta recibir a los deportados de Estados Unidos aunque no sean originarios de ese país.
El mismo acuerdo fue firmado con Guatemala y El Salvador, sin embargo recientemente el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, lo suspendió al detectar que alrededor de 100 inmigrantes que llegaron a su país en vuelos de deportación de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estaban infectados de coronavirus.
Sin embargo, para la administración Trump el presidente Juan Orlando Hernández se ha convertido en un aliado para avanzar en su programa de deportación masiva.
El fiscal Geoffrey Berman aseguró que Bonilla Valladares operaba a nombre de los hermanos Hernández cuando vigilaba los cargamentos de cocaína que los cárteles de la droga enviaban a Estados Unidos.
El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, emitió una declaración en la que señala que por años él y otros habían advertido al gobierno federal de que el general Bonilla no era de fiar basado en reportes que lo vinculaban al narcotráfico y otros crímenes, incluyendo el asesinato.
“Esas advertencias fueron ignoradas y nuestra Embajada lo trató como un socio de confianza”, dijo el senador. “Eso es imperdonable”.
