Kelly lanza oficina para dar “voz” a víctimas de inmigrantes indocumentados
“VOICE”, es producto de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente contra la inmigración ilegal, y quedó instalada un día después de que su Administración sufriera un revés judicial en su afán por castigar a las ciudades “santuario”
WASHINGTON.- En medio de quejas por la “satanización” de la comunidad inmigrante, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, lanzó este miércoles una oficina federal que por primera vez dará “voz” y asistencia a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados y demás extranjeros potencialmente “deportables”.
La oficina, bautizada con la sigla de “VOICE”, es producto de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Donald Trump el pasado 25 de enero contra la inmigración ilegal, y quedó instalada un día después de que su Administración sufriera un revés judicial en su afán por castigar a las ciudades “santuario”.
“Hasta hoy, estas víctimas a manos de inmigrantes ilegales no tenían un punto de contacto en nuestro gobierno federal dedicado a este asunto. Eso se acaba hoy”, afirmó Kelly, dirigiéndose a familiares de víctimas en el salón.
“Todo crimen es terrible pero estas víctimas son singulares, y con demasiada frecuencia ignoradas. Son víctimas de crímenes que jamás debieron ocurrir- porque la gente que las victimizó, con frecuencia no debió estar en el país para comenzar”, señaló Kelly, en una velada crítica a la Administración Obama.
La oficina “VOICE” (“Victims of Immigration Crime Engagement”), que empleará a 27 empleados de otras oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ofrecerá información sobre el complejo sistema de inmigración, el proceso de deportaciones, y el estatus legal y evolución de casos contra los presuntos criminales.
Kelly anunció el lanzamiento del “Intercambio de Información y Notificación de Víctimas” (VINE, por su sigla en inglés), un servicio automatizado que permitirá a las víctimas averiguar en qué fase del proceso judicial o de deportación se encuentra el presunto delincuente.
Kelly no tomó ninguna pregunta de los periodistas, pero sus portavoces tampoco pudieron precisar el número de estadounidenses afectados por crímenes a manos de inmigrantes indocumentados, ni el monto del presupuesto para la nueva oficina.
La oficina procesará solicitudes anónimas de víctimas, testigos, o personas que los representen, si buscan información sobre el estatus migratorio de extranjeros acusados de delitos, lo que generó críticas del legislador demócrata de Arizona, Ruben Gallego, sobre el potencial de abuso si el DHS no adopta salvaguardas.
Narrativa contra inmigrantes
Un portavoz del DHS, David Lapan, dijo que de ninguna manera se trata de la “satanización” de los inmigrantes, legales o no, como aseguran sus críticos, y que la oficina “VOICE” no será utilizada para hacer denuncias de delitos o infracciones migratorias.
Lapan precisó que en realidad la atención de VOICE será para delitos cometidos por cualquier inmigrante, con o sin papeles, y que por algún problema en su historial sea “deportable”.
“Es para la gente que está acá con algún tipo de estatus legal y que pueden perderlo y ser deportada… un ciudadano estadounidense no puede ser deportado. Si estás acá con estatus legal pero hay una posibilidad de que puedas ser expulsado a través de un proceso migratorio, entonces estás incluido”, explicó.
Lapan rechazó críticas de que, con su retórica incendiaria durante y tras la campaña electoral, Trump ha creado la percepción ante la opinión pública de que los inmigrantes son sinónimo de criminalidad en Estados Unidos.
“La gente nos va a criticar sin importar lo que hagamos. El punto es que queremos dar voz a este grupo particular de personas que no la han tenido”, subrayó.
Críticas a nueva oficina
Antes de que “VOICE” tomase una sola llamada en su línea gratuita (1-855-488-6423), ésta generó críticas entre grupos defensores de los inmigrantes, que la ven como otro acto de demagogia de la Administración Trump.
En declaraciones a este diario, Janet Murguía, presidenta del Concejo Nacional de La Raza (NCLR), insistió en que la Administración Trump continúa sus “ataques” contra la comunidad inmigrante, ahora institucionalizando una oficina dentro del DHS.
Trump “quiere seguir explotando la falsa narrativa de que los inmigrantes son criminales. Me parece extremadamente decepcionante y ofensivo que satanice a los latinos, recurriendo a falsas estadísticas de crímenes… la mayoría de los inmigrantes no son una amenaza para el país”, dijo Murguía.
“Su retórica no concuerda con la realidad”, continuó Murguía, al acusar a Trump de explotar los retos del maltrecho sistema de inmigración, en vez de aportar soluciones reales.
Por su parte, Salvador Sarmiento, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), consideró que la meta de la Administración es “sembrar el miedo hacia los inmigrantes no blancos” y “crear instituciones que legitimizan la propaganda racista”.
“De eso se trata esto, de instigar el miedo para someter a la gente a la doble sospecha, el doble castigo, y la privación del derecho al debido proceso”, advirtió el activista.
Un estudio divulgado en febrero pasado evaluó datos de las últimas dos décadas y determinó que, en general, no hay pruebas de que un aumento en la inmigración dispare las tasas de criminalidad en Estados Unidos.
Con algunas excepciones, las investigaciones dan fe de que los inmigrantes cometen menos crímenes, en promedio, que los estadounidenses, y que las grandes ciudades con altas poblaciones migrantes tienen, de hecho, bajas tasas de criminalidad.
No existe, según confirmó Lapan, una oficina gubernamental que rastree los crímenes motivados por el odio racial contra los inmigrantes, cuya cifra se ha disparado desde la victoria electoral de Trump.
