Activistas denuncian “mano dura” de Sessions para castigar delitos de drogas menores
Temen que se vuelva a una política implementada en los años 80 y 90
WASHINGTON.- El Departamento de Justicia sopesa endurecer las guías que establecen los cargos por delitos de drogas menores, pero la idea desató este miércoles denuncias de activistas de que el renovado enfoque de “mano dura” se ensañará contras las minorías, y generará un derroche de gastos públicos sin producir grandes resultados en la lucha contra el crimen.
Por órdenes del fiscal general, Jeff Sessions, el Departamento de Justicia de EEUU (USDOJ) estudia cambios en el uso de la “discreción procesal” para la presentación de cargos por delitos de droga menores, lo que influirá además en la emisión de sentencias más duras.
En declaraciones a la prensa, un portavoz de USDOJ, Ian Prior, explicó anoche que la agencia únicamente está haciendo una revisión de todas sus políticas en vigor para resguardar la seguridad pública.
Sin precisar fecha, Prior dijo que el Departamento de Justicia estará emitiendo guías para apoyar a los fiscales en esa misión , “incluyendo un memorándum actualizado sobre la presentación de cargos en casos criminales”.
De producirse, estos cambios revertirían un memorándum del entonces fiscal general, Eric Holder, que pidió a los fiscales evitar cargos por delitos de droga menores que pudiesen activar severas sentencias mínimas para los acusados.
Bajo la administración de Barack Obama, los delincuentes que cumplían ciertos requisitos, como no pertenecer a un cartel de la droga o pandilla, podían recibir cargos menos graves y, por ende, sentencias menos severas.
Los cambios que busca Sessions restablecerían las prácticas de la “guerra contra la drogas” de los años 80 y 90, que produjo un encarcelamiento masivo.
Consultados hoy por este diario, activistas a favor de una reforma penal coincidieron en que Sessions pretende desatar una nueva “guerra” contra el crimen que, a su juicio, pondrá tras las rejas a personas por delitos menores cuando esos recursos podrían aprovecharse en otras prioridades.
Marc Mauer, director ejecutivo del grupo “The Sentencing Project”, calificó como “desafortunado” que EEUU regrese a la fallida “guerra contra las drogas” de la década de 1980, tomando en cuenta que Holder cambió la estrategia porque las sentencias federales eran excesivas en muchos casos.
“Los vendedores de drogas en los rangos inferiores del narcotráfico estaban recibiendo sentencias que antes se reservaban para los grandes narcotraficantes e importadores. No hay pruebas de que una sentencia más dura va a impedir que alguien se meta al narcotráfico, pero eso va a desviar recursos al encarcelamiento, en vez de a la prevención y tratamiento”, señaló Mauer.
Molly Gill, directora de asuntos legislativos del grupo “Familias contra Sentencias Mandatorias Mínimas” (FAMM, en inglés), ironizó que la mejor forma de malgastar el dinero de los contribuyentes sin mejorar la seguridad pública es “atiborrar las cárceles federales con gente que reciba décadas en prisión aunque no sean un riesgo menor para la seguridad pública”.
El llamado “memorándum de Holder” ayuda a centrar las energías en los delincuentes más serios, y eso afecta “a las familias, padres, hijos y cónyuges que perderán a alguien por décadas, y a los contribuyentes que pagan la factura”, afirmó Gill.
Without effective change, the broken justice system will continue to bleed into equally complex issues: https://t.co/IHbq4e4gTL
— FAMM Foundation (@FAMMFoundation) May 9, 2017
Desde 1996, un total de 296, 433 presos condenados por delitos de droga federales han sido sujetos a sentencias obligatorias mínimas. En 1996, estos presos conformaron el 66% de todos los sentenciados por drogas, mientras que el año pasado, fueron el 44%, indicó FAMM.
Según el Centro Brennan para la Justicia, de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York, la política de “mano dura” contra el crimen ha contribuido a un sistema en el que cerca del 40% de los presidiarios están encerrados sin que en realidad exista una razón convincente relacionada con la seguridad pública.
El 30% de las personas que están en prisión “innecesariamente” purgan sentencias por infracciones de droga menores, indicó el Centro.
Ames Grawert, un abogado del Programa de Justicia del Centro Brennan, explicó que los fiscales tienen opciones sobre dónde y cómo gastar sus recursos, pero si el presidente Donald Trump y Sessions “hablan con seriedad sobre el combate a la ´carnicería´ (de las narcoviolencia), entonces deberían dedicar su tiempo y dinero en el procesamiento de crímenes violentos, no en encerrar a quienes cometen delitos de droga menores por primera vez”.
Crime rates have dropped dramatically + remain near historic lows, despite increases in a few cities #NoCrimeWave https://t.co/i0MAX4Qkm5 pic.twitter.com/1pCv29RVhu
— Brennan Center (@BrennanCenter) May 9, 2017
“Una nueva ´guerra contra las drogas´ minaría la seguridad pública, y podría exagerar las desigualdades raciales ya existentes en nuestro sistema penal”, advirtió Grawert.
Un informe de 2016 del Centro Brennan indicó que, aunque la tasa de encarcelamiento ha bajado entre los afroamericanos desde 2000, las desigualdades raciales en el sistema de prisiones siguen afectando desproporcionadamente a las minorías.
