El “Comandante 80” y cómo pasó de ser agente a líder del CJNG de “El Mencho” en Veracruz
Al criminal, que trabajó para la FGJ, se le vincula con el secuestro y asesinato de la empresaria Susana Carrero en febrero pasado
A raíz de la masacre este fin de semana en una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz, el nombre de José Roberto Sánchez Cortés, alias “Comandante 80” o “El 80”, comenzó a sonar en medios y redes sociales.
La razón no debe sorprender: se le considera el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ese estado. Sin embargo, ya es sabido que el grupo criminal tiene presencia en 28 estados de la república Mexicana.
Lo que sí llama la atención es su bagaje, y cómo Sánchez Cortés pasó de ser un oficial de ley y de orden a un alto jefe de la organización criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
De acuerdo con reportes de medios como La Silla Rota, el presunto narco fue agente del Ministerio Público (MP) en Acayucan, Veracruz.
Su carrera inició bajo la administración del entonces gobernador del estado Javier Duarte.
El historial gubernamental del fugitivo lo ubica en importantes oficinas investigativas.
Por ejemplo, bajo su mando estuvo la Agencia Primera Investigadora de ese municipio, cuando el procurador general de Justicia era Luis Ángel Bravo Contreras.
“El 80” también estuvo a cargo de las Agencias Municipales del MP de San Juan Evangelista y Oluta y de la Agencia del MP Especializada en Responsabilidad Juvenil y Conciliación.
Su ruta por el “buen camino” o el “disfraz” le duró hasta que una narcomanta lo señaló como culpable de varios delitos.
Se cree que de la Fiscalía General Estatal (FGE), pasó a formar parte del Cartel de Los Zetas y, después, al CJNG.
A Sánchez Cortés se le vincula con capos como Hernán Martínez Zavaleta, alias “El Comandante H” o “El Apa”, jefe de plaza de una célula de Los Zetas. Este fue detenido en 2017.
También se le asocia con el sonado secuestro y asesinato de la empresaria de Coatzacoalcos, Susana Carrera, a quien decapitaron en febrero pasado.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ofrece desde julio de 2018 hasta un millón de pesos por información que lleve a la captura de a quien catalogan como “delincuente peligroso”.