Refugiados de la violencia en centroamérica, un problema sin resolver
Este año se esfumó toda esperanza de que las campañas para "disuadir" al viaje de las miles de madres y niños que escapan de El Salvador, Honduras y Guatemala, hayan funcionado: Estados Unidos volvió a igualar y pasar ligeramente el record de arrestos de 2014. El presidente Trump heredará la crisis.
La violencia en los países del triángulo norte de América Central volvió a provocar un aumento en la cantidad de refugiados que escapan hacia el norte con la intención de lograr asilo en los Estados Unidos, especialmente menores de edad y madres con niños pequeños.
Este es un tema no resuelto que heredará el próximo presidente Donald Trump y que el mandatario actual no pudo resolver, a pesar de tomar medidas a partir de 2014 para “disuadir” a los refugiados y cantar victoria temporalmente sobre un descenso de los viajes el pasado año.
Recientemente, sin embargo, un nuevo aumento en la llegada de migrantes centroamericanos, principalmente menores de edad y grupos familiares pidiendo refugio o asilo, ha provocado la apertura de nuevos centros temporales de detención por parte de la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera sur estadounidense.
La llegada de centroamericanos volvió a aumentar este año a niveles similares a los de 2014 y por segunda vez en la historia, el arresto de migrantes de esa región por autoridades estadounidenses superó al de mexicanos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El cruce de haitianos también ha aumentado notablemente, según DHS y grupos de asistencia legal a migrantes en la zona, particularmente en el área de El Paso.
“Hemos notado un aumento de personas detenidas por las autoridades y en centros de detención”, dijo Melissa Lopez, directora ejecutiva del Centro Diocesano de Servicios para Migrantes y Refugiados, ubicado en El Paso, Texas. “Por ejemplo, tenemos aquí a un grupo de haitianos a los que estamos asistiendo con sus solicitudes legales”.
Cantidad de refugiados vuelve a niveles de 2014
En el mes de octubre, CBP capturó a 46,195 personas ingresando al país por zonas no autorizadas, un aumento respecto a septiembre y agosto, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dijo que había ordenado también la adquisición de más espacio para detención de adultos migrantes que viajan solos ya que los centros de detención están llenos.
La inmigración centroamericana de menores y madres con hijos, es de nuevo una de las razones principales de este aumento, según indicaron las autoridades en varios reportes recientes.
En un comunicado del pasado 17 de octubre, al finalizar el año fiscal 2016, Johnson dijo que “en 2014, los centroamericanos arrestados superaron en número a los mexicanos por primera vez (en la historia). En 2016, ocurrió de nuevo”.
Autoridades fronterizas dijeron recientemente que detuvieron a 137,366 migrantes en las dos categorías señaladas: madres con menores y menores solos, en el año fiscal que terminó en octubre de 2016, una cantidad ligeramente superior que el record establecido en 2014.
Johnson añadió que “los menores solos y las familias han presentado nuevos retos a nuestro sistema migratorio”,aunque hace apenas un año las autoridades federales se felicitaban por haber enfrentado el aumento del 2014 con una fuerte aplicación de la ley y emprendiendo campañas de información en América Central.
Si bien el flujo de migrantes centroamericanos bajó en 2015, de las cifras record registradas en 2014, el aumento registrado en 2016 es notable, según las cifras de DHS.
Las deportaciones no funcionan para disuadir
En Estados Unidos, el Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson se jactó el pasado año de la aparente reducción en el flujo de los migrantes centroamericanos, luego que emprendió una campaña contra la migración, detenciones masivas y deportaciones.
Pero en julio, un reporte publicado por la organización no lucrativa International Crisis Group tras una intensiva investigación presencial en la región, señala que las deportaciones masivas emprendidas por Estados Unidos y México en los últimos dos años, no han disuadido el flujo.
Por el contrario, dice el reporte:
“Levantar más barreras y empujar a los migrantes y refugiados hacia una clandestinidad aún mayor ha intensificado la crisis humanitaria, fortaleciendo las redes ilegales que han convertido gran parte de Centroamérica en un campo de batalla criminal”.
