Exigen en demanda que ICE regrese a joven con DACA deportado “ilegalmente”
Alegan que joven "dacamentado" fue deportado sin en proceso debido y en violación a la ley y la constitución. Su archivo está incompleto y faltan documentos, alegan abogados. Patrulla Fronteriza niega su primera deportación y dice que se fue por su cuenta, anulando DACA
Abogados que representan a Juan Manuel Montes Bojorquez, un “dreamer” doblemente deportado en forma misteriosa el pasado mes de febrero, alegan que el gobierno de Estados Unidos expulsó al joven ilegalmente sin seguir los procesos que requiere la ley y exigieron su regreso en una nueva demanda legal.
Montes Bojorquez, un joven de 23 años, se convirtió en febrero en el primer joven bajo protección del programa DACA (Acción Diferida para Arribados en la Infancia) en ser deportado por las autoridades durante el actual gobierno y aún se encuentra en México, mientras abogados de interés público litigan su caso.
Las circunstancias en torno a su caso resultan confusas y contradictorias.
Inicialmente las autoridades estadounidenses dijeron que el joven fue expulsado porque su DACA había expirado en 2015 y posteriormente, se corrigieron diciendo que lo deportaron porque lo arrestaron intentando entrar ilegalmente al país y que al salir sin permiso, había abandonado su estatus.
Al parecer, los abogados que inicialmente presentaron documentos legales para pedir la documentación en torno al joven, no han logrado que el gobierno explique claramente o entregue todos los documentos e información del caso. Alegan que esto indica que el joven fue expulsado en forma irregular.
“Las respuestas del gobierno a nuestras legítimas preguntas han sido mínimas y revelan una cosa: Juan Manuel nunca debió de ser extraído del país de la manera en que lo fue”, dijo Mónica Ramírez Almadani, abogada de Covington & BurlingLLP en Los Ángeles.
Los abogados demandantes alegan tener evidencias -testigos y las declaraciones del muchacho- de que el joven fue arrestado por primera vez en la madrugada del 18 al 19 de febrero (1 a.m.), luego de ser interceptado en Caléxico por unos agentes de la Patrulla Fronteriza. Los agentes de CBP lo interrogaron y le pidieron sus papeles, pero el joven había dejado su cartera en el carro de un amigo, por cuanto lo arrestaron e interrogaron y lo expulsaron a México esa misma noche.
Sin embargo, CBP dice no tener record de esa deportación sumaria, que según los abogados se dió ilegalmente porque el muchacho no sólo tenía DACA, sino como residente de Estados Unidos por largo tiempo, tenía derecho a ver un juez de inmigración y pasar un proceso antes de ser expulsado.
Alegan además que la deportación en medio de la madrugada viola acuerdos hechos con el gobierno de México para no deportar a mexicanos en medio de la noche, cuando los peligros se multiplican en la zona fronteriza.
Según la demanda, el joven tenía DACA y permiso de trabajo, lo que le permitía estar y vivir en el país hasta 2018 con permiso de trabajo. DACA requiere un proceso de parte del gobierno para anular este estatus y deportar a alguien y ese proceso, según los abogados, no se siguió al joven.
El mismo día que fue deportado, reza el documento legal, el joven pidió a un amigo que le trajera sus documentos, cosa que este hizo, trasladándose a Mexicali a ver a Juan Manuel junto con su esposa. Una tía de esta acogió a Bojorquez en su casa esa noche, pero al día siguiente cuando se dirigía a casa de otro familiar, el joven fue golpeado y asaltado en la calle.
“Temiendo por su vida, Juan Manuel, que tiene un daño cerebral debido a un accidente que sufrió de niño, intentó regresar al país cruzando la frontera”, agregan.
En ese intento, Juan Manuel se encontró a agentes fronterizos y se entregó a su custodia, pero estos le aplicaron una deportación expedita y lo deportaron de nuevo. AL parecer, sus archivos de DHS, logrados por los abogados tras la presentación de una demanda en abril, tampoco tienen todos los documentos completos que reflejan este tipo de deportación.
La demanda contra las autoridades migratorias alega diversas violaciones constitucionales en la forma en que se procesó al muchacho, incluyendo violación al proceso debido (quinta enmienda) y violación a la Ley Nacional de Inmigración (INA).
“Los demandados tienen la obligación de permitir el regreso del Sr. Montes a Estados Unidos porque su expulsión fue ilegal , en violación de las leyes, reglamentos y proceso debido”, alegan los abogados.
Portavoces de DHS indicaron que no comentan sobre demandas en proceso.
