Dos meses de tensiones, ataques y equívocos del gobierno de Trump

A poco más de dos meses de entrar en funciones, la nueva administración del presidente Donald J. Trump ha suscitado ocho crisis en el país relacionadas con los inmigrantes y sus derechos.

En consulta con expertos y mirando a los tres años y 10 meses que le restan al mandatario, del Partido Republicano, no está muy lejos de pensar, dicen varios observadores, que una crisis constitucional está por sacudir a largo plazo a esta administración que ataca a los más débiles de la sociedad: los inmigrantes que, muchos dirían, apenas ganan para su sustento.

He aquí algunas acciones y crisis de envergadura legal que pueden en cualquier momento sacudir a una administración y que, muchos temen, ponen en riesgo las libertades civiles y a una democracia de 250 años.

Venezolanos deportados a El Salvador

Basándose en una ley de 1798 llamada ‘Acta de Enemigos Extranjeros’, la presidencia de Donald Trump deportó a 238 venezolanos a El Salvador, a cuyo gobierno Estados Unidos le pagó $6 millones de dólares al gobierne salvadoreño para mantener a los deportados venezolanos en una presión de máxima seguridad.

Trump invocó esta ley, que solamente se ha usado tres veces durante tiempos de guerra, para designar a los venezolanos deportados, supuestos miembros de la organización delictiva conocida como Tren de Aragua, como “enemigos” y “terroristas”

El juez federal James Boasberg impuso una orden para detener esas deportaciones mientras se ventila el caso, indicando a la administración de Trump que debía “regresar los aviones”. Pero el gobierno federal desacató esa orden y envió a los venezolanos a El Salvador, país que no es el origen de los acusados de ser del grupo Tren de Aragua.

Desde el comienzo del caso se han alzado voces en los primeros días de marzo que han cuestionado la falta del debido proceso legal en la deportación de estos venezolanos

La administración Trump y sus defensores como Tom Homan han respondido acusando al juez de ser de “izquierda” y pedir que sea enjuiciado políticamente, algo que fue descartado por el presidente de la Corte Suprema.

En una audiencia el lunes 24 de marzo para ventilar este caso, otra juez dijo algo sorprendente.

“Los nazis recibieron mejor tratamiento bajo la Acta de Enemigos Extranjeros que lo que ha pasado aquí”, dijo la juez de la corte de apelaciones Patricia Millet.

“Y ellos (los nazis) tuvieron mesas de audiencias después que ellos fueron removidos”, dijo Millet.

Entre las 238 personas deportadas figura un futbolista y una mujer que niegan ser parte del Tren de Aragua.

Sancionan a tres bufetes de abogados

La venganza en contra de bufetes legales que pueden teóricamente frenar alguna acción legal de la administración Trump contra los inmigrantes se vio evidente con la aplicación de sanciones contra tres firmas o bufetes de abogados.

Los bufetes de abogados son Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison; Perkins Coie; y Covington & Burling.

Aparentemente, abogados en las cortes del país han entablado 29 demandas en corte que cuestionan la legalidad de las órdenes ejecutivas del mandatario Trump.

Trump impuso sanciones porque, se alega, los bufetes someten demandas “frívolas”, “irrazonables” o “vejatorias”.

Entre las sanciones que esos bufetes podrían enfrentar es la revocación de su acceso a información gubernamental privilegiada o no poder recibir donativos o subsidios del gobierno.

Niños no acompañados sin acceso a un proceso en corte

Hace un mes que la administración Trump le quitó a 26,000 niños inmigrantes no acompañados por un adulto su derecho a comparecer ante un juez para ventilar su caso.

Esto fue la consecuencia de recortar los fondos o subsidios a un programa que les brindaba a los menores la representación de un abogado que hablara por ellos en corte.

Sin un abogado a su lado, observadores alertan que es imposible que los niños menores de edad y que llegaron al país no acompañados por un adulto puedan entender y litigar las complejidades de las leyes de inmigración.

A dicho programa se le retiró cerca de $200 millones para ayudar a los 26,000 niños que llegaron a este país sin un adulto a su lado.