La inmigración no autorizada de personas provenientes de estos tres países ha aumentado notablemente, especialmente desde 2014, al tiempo que empeoran los niveles de violencia, secuestros y extorsión pandilleril en El Salvador, Guatemala y Honduras. Honduras y El Salvador tienen en este momento dos de las peores tasas de homicidio del mundo.
La crisis que comenzó a intensificarse en 2014, notable en Estados Unidos al triplicarse los arrestos de menores no acompañados y familias con niños pequeños provenientes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), “nunca fue resuelta”, expresa el reporte, que se basó en cientos de entrevistas a migrantes, funcionarios y expertos en México y Guatemala.
Además, el sistema de procesamiento de inmigrantes y refugiados en Estados Unidos se ha visto sobrecargado con las miles de peticiones de asilo presentadas por estos migrantes, especialmente desde que el gobierno estadounidense decidió no atacar el problema ofreciendo refugio en forma amplia y tomó la decisión de perseguir agresivamente la deportación de muchos de estos inmigrantes.
Sin representación, es dificil obtener refugio
Debido a esta crisis, el gobierno estadounidense decidió reanudar la detención de familias y abrió varios centros para ese uso, una práctica que había sido prácticamente abandonada en años recientes. Actualmente hay dos centros permanentes en Texas y dos temporales, y uno en Pennsylvania.
Organizaciones y abogados argumentan que el rápido procesamiento de estos aspirantes a refugiados los está dejando vulnerables a no poder argumentar su caso e incrementa el número de ellos que se presenta ante un juez sin representación ninguna.
Como estos suelen ser casos indigentes, donde el individuo no tiene dinero para un abogado, la única manera de conseguir representación es logrando ayuda de alguna de las organizaciones sin fines de lucro que, con fondos de fundaciones o sus propios fondos, proporcionan ayuda legal a estos inmigrantes.
“La rapidez del proceso aumenta la posibilidad de que no tengan abogados y el no tener abogados, es más probable que sean deportados”, afirmó recientemente un reporte del Centro para el Progreso Americano.
El gobierno estadounidense reportó recientemente que ya realizado cientos de vuelos de deportación hacia América Central y que, además, están llevando un operativo “Guardián de la Frontera” en el cual persiguen y arrestan a menores que llegaron solos por la frontera y que en el transcurso del tiempo han cumplido 18 años.
La migración centroamericana se debe principalmente a la violencia, el secuestro y la extorsión por parte de pandillas en Honduras, El Salvador y Guatemalas. Muchas mujeres vienen huyendo de esta violencia y de violencia de género a menudo relacionada con lo mismo mientras que los menores de edad tratan de escapar el reclutamiento forzado en las “maras” o pandillas.
Grupos pro inmigrantes han pedido al presidente considerar un Estatus Temporal de Protección o TPS, pero hasta ahora ese ruego no ha sido escuchado.
Hace unos meses, el gobierno federal reconoció que las medidas tomadas hasta ahora para ayudar a refugiados y anunció la ampliación de su programa de solicitud legal de refugio en El Salvador, Honduras y Guatemala.
El Programa para Menores Centroamericanos (CAM) existente desde 2014, permitía a menores de edad que tuvieran un padre o madre con estatus legal en Estados Unidos (incluyendo TPS) solicitar refugio o permiso humanitario para venir a este país.
Pero a partir de este nuevo cambio, que se implementará en los próximos meses, otros familiares podrán acompañar a un menor que califique, incluyendo otro progenitor que esté en uno de esos países, hermanos mayores, tíos y abuelos.
Además, se anunció también que Costa Rica, un país adyacente a los otros tres afectados por altos niveles de violencia y pandillerismo, aceptó un acuerdo de protección para “Transferencia de Refugiados” (PTA) por el cual aceptará los casos de personas más vulnerables para procesarlos allí antes de reasentarlos en un tercer país.
Hasta ahora, el programa ha tenido un efecto limitado, ya que requiere tiempo y la inversión en costosas pruebas que verifiquen la consanguinidad de las personas que salen con menores de edad.