FIFAgate: Torneos pagará 112 millones de dólares a la justicia de Estados Unidos para salir de la investigación
La firma arribó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos este martes en Nueva York; los detalles del arreglo
Un año y medio después de que estallara el escándalo FIFAgate alrededor del mundo, la firma Torneos y Competencias S.A. logró salir del banquillo de los acusados, tras arribar a un acuerdo en Nueva York con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El respiro judicial, sin embargo, no resultó gratuito para “Torneos“, como se la conoce en el mercado. Deberá abonar una multa de US$ 23.76 millones, lo que se combinará con el decomiso de activos por otros US$ 89 millones. Es decir, un total de US$ 112,76 millones, deberá someterse durante cuatro años a un programa de controles exhaustivos, y redoblar con su cooperación con los investigadores estadounidenses, que reconocieron que hasta ahora fue “sustancial”.
Desde la empresa calificaron el acuerdo (conocido en inglés como DPA) como “un enorme paso hacia adelante”. Confían en que les permitirá dejar atrás la tormenta que comenzó en noviembre de 2015, con el arresto en Suiza de múltiples ejecutivos de la FIFA, para luego expandirse por la Argentina y otros países, con el entonces CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, como protagonista central dl escándalo y eslabón decisivo de las coimas.
En esa línea, y como parte del acuerdo, la empresa -en la que el gigante norteamericano DirecTV controla el 40% de las acciones– aceptó “responsabilidad por la conducta de Alejandro Burzaco, su ex gerente general, y otros ex empleados de Torneos en relación con contratos obtenidos de manera indebida”.
A cambio de que se suspenda la investigación judicial en su contra, Torneos también accedió a mejor su programa de “compliance” empresarial, y una larga lista de obligaciones:
- “Garantizar que la gerencia establezca nuevas pautas desde los funcionarios superiores (“tone at the top”) y respalde expresamente el programa de compliance (cumplimiento)”;
- “Desarrollar políticas y procedimientos escritos a fin de protegerse de las violaciones de las leyes aplicables”;
- “Revisar, evaluar y monitorear en forma periódica la eficacia del programa de compliance (cumplimiento)”;
- “Garantizar que funcionarios senior independientes supervisen y ejecuten el programa de compliance (cumplimiento)”;
- “Capacitar a los empleados acerca del programa de compliance (cumplimiento)”;
- “Investigar posibles violaciones de las leyes o políticas anticorrupción”;
- “Implementar mecanismos en aras de exigir el cumplimiento del programa”;
- “Instituir un régimen de debida diligencia basado en los riesgos a fin de realizar análisis de debida diligencia respecto tanto de agentes y socios comerciales como de posibles transacciones”.
Pese a la multa, el decomiso y los compromisos asumidos, el acuerdo ofrece un alivio a los controlantes de Torneos, en especial a DirecTV, que había previsto pérdidas por más del doble del monto total acordado con el Departamento de Justicia.
En efecto, en junio de 2015, DirecTV había estimado que el FIFAgate podía terminar por costarle hasta US$ 361 millones, según el reporte oficial que le entregó entonces a las autoridades norteamericanas.
A fines de ese mes de junio, además, DirecTV anunció la contratación de un nuevo CEO para Torneos, Ignacio Galarza -quien participó ayer en la audiencia en Manhattan- y el despido de 11 “altos ejecutivos”, con el declamado objetivo de demostrarle a Estados Unidos -y a la opinión pública local- que había depurado a la productora de cualquier sospecha.
En rigor, sin embargo, los telegramas llegaron a 13 ejecutivos y empleados. Y no todos eran de alto rango. Más bien, lo contrario. La cifra incluyó administrativos de bajo rango, una ex secretaria y hasta un cadete, según reconstruyó LA NACION en base los testimonios coincidentes de siete de los 13 empleados desplazados.
Pero para DirecTV la meta era reducir los riesgos de afrontar investigaciones en Estados Unidos por violación de las leyes contra el crimen organizado (Rico Act, en inglés) o contra las prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA), mientras se encontraba en plena negociación para fusionarse con otro gigante estadounidense, AT&T, por US$ 49.000 millones.
Mientras tanto, Burzaco recorre su propia senda con la Justicia estadounidense y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Se declaró culpable el 17 de noviembre de 2015; y el 11 de marzo de este año, el juez que entiende en el FIFAgate, Raymond J. Dearie, le fijó una multa de US$ 21,7 millones, que se sumaron a los US$ 20 millones impuestos como fianza para mantenerse bajo el régimen de prisión domiciliaria en un departamento de la ciudad de Nueva York.