Abogados han cuestionado si con ello la administración Trump está siguiendo la regla de la ley. ¿Qué opina usted lector?

Elon Musk y secretos de estado

Días atrás, Elon Musk, el ‘niño travieso’ de la administración Trump, estaba preparado para recibir un informe de seguridad sobre China, pero lo descubrió el diario The New York Times y la administración Trump dio un paso atrás en vez de hacer esto.

Se hablo de que lo que aparentemente recibiría Musk sería los planes secretos de este país en caso de ir a una guerra contra China.

Trump y algunos de su gabinete negaron la historia de The New York Times, pero quedó en el aire que esto aparentemente es un conflicto de interés para Musk ya que él tiene algunos lazos comerciales con China.

Y por otro lado, la administración Trump y sus acérrimos voceros han declarado que arrestarán y llevarán a juicio a personas que destruyan la propiedad de la compañía automotriz de Musk llamada Tesla. Aparentemente, la reacción de algunos a los recortes y despidos de miles de empleados federales en dependencias del gobierno impulsados por Musk ha sido la destrucción de automóviles Tesla e incendios a varias agencias Tesla en el país.

La administración y el Departamento de Justicia dijeron que se acusará a personas que hayan cometido estos actos como “terroristas domésticos”.

La destrucción de propiedad privada es ciertamente ilegal.

Pero, en paralelo, manifestaciones populares a lo largo del país han declarado que Musk, “no ha sido electo a nada”, en crítica a las facultades que Trump le ha concedido para recortar el gobierno federal.

Algunos manifestantes han portado letreros que indican “Deporten a Musk”, en alusión a que Musk nació en Sudáfrica.

El sube y baja de los aranceles

El presidente Trump casi desde el primer día de su segunda administración dijo que impondrá aranceles a los países que exporten productos a Estados Unidos.

Entre sus blancos están los países vecinos de Canadá y México. También China, Francia y otros países.

Algunos días el mandatario impone aranceles y tarifas para luego quitarlas y luego volverlas a imponer.

Esto a pesar de que varios expertos en el tema alegan que los que sufrirán más serán los consumidores de este país.

Aparentemente una de las promesas de Trump durante la campaña fue de “bajar los precios” de los productos de la canasta básica.

Eso, al parecer, aún es eso: solo una promesa.

Revocan protección de TPS

Hace unas semanas, la administración Trump anunció que se revocará el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, a medio millón de inmigrantes de Haití, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Bajo esta protección los inmigrantes de esos cuatro países podían permanecer en el país y obtener permisos de trabajo.

Dicha protección fue brindada bajo la previa administración del presidente Joe Biden a personas que sufren persecución, vienen de países afectados por guerra y otras situaciones peligrosas como ser víctimas de pandillas como en El Salvador.

Desmantelan dependencias federales

El nuevo Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE, en inglés) bajo la dirección de Elon Musk, ha despedido más de 30,000 empleados federales y hay planes de despedir a miles y miles de empleados más.

Además, Trump ha pedido desmantelar la agencia USAID, el Departamento de Educación y recortar significantes números de empleados de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y busca o quiere privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos.

Una corte ha bloqueado algunos de esos despidos, pero miles ya han perdido sus trabajos en dependencias federales.

¿Dónde va a acabar todo esto?

Para el activista mexicano Carlos Arango, veterano de un sin número de luchas en Chicago desde la década de 1970, es devastador lo que está haciendo la administración Trump a los inmigrantes y a los empleados del gobierno despedidos, y le parece deplorable la idea de Trump de anexar a Canadá y el cambio de nombre al Golfo de México.

Arango deploró que le quiten la ayuda legal a niños inmigrantes que entraron al país no acompañados por un adulto. También dijo que es inaceptable que a los que acusan de ser parte del Tren de Aragua no les den su día en una corte para defenderse.

Y dijo que era incorrecto usar un acta de 1798 para deportar a supuestos “enemigos” de la nación. La ultima vez que se usó el Acta de Enemigos Extranjeros fue durante la Segunda Guerra Mundial para arrestar a japoneses, alemanes e italianos.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.