Chicago da $1 millón para pagar defensa legal de indocumentados

El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, donó un millón de dólares de la ciudad al Fondo de Protección Legal para pagar la defensa de indocumentados y refugiados amenazados con la deportación.

En la iniciativa, que cuenta con la participación del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (NIJC) de Chicago, también podrían participar organizaciones privadas y filantrópicas que quieran ayudar a las familias inmigrantes necesitadas, según un comunicado de la Alcaldía.

Emanuel declaró que la elección de Donald Trump como presidente ha provocado “ansiedad e incertidumbre” entre los inmigrantes, por lo que el fondo legal servirá para proporcionarles la ayuda legal que necesiten en caso de tener problemas con inmigración.

“Desafío al sector privado y filantrópico a que se nos unan” con donaciones, dijo Emanuel, porque Chicago “necesita del talento y determinación de los inmigrantes para seguir avanzando” y quiere dar el ejemplo.

El concejal Carlos Ramírez Rosa, del Distrito 35, uno de los que reclamaba que la Alcaldía se hiciera cargo de los costos de representación legal de los indocumentados de bajos ingresos ante las cortes, como ya ocurre en Nueva York, declaró que la creación del fondo “demuestra que el alcalde escucha a la comunidad”.

Según el NIJC, en el área de Chicago hay unas 150,000 personas que no tienen un estatus de residente legal y, con el fondo, sus abogados podrán actuar en más casos de personas que corran el riesgo de ser deportadas.

“El acceso a servicios legales puede cambiar la vida, y en otros casos salvar vidas de inmigrantes y sus familias”, dijo Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del centro, que aumentará en 3,000 las consultas que hace actualmente a través de organizaciones comunitarias y religiosas.

El concejal Danny Solís, del Distrito 25, señaló por su parte que Chicago es una ciudad santuario que protege a los indocumentados desde hace más de 30 años.

El comunicado agrega que los siete colegios comunitarios de la ciudad, que dependen de la municipalidad, se sumaron esta semana a las protecciones del santuario y prohíben que dentro de sus instalaciones se discrimine o acose a estudiantes que no tengan estatus legal.