‘Ciudades santuario’ se alistan para posible guerra contra Trump

Son más de 300 ciudades y condados que protegen a sus inmigrantes –¿y ahora?

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‘Ciudades santuario’ se alistan para posible guerra contra Trump

WASHINGTON.- Nadie sabe a ciencia cierta qué hará Donald Trump al asumir la presidencia el mes próximo, pero muchas de las más de 300 ciudades y condados “santuario” se preparan desde ya para la defensa de migrantes vulnerables, aún si eso les supone perder fondos federales.

Durante la contienda, el ahora presidente electo prometió “cero tolerancia” contra “inmigrantes criminales”, y eliminar fondos federales para las “ciudades santuario” que limitan su cooperación con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a la hora de detener a inmigrantes “sin papeles”.

Aunque grandes ciudades como Nueva York, San Francisco y Chicago lucen con orgullo la etiqueta de “santuario”, las amenazas de Trump y otros republicanos las pone contra la espada y la pared: si colaboran con ICE, podrían enfrentar demandas de grupos cívicos -especialmente si actúan sin una orden judicial- y, si no lo hacen, podrían perder millonarios fondos para un amplio abanicos de programas policiales, sociales y comunitarios.

“No tenemos idea de lo que hará la nueva Administración, ni cómo van a castigar a estas jurisdicciones, y las posibilidades son múltiples, pero aún las grandes ciudades podrían sufrir un enorme impacto si pierden sus fondos federales”, explicó Muzaffar Chishti, director en Nueva York del Instituto de Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés).

“Creo que lo más probable es que habrá negociaciones cuando surjan ideas de imponer sanciones para los que no colaboren. Muchos condados dirán que no pueden por temor a demandas, y estarán contra la espada y la pared”, agregó.

Lo irónico es que, si el gobierno les retira fondos, eso tendría un impacto en comunidades enteras –no solo los inmigrantes- y afectaría los planes de la Administración Trump de acorralar, encarcelar y deportar a hasta tres millones de “inmigrantes criminales”.

El MPI calcula que 1,9 millones de inmigrantes tienen antecedentes criminales, de los cuales 820,000 son indocumentados.

Según Chishti, parte de la primera “línea de defensa” es educar a los inmigrantes sobre sus derechos, para aliviar la ansiedad que ahora sientes muchos, en particular los “Dreamers”, incluyendo el derecho a ayuda legal, a una audiencia y a defender sus casos ante un juez.

Se alistan para la “resistencia”

La segunda capa, que ya está ocurriendo, es mantener la presión sobre las jurisdicciones para que “resistan los arreglos de cooperación” con ICE, precisó Chishti.

Alcaldes y jefes policiales de más de diez ciudades grandes, entre éstas Nueva York, Chicago, las ciudades californianas de San Francisco, Oakland y Los Angeles, además de la capital estadounidense, dejaron en claro el mes pasado que montarán una resistencia a las políticas draconianas que pueda implementar Trump contra los indocumentados.

El grupo progresista “Change.org” ha contabilizado 28 peticiones en línea para los gobiernos locales protejan a las poblaciones indocumentadas, y el asunto se ha convertido en uno de los movimientos más populares desde que Trump ganó la presidencia el pasado 8 de noviembre.

Darryl Brackeen, un concejal y activista de New Haven (Connecticut) inició una de esas peticiones para que la policía en su ciudad no delate a los inmigrantes indocumentados a ICE.

“New Haven entiende que el estatus legal de nuestros habitantes no debería determinar su acceso a oportunidades, su capacidad de proveer sustento a sus familias, y su oportunidad de avance social. Esto es algo que define a nuestra ciudad, y nos aparta de otros bolsones (anti-inmigrantes) en la nación”, explicó Brackeen.

El alcalde de Providence (Rhode Island), Jorge Elorza, se ha comprometido a apoyar a los trabajadores indocumentados y, según el activista Philip Storer, tanto el alcalde de Columbus (Ohio), Andrew Ginther, como el concejo de la ciudad deberían seguir su ejemplo. Storer  entregó la petición al concejo con 2,500 firmas.

Según la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), en Columbus viven unos 95,000 inmigrantes indocumentados, y Ohio –ganado por Trump- “es el peor de la nación” ante la ausencia de leyes para proteger la salud y bienestar de esos inmigrantes.

Columbus podría perder acceso a fondos federales si nos convertimos en ´ciudad santuario´, pero si apoyamos firmemente a nuestros amigos y vecinos –incluyendo los indocumentados-, mostraremos valentía para que no ignoren nuestras convicciones… podemos servir de ejemplo” para frenar las políticas de Trump, reza la petición.

En el último año, legisladores conservadores promovieron sin éxito una veintena de medidas contra las ciudades “rebeldes”, en respuesta a la muerte en 2015 de una estadounidense a manos de un inmigrante indocumentado en San Francisco, que tenía un largo historial criminal.

Acompañamiento de la Iglesia

A Ashley Feasley, directora política de servicios para migrantes y refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU (USCCB, en inglés), no le cabe duda de que habrá nuevas propuestas en la nueva sesión legislativa de 2017.

“La Iglesia Católica se solidariza con los inmigrantes y refugiados, porque queremos mostrar el apoyo pastoral de la Iglesia en comunidades afectadas en todo el país”, explicó Feasley.

La USCCB ha programado un “Día de Oración” en todo EEUU para la defensa de migrantes y refugiados el próximo 12 de diciembre, que coincide con las celebraciones de la Guadalupana.

La jornada, que incluirá misas y círculos de oración en muchas arquidiócesis, refleja los valores cristianos de acompañamiento de “las familias separadas y lejos de sus hogares en momentos de incertidumbre”.

El congelador del Congreso

En el Congreso, bajo control republicano, no hay visos de que surja un debate para una reforma migratoria, ni en retazos ni de manera integral. Si una legislación se queda en el congelador, ésta tiene que ser presentada de nuevo en la siguiente sesión legislativa.

Pero los gobiernos estatales no se han quedado de brazos cruzados. En 2015, todos, salvo Alaska, aprobaron en su conjunto 216 leyes y resoluciones relacionadas con inmigración, en comparación con 171 en 2014,  según un estudio de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por su sigla en inglés).

En un extremo, California aprobó proveer cobertura médica para todos los niños, sin importar su estatus legal, mientras que Idaho prohibió las licencias de conducir para indocumentados.