Conmoción en Argentina por asesinato de activista; juez libera al presunto criminal

El cuerpo de Micaela García fue localizado el fin de semana, tras una semana de su desaparición; piden destitución de juez que liberó a sospechoso
Conmoción en Argentina por asesinato de activista; juez libera al presunto criminal

Por dos frentes avanza, en simultáneo, el caso del asesinato de Micaela García, la estudiante y militante social  de 21 años asesinada en Gualeguay.

Por un lado, esta tarde la autopsia que realizará el jefe de forenses de la provincia, Luis Moyano, revelará cómo murió la chica; se sabrá si, como afirmó el jefe de la policía de Entre Ríos, comisario general Gustavo Maslein, fue estrangulada, tal como denotan las marcas en el cuello del cadáver que fue encontrado anteayer, desnudo y semicubierto de tierra en un pajonal a la vera de la ruta nacional 12, en Gualeguay. Con ese informe en la mano, el fiscal Ignacio Telenta indagará al principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner, que está preso en un pabellón especial del penal de Federal con máxima custodia para evitar, especialmente, que se quite la vida.
Por el otro, con el paso de las horas se acrecienta la presión sobre el juez de ejecución de la pena entrerriano Carlos Rossi, que quedó en el centro de la escena -y de encendidas críticas- por haber concedido, a mediados del año pasado, la libertad condicional a Wagner, que cumplía una sentencia a nueve años de cárcel (le restaban dos) por dos violaciones cometidas en Concepción del Uruguay. El magistrado tomó la decisión de otorgarle ese beneficio -ya gozaba de salidas transitorias familiares– luego de desestimar informes negativos del Servicio Penitenciario y del Poder Judicial de Entre Ríos que desaconsejaban la liberación de Wagner.

Desde distintos sectores sociales y políticos surgieron pedidos de juicio político contra Rossi. El objetivo: destituirlo de su cargo de juez por haber permitido la salida de un violador convicto que, según las principales sospechas que hoy tiene el fiscal Telenta, lo habría vuelto a hacer.

Ayer, la presión contra Rossi llegó desde lo más alto de la representación institucional del país: el presidente Mauricio Macri dijo ayer: “El sistema se equivocó o él [el magistrado] no entendió la dimensión de su tarea. Este tipo de jueces no los podemos tener; no se puede tener un juez que cree que la vida es opinable”.

Más allá aun fue su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano: “Si el juez [Rossi] no renuncia, que debería hacerlo y se lo pedimos, el Consejo de la Magistratura debería removerlo”, opinó, consultado por radio Mitre.

“Hay muy montón de jueces que hacen bien su trabajo y se ven afectados por un juez que toma una decisión de locos. Esto afecta a toda la sociedad, la situación es dramática”, sostuvo Garavano, para quien Rossi “no debería seguir ejerciendo” su cargo porque “en vez de hacer cumplir la pena hizo oídos sordos”.

Luego de contar que había hablado por teléfono con el padre de Micaela y de calificar la situación como “de bronca, impotencia y tristeza”, concluyó: “Esto es una batalla cultural, como muchas que está dando el Gobierno. Hay mucha gente que juega en otra dirección y alentó estas decisiones por una cuestión ideológica y política”. Se refería al mal llamado “garantismo”, término con el que se intenta definir a quienes, presuntamente, toman decisiones en favor de los “delincuentes” y en desmedro de los derechos y las garantías procesales de las propias víctimas o de los querellantes en casos penales.

Por detrás de las declaraciones de Macri y de Garavano, lo que se vivió en Entre Ríos, curiosamente, es el silencio. Ayer, ninguna autoridad política de peso habló de la situación de Rossi. Sí se espera que hoy comiencen a llegar los pedidos de juicio político con fines de destitución. Uno de ellos, de Silvina Calveyra, de Red de Alerta, que podría convocar a una nueva marcha para pedir Justicia en el caso Micaela.

Más novedades

Ayer, el fiscal Telenta, consultado por LA NACION, se abstuvo de opinar sobre la actuación de Rossi, aunque coincidió con Garavano en la idea de la necesidad de un “cambio cultural” en la Justicia. Sobre el caso, explicó que indagará a Wagner hoy, una vez que tenga en sus manos el informe de la autopsia, que comenzará a las 14 en la morgue de la localidad de Oro Verde. Espera saber, además de la causa y la mecánica de la muerte de Micaela, si el crimen ocurrió en el mismo lugar donde apareció su cadáver. También, eventualmente, la presencia de “un cooperador” de Wagner, al que le atribuye delitos que son castigados con la pena de prisión perpetua.

El fiscal confirmó que la evaluación psiquiátrica a la que fue sometido el acusado estableció que no tenía menoscabada la capacidad de discernimiento de sus acciones, pero que se “encontraba con labilidad emocional, con la presencia de ideas de autoeliminación”. Eso explica la custodia especial.

Telenta también explicó que los dos primeros detenidos por el caso, (Néstor Pavón, dueño del lavadero donde trabajaba Wagner, y Fabián Ehcosor, padrastro del acusado, detenido en Moreno) seguirán preventivamente detenidos, al menos hasta el 9 de mayo, acusados de encubrimiento agravado.
La otra grieta

Discrecionalidad procesal

La “interpretación de la letra procesal” en determinados casos permiten a los magistrados resolver una cosa o exactamente lo contrario. La discrecionalidad se convierte, así, casi en una norma. Las resoluciones, a veces, aparecen a los ojos de los legos en materia penal -la mayoría de nosotros- como una afrenta al sentido común. Los casos de acusados o condenados por violación son, quizás, el principal ejemplo de esta tensión entre las demandas de buena parte de la comunidad -penas que se cumplan efectivamente para resguardar a la sociedad de los sujetos “peligrosos”- y los fallos que, aunque hagan “ruido”, siempre encuentran una explicación basada en el Código Procesal. Urge, pues, revisar procedimientos para sellar esa grieta.