Muchos indocumentados tienen opciones legales que no han aprovechado para legalizarse

Frente a la incertidumbre que viene con el 2017, organizaciones instan a consultar a un buen experto legal acreditado por el gobierno para buscar opciones de protección que pueden estar disponibles.

Tras años de ser indocumentados, muchos inmigrantes están llegando últimamente a las oficinas de abogados en todo el país buscando “alguna solución” para sus casos. Y según explican los expertos, hay quienes tienen opciones legales para legalizarse en este país y no han aprovechado esas oportunidades en el pasado.

“Están entrando por la puerta a personas que finalmente quieren tomar opciones que tenían desde hace una década”, dijo Charles Kuck, abogado de inmigración de Atlanta, Georgia. “Es increíble la cantidad de gente que ahora sí se decidió a buscar ayuda”.

El inminente gobierno de Donald Trump y sus amenazas de aumentar las deportaciones y eliminar algunos alivios migratorios están causando inquietud en la comunidad inmigrante. Abogados que dan charlas en organizaciones no lucrativas han reportado un renovado interés de muchos inmigrantes de obtener información sobre la forma de protegerse a sí mismos y a sus familias.

Hay indocumentados que, bajo las leyes actuales, difícilmente podrán legalizar sus casos en el futuro, dijo Edgardo Quintanilla, abogado de ley migratoria en Los Ángeles. Por ejemplo, aquellos que tienen un delito grave en su haber de hace años, aunque se hayan reformado.

“Esos probablemente no puedan hacerlo nunca. Si los atrapan terminarán deportados”, apunta.

Pero hay otros que no lo han hecho, dice, “por desidia”, agrega.

“Parece que hay mucha gente que si no siente una amenaza grave a su situación en este país no busca una buena asesoría”, dijo Quintanilla. “Me he encontrado con gente muy desidiosa, que simplemente no quiere molestarse o pagar por un abogado para hacer un caso con el que podrían ganar los papeles”.

Hay quienes no se dan cuenta de que hay opciones legales para ellos, porque la ley migratoria es compleja y solo la buena asesoría de alguien que conozca la ley  (como abogados acreditados por la BIA, organizaciones comunitarias, NUNCA notarios o “llenapapeles”) puede identificar esas oportunidades.  Aquí puede encontrar la lista de organizaciones acreditadas por la Junta de Apelaciones de Inmigración BIA.

A veces han empezado un caso con algún notario y aún están esperando una solución que nunca llega, sin identificar que hay otras salidas legales para ellos, agrega el letrado.

NACARA: solución aún existe

Hace poco llegó a la oficina de Quintanilla una señora salvadoreña que tenía un caso de asilo pendientedesde mediados de los años noventa. Primero le habían renovado su permiso varias veces y luego dejaron de renovárselo. Cuando el abogado escudriñó un poco más en su expediente se dio cuenta de que la señora califica para la legalización por la ley NACARA de 1997.

NACARA es una de las opciones existentes para muchos salvadoreños y guatemaltecos, nicaragüenses y personas de países que pertenecían al bloque soviético en décadas pasadas. Al parecer aún quedan personas que no saben que pueden obtener la residencia con esta ley que data de hace casi 20 años, agregó Quintanilla.

Dicha ley cubre, por ejemplo, a los salvadoreños que entraron al país antes del 19 de septiembre de 1990 y se registró para algo llamado “beneficios ABC”, para el TPS o solicitó asilo antes del 16 de febrero de 1996 y no fue arrestado al entrar al país.  Además, cubre a cualquier guatemalteco o salvadoreño que presentara una solicitud de asilo antes del 1 de abril de 1990 y nunca recibió una decisión final a su caso. Familiares calificados de un individuo en estos casos también serían amparados por NACARA.

Más información sobre NACARA aquí.

Por ejemplo, en los últimos 10 años, cerca de 65,000 salvadoreños que llevan más de 26 años en el país lograron su legalización con NACARA. Este es un beneficio que todavía está disponible para muchas personas.

La cláusula 245i y cómo aún puede ayudar

El abogado Kuck, en Atlanta, indica que hay muchos casos de mexicanos que llevan años esperando en línea para la residencia y que a ellos y a familiares directos suyos, aún pueden beneficiarse por la llamada 245i que permite ajustar el estatus migratorio en los Estados Unidos sin tener que hacer un proceso más complicado, el llamado waiver o “perdón”.

“Digamos que en una mexicana con tres niños presentó una solicitud de residencia por medio de un hermano suyo antes del 30 de abril de 2001 (fecha límite para la 245 i) y aún no le ha llegado”, explica en abogado. “Sus tres hijos, que entonces eran niños, ahora ya son adultos y no pueden ya lograr la residencia por su solicitud, pero si estaban aquí antes de esa fecha, la 245i aún los protege y pueden ajustar de cualquier otra forma, sin tener que salir del país”.

La cláusula puede incluso beneficiar a personas que se divorciaron de un cónyuge con el que presentaron una solicitud de legalización que califica para la 245, aunque la pareja luego se separe y el ex-esposo o esposa del principal solicitante busque su legalización en otra parte.

Hay muchos posibles casos, pero lo importante es buscar una buena asesoría, indican los expertos.

Otras formas de lograr la residencia incluyen:

Visa U, para personas víctimas de un delito de violencia y que cooperan con las autoridades en la investigación o enjuiciamiento del victimario. Esta visa funciona aún si usted tiene una orden de deportación.

Si tiene DACA y ha salido con “advanced parole” para volver luego a entrar o con TPS temporal, la entrada legal al país le hace elegible para ajustar su estatus si tiene un patrocinador, sin importar el tiempo que estuvo sin autorización en el país.  Esto también aplica si el próximo gobierno decide suspender DACA.

Tarjeta verde para niños inmigrantes o “Estatus especial para jóvenes inmigrantes” (SIJS) es para menores de edad (de 21 en Texas y Nueva York y de 18 en California) que han sido abandonados o descuidados por al menos uno de sus padres. Antes de 2008 era un beneficio muy restrictivo y sólo se obtenía si un menor era abandonado por ambos padres, pero esto cambió al ampliarse la ley en 2008 en el Congreso.

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