Ordenan a jueces migratorios terminar casos en un máximo de un año

El Departamento de Justicia federal ordenó este jueves que los jueces de inmigración terminen los casos pendientes ante sus tribunales en un tiempo máximo de un año para casos de personas no detenidas y de 60 días para los migrantes detenidos.

Pero representantes del gremio de jueces migratorios aclararon que los objetivos impuestos desde arriba por la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EIOR) son “poco realistas” debido a los retrasos existentes y los recursos disponibles.

La orden fue dada por medio de un memo de siete páginas firmado por el director de EIOR James McHenry III y titulado: Prioridades en casos y medición de desempeño en las cortes.

En el memo se desglosan los nuevos objetivos para las cortes de inmigración, un sistema de tribunales civiles que son parte del Departamento de Justicia y por lo tanto, no son independientes del ejecutivo y de sus designios.

Otras cortes, como las penales y las civiles, forman parte del poder judicial federal, estatal o local y por lo tanto gozan de una implícita independencia estructural, aunque son parte del poder ejecutivo.

Pero  imponer tiempos límite u “objetivos” para completar los casos causa malestar entre el gremio de jueces, ya que parece indicar que los retrasos son culpa de la forma en que desarrollan su trabajo, dijo una líder gremial.

“La idea de que los casos se retrasan por culpa de los jueces es injusta y no es cierta”, dijo Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, un sindicato que representa profesionalmente a estos magistrados.

El memo y las declaraciones del procurador Sessions y otros personeros del gobierno señalan al gobierno de Obama como el responsable de los retrasos, porque en 2010 dejaron de imponer “medidas de terminación de casos” y luego cambiaron las prioridades en las cortes en al menos tres oportunidades.

Pero Marks dijo que lo que llevó a la acumulación y retraso en los casos migratorios es, principalmente, la desconexión entre los recursos para la frontera y las deportaciones y los recursos para el sistema de cortes migratorias.

“Este es un problema que lleva 15 años formándose, hemos dicho por todo ese tiempo que mientras le dieron 400% más recursos a los agentes para arrestar gente , a nosotros solo nos aumentaron los recursos en un 72%”, apuntó. “Es aritmética simple”.

El memo McHenry dicta medidas específicas para diversos procesos que se llevan a cabo ante las cortes migratorias.

Ejemplos en el memo:

• El 85% de los casos de personas detenidas , que no estén sujetos a acción por otra agencia -por ejemplo USCIS- o decisión de otro tribunal, deben ser finiquitados 60 días después de ser presentados.
• 85% de los casos de personas no detenidas deben ser finiquitados en 365 días desde la presentación de una NTA (Notice to Appear), la reapertura del caso, regreso de apelaciones o liberación del procesado.
• El 85% de las mociones de toda clase deben ser adjudicadas en 40 días.
• Los jueces deben tomar una decisión en un máximo de 7 días tras la negativa de un oficial migratorio de aceptar que una persona tiene un “miedo creíble” para iniciar una solicitud de asilo.

El memo indica que algunas de estas medidas son “aspiraciones” y que tomará tiempo alcanzarlas. Las cortes serán auditadas por locación y no por jueces individuales, para determinar qué tanto están cumpliendo con estas órdenes y si han mejorado su desempeño, algo que hoy en día no se hace.

También implica que las nuevas medidas se aplican a los casos nuevos y no a los que están esperando en la corte, aunque expertos indican que eso será muy difícil de lleva a cabo.

Marks dijo que estas medidas “interfieren en la independencia de los jueces en decidir a qué casos dar prioridad para manejar recursos limitados”.

Agregó que desde el punto de vista práctico, “no está claro cómo se va a llevar a cabo cuando sabemos que  hay cortes, por ejemplo en San Francisco o Los Angeles”, donde los calendarios están totalmente llenos y no se pueden tomar audiencias sin suspender otras ya en espera”.

Por ejemplo hay audiencias iniciales que están siendo calendarizadas dentro de meses o años y EOIR ahora está pidiendo que el caso completo se resuelva en 60 o 365 días.