Editorial: A falta de reforma migratoria

Los más de 400 arrestos al día de indocumentados son insuficientes para el Congreso. Una serie de proyectos de ley draconianos están siendo aprobados rápidamente en comités legislativos para facilitar las deportaciones.

Es indignante que no haya una discusión debida en los paneles sobre temas que afectan la independencia de los Estados, modifican con retroactividad las categorías de delitos y crean en la práctica una fuerza de deportación que tendrá un nuevo arsenal.

El congresista Raúl Labrador (R-Idaho), famoso por decir recientemente que nadie se murió por falta de seguro médico, es el autor del Davis and Oliver Act. Labrador, un líder del ultraconservador Freedom Caucus, muestra con esta propuesta que tiene en el tema de inmigración el mismo sentido común que tiene en el área de salud.

Esta medida convierte a las autoridades estatales y locales en agentes de inmigración, con la autoridad para establecer sus propias sanciones. Penaliza a las jurisdicciones que no lo hagan, obliga a detener sospechosos hasta que puedan ser recogidos por ICE y ordena la construcción de más centros de detención.

Las repetidas peticiones de jefes de policía y de alguaciles en contra de este tipo de propuestas, caen en oídos sordos de los legisladores, empecinados en criminalizar a los indocumentados.

La propuesta de Labrador hace precisamente lo que no se quiere que ocurra: distraer los esfuerzos policiales.

Los jefes de las fuerzas del orden quieren enfocar su atención y recursos en los delincuentes peligrosos sin importar si son ciudadanos o tienen otro estatus migratorio. No quieren perder su tiempo en perseguir a una persona porque cruzó la frontera ilegalmente para reunirse con su familia.

Al mismo tiempo, hay un proyecto del congresista Bob Goodlatte (R-Virginia) que autoriza contratar 10,000 efectivos para ICE que estén dedicados al esfuerzo de deportación, unos 2,500 para los centros de detención y 60 fiscales de inmigración. También se le dará a los agentes armas de asalto, como la carabina M4.

Esta es una inversión costosa en momentos en que se proponen recortes de presupuesto extraordinarios para la educación, el medio ambiente, la ciencia y la red de respaldo social.

Mientras tanto, en el Senado redactan sus propios proyectos sobre inmigración. Por ejemplo, la propuesta del senador John Cornyn (R-Texas) castiga a las ciudades santuario y “obliga a los padres de adolescentes indocumentados a llevar un grillete monitor en el tobillo para que los jóvenes vayan a sus audiencias de deportación”.

Los republicanos no dejan de sorprender con su implementación de los valores familiares.

Las encuestas muestran continuamente que los estadounidenses respaldan una reforma migratoria integral. Que contenga medidas de seguridad y un camino a la regularización de millones de millones de indocumentados que cumplan con los requisitos.

Ese es el camino para una reforma realista. Es muy difícil hacerla en trozos, porque no se logra un consenso necesario para su aprobación. Lo que hoy se propone en el Congreso es un derroche de recursos en medidas demagógicas que dejan a la sociedad más vulnerable, en vez de hacerla más segura.