3 claves de la pelea entre la ONU y México por la investigación de Ayotzinapa
La oficina de Derechos Humanos de la ONU y el gobierno de México han sostenido un cruce de acusaciones. ¿Por qué?
El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de Iguala. Crédito: Getty Images
Casos de tortura contra detenidos, fallas en los protocolos de investigación y un desacuerdo sobre la publicación de resultados.
Estos son tres puntos sobre los cuales el gobierno de México y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sostienen en los últimos días un creciente intercambio de acusaciones.
Todo a raíz de un documento que publicó ONU-DH sobre la investigación del paradero de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el connotado caso de desaparición forzada ocurrido en 2014 que aún sigue bajo investigación.
El organismo de Naciones Unidas publicó en marzo una investigación llamada “Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.
En ella presentó una serie de señalamientos sobre errores de las autoridades que han investigado el caso, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, acciones indebidas de investigación y falta de castigos.
En total 129 personas han sido detenidas por la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014.
El pasado lunes, el gobierno de México rechazó la mayoría de los señalamientos que hizo ONU-DH, además de que acusó a ese organismo de presentar conclusiones fuera de los acuerdos de cooperación.
Y este miércoles vino una nueva respuesta de ONU-DH que defendió su investigación: “Nuestros hallazgos son creíbles, sólidos”, dijo Jan Jarab, representante en México de ONU-DH.
Estos son tres puntos en los que ambas partes han cruzado acusaciones de un mal actuar.
1. Tortura a detenidos
El informe “Doble injusticia” dice tener “fuertes indicios” de que 34 personas detenidas en las primeras etapas de la investigación de 2014 “fueron torturadas”.
Los sospechosos habrían recibido “golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica”, entre otras agresiones.
Ello para obtener información o hacerles rendir declaraciones “auto-inculpatorias”, además de que ONU-DH encontró justificaciones “no plausibles y contradictorias” de las autoridades sobre los golpes certificados por médicos.
El organismo señala como partícipes de violaciones a los derechos humanos a elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina, incluidas “detenciones arbitrarias”.
En respuesta, el gobierno de México rechaza las acusaciones al señalar que el informe de ONU-DH “no publicó pruebas de sus entrevistas para llegar a sus conclusiones”.
Aseguró que ha investigado los casos y hay 27 averiguaciones sobre 128 presuntas víctimas de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias: en solo dos casos hubo “evidencia de tortura física, pero no psicológica”.
“ONU-DH debió haberse allegado de la información [de sus averiguaciones] antes de emitir conclusiones definitivas que fueran públicas”, acusó el gobierno mexicano.
2. Fallas de investigación
El informe de ONU-DH señala que hubo diversas actuaciones de las autoridades que califican como “violaciones al debido proceso”.
Una de ellas es la investigación pericial en el río San Juan, cerca de donde desaparecieron los estudiantes en el estado de Guerrero.
En ese lugar fueron vertidos los restos de los estudiantes asesinados, los cuales habían sido incinerados, según el testimonio del detenido Agustín García Reyes.
Este punto es uno de los más controvertidos del caso, pues las familias de los estudiantes desaparecidos y expertos independientes han rechazado la versión de la PGR basada en la hipótesis de la incineración.
ONU-DH afirma que García Reyes fue torturado antes de la diligencia y no tuvo un abogado cuando acompañó a las autoridades al río San Juan a mostrarles qué hicieron con las cenizas de los estudiantes que supuestamente incineraron.
El informe señala como fallas en la investigación “la ausencia de documentación en el expediente que sostenga legalmente las diligencias practicadas ese día, el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río”.
También “la falsa declaración del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR afirmando que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan”.
El gobierno mexicano asegura que “solo quedaron demostradas y probadas siete irregularidades”, las cuales califica como “faltas leves cometidas en su mayoría por mandos medios”.
Y por el contrario, asegura que hay “constancias legales” de que se resguardó con “seguridad” el lugar del hallazgo en el río San Juan.
3. Publicación de conclusiones
El gobierno de México expresó el pasado 7 de mayo su rechazo a la publicación de conclusiones en el informe “Doble injusticia”, pues advierte que el caso Ayotzinapa es una investigación abierta y en curso.
“Emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro, dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial”.
Resalta que la PGR no puede debatir abiertamente sobre la investigación pues hay elementos “pendientes de resolución judicial y las investigaciones estén aún en curso”.
Además, señala que sus observaciones al borrador del documento “fueron, desafortunada y sorprendentemente, ignoradas por ONU-DH en la publicación del informe final”.
“Carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una ‘doble injusticia’ como su mismo título lo describe”, señala el gobierno.
Otro señalamiento es que ONU-DH incumplió con un acuerdo de colaboración con el gobierno de México para evitar hacer “declaraciones concluyentes” sobre casos en los que haya responsabilidad de imputados.
Aunque ONU-DH defendió su investigación, este miércoles ONU-DH concedió que “se abstendrá, en todo momento, de emitir declaraciones concluyentes en las que se identifique a personas u organizaciones concretas como legalmente responsables de los hechos que se les imputan”.
Un caso abierto
El caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 ha sido uno de los más graves que han ocurrido en México en los últimos años.
Las familias de las víctimas y expertos independientes han puesto en duda las líneas de investigación de la PGR, en especial la de que los jóvenes fueron asesinados y sus restos incinerados.
ONU-DH dice que su investigación “muestra la necesidad de una acción renovada por parte de las autoridades” para evitar más “actos de tortura, así como su tolerancia y encubrimiento”.
También urge a las autoridades a que “concluyan las investigaciones dentro de un plazo razonable”, pues hasta la fecha “nadie ha sido señalado como responsable de las graves violaciones”.
Ante ello, el gobierno de México dice que es “el primer interesado en asegurar que se haga justicia” en el caso Ayotzinapa, además de que asegura estar atendiendo “todas las recomendaciones”.
“El gobierno de la República reitera su determinación en agotar todas las líneas de investigación”.
Y promete: “Es de interés arribar a conclusiones en el caso en el presente año”.
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