Criminalizar inmigrantes limitaría recursos para combatir a narcos y otros delincuentes

Cuando el procurador Jeff Sessions anunció hoy que sus fiscales serán más estrictos imponiendo cargos criminales contra los que cruzan la frontera, los que regresan tras ser deportados y los que usan documentos falsos, con sus palabras describió a pandilleros y carteles, violadores y asesinos como el objetivo de estos cambios.

Sin embargo, según los expertos, la mayoría de las personas que son atrapadas entrando sin papeles o regresando después de ser deportados no corresponden a ninguna de esas categorías, sino que son padres o madres de familia, esposos o esposas, hermanos o hijos, que arriesgan arresto para reunirse con familiares que dejaron aquí tras muchos años de residencia.

“Casi siempre estamos hablando de personas que cruzan hacia Estados Unidos para reunirse con familiares o que se van por alguna razón, para visitar a un familiar enfermo, por ejemplo, o son deportados y luego intentan regresar”, dijo Greg Chen, portavoz de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Este fue precisamente el caso de Francisco Equihua Lemus, deportado en 2010 después de vivir 37 años en los Estados Unidos. Era su segunda deportación, pero atrás quedaron sus hijas Cecilia y Lili, que entonces tenían 21 y 19 años y aún atesoraban pasar los domingos con Francisco tras el divorcio de sus padres.

Al tratar de regresar al país, Francisco fue encarcelado y le presentaron cargos criminales por “criminal re-entry”. Fue a parar a la prisión federal por dos años y luego deportado de nuevo. Su hija Cecilia más tarde cambió su carrera de finanzas por leyes luego de observar “las injusticias que se hicieron” a su padre y ahora trabaja en la oficina del defensor público del condado de Los Ángeles.

“Muchas de las personas a las que ponen ese cargo son como mi padre”, explicó Cecilia en un artículo publicado en 2015, en oposición a una ley que impondría un mínimo de 5 años de prisión para esos casos.  “Han vivido en Estados Unidos por años, y están desesperados por regresar con sus familias. Un juez que sentenció a más de 11,000 personas por este cargo, estimó que entre 30 y 40% son migrantes que tienen familiares ciudadanos”.

Desde hace 20 años, y especialmente durante los últimos 8-9, el gobierno estadounidense ha dedicado más tiempo y dinero a castigar a migrantes por el hecho de cruzar la frontera. Si hasta entonces el estar indocumentado en Estados Unidos era una falta menor o civil, el endurecimiento de las leyes que comenzó en 1996 hizo que cada vez se presentaran más cargos criminales contra inmigrantes por cruzar la frontera y cargos más graves aún, si regresan después de ser deportados.

Si el castigo tradicional por estar aquí indocumentado es la deportación, esta práctica añade años de cárcel y antecedentes penales al archivo de muchos indocumentados.  La entrada sin autorización puede conllevar hasta 180 días en cárcel federal y la entrada después de deportación, hasta dos años. Si hay otros cargos o historia penal, puede haber cárcel hasta por 10 a 20 años.

Luego de cumplir con ese tiempo, los migrantes son deportados, y se les impone un mínimo de 10 años de prohibición de entrar al país, y a veces, una prohibición de por vida.

En la era de Trump -como la calificó Sessions- no parece que se haga ninguna diferencia entre esos migrantes que regresan y lo peor de la delincuencia fronteriza y transnacional y de acuerdo a lo anunciado este martes por el procurador, su gobierno hará lo posible por criminalizar y detener hasta el último de los migrantes que se atreva a cruzar la frontera.

Más atención a los migrantes ¿y los delitos graves?

Una de las principales críticas a estas nuevas medidas de Sessions -que ya ha sido un problema grave durante al menos diez años- es que los fiscales federales se han visto obligados a dar más prioridad a casos federales contra migrantes, frente a casos por drogas, armas de fuego, fraude y corrupción, delitos federales que antes ocupaban buena parte de su tiempo.

Antes del anuncio de Sessions, los delitos federales más perseguidos y que consumen más recursos de todos son dos: “Entrada de extranjero en lugar y tiempo equivocado” y “Entrada reincidente de extranjero Deportado”. Estas dos categorías y algunos otros delitos relativos a inmigración fueron en 2016 el 52% de todos los delitos perseguidos por el gobierno federal, de acuerdo a análisis del proyecto TRAC de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, NY.

Estudios realizados al respecto, que incluyen entrevistas con ex fiscales federales, como el ex fiscal de Arizona Paul Charlton, concluyen que la presión para presentar cargos criminales a inmigrantes hace que los fiscales tengan menos tiempo y recursos para concentrarse en delitos mucho más serios, graves y violentos.

“Mi idea es que los fiscales federales deben ocuparse de los casos que las autoridades locales y estatales no pueden hacer bien, como casos de corrupción en sus propias localidades”, dijo el ex fiscal de Arizona Paul Charlton a las autoras de un reporte sobre el masivo encarcelamiento y acusación de inmigrantes por delitos en la frontera.  “Desde que aumentaron los casos contra inmigrantes, los recursos para todo lo demás han disminuido”.

Cesar Cuauhtémoc García, profesor de leyes y experto en “crimigration” (área de la ley que explicar la intersección de la ley de inmigración con la ley penal), en 2016 hubo más perseguidos por entrar sin papeles que por entrar con drogas.

“En 2016 un total de 68,314 personas fueron acusadas de delito federal migratorio en 2016, sólo 24,00 fueron acusados de delitos de drogas”, dijo García. “Es una enorme diferencia. Y lo que ahora anuncia Sessions es un enfoque aún mayor en los migrantes. Si no viene más dinero, está claro que los delitos de inmigración en las cortes seguirán creciendo a expensas de perseguir a quienes trafican con drogas”.

Entretanto, las consecuencias humanas de esta política se han dejado sentir, y los activistas temen que empeoren.

La criminalización del indocumentado genera mayor separación de familias, señaló Chen. “Si alguien arriesga el arresto para volver con su familia, lo arrestan y encima lo meten a la cárcel antes de deportarlo, la separación puede ser más larga o permanente”.

Temen criminalización de quienes ayuden a inmigrantes

Activistas también temen que se criminalice a otros residentes fronterizos que conviven con personas indocumentadas, ante el mayor énfasis en atrapar a aquellos que “protejan” o “trafiquen” con indocumentados.

Avideh Moussavian, abogada del National Immigration Law Center, dijo que el efecto en la comunidad inmigrante y sus familiares podría extenderse también al resto de la comunidad fronteriza, ahora que Sessions también quiere perseguir a personas que “faciliten o resguarden” el transporte de indocumentados.

Dijo que la vaguedad legal y la forma en que el gobierno ha actuado hace pensar que esto podría ir más allá de perseguir a “coyotes” y terminar por criminalizar a otras personas que entren en contacto con inmigrantes sin papeles en la zona fronteriza.

“¿Qué quieren decir con “harboring” (albergar)? La frontera es un lugar donde la gente vive, no un mítico lugar de delincuencia como lo ven ellos”, dijo Moussavian. “Yo me temo que con esto quieren ir detrás de otros miembros de la comunidad, incluso ciudadanos. Pastores, maestros de escuela dominical, transportistas, comerciantes. Creo que puede haber la intención de inyectar el temor en las interacciones diarias en la frontera”.