Doble golpe al pueblo: un presupuesto recortaría servicios básicos y ayuda legal para defenderlos

El presupuesto del presidente Donald Trump haría un daño calculado no sólo en los beneficios médicos y de alimentos de los que dependen muchas familias trabajadoras, sino a los servicios de ayuda legal que les ayudan a obtenerlos cuando el gobierno los retiene injustamente.

Esto equivale a un “doble golpe” a la clase trabajadora, explicó Silvia Argueta,   directora ejecutiva de Legal Aid Foundation de Los Ángeles (LAFLA), que perderá el 40% de sus fondos si el presupuesto público del presidente se aprueba sin cambios en el Congreso.

Trump no solo ha propuesto recortes multimillonarios a Medicaid (800,000 millones) y una reducción de 193 mil millones en cupones de alimentos para los próximos diez años, sino la eliminación casi completa del presupuesto de la Corporación de Servicios Legales (LSC).

LSC es una organización no lucrativa que financia más de 113 programas de ayuda legal en todo el país y que ha existido durante más de 40 años con apoyo bipartidista, así que aún es posible que el Congreso modifique esta sección del presupuesto.

“No quiero sonar como Pollyana, pero aún creo que tenemos mucho apoyo en el congreso entre demócratas y republicanos”, dijo la directora de LAFLA. “Los servicios legales públicos dan muchos beneficios por la inversión, por esos 6 millones que nos da el gobierno federal, ayudamos a que otros 30 regresen a la economía”.

El apoyo bipartidista en favor de LSC se está dejando sentir ante el presupuesto de Trump. Un total de 32 procuradores estatales y un grupo de senadores demócratas y republicanos escribieron sendas cartas en apoyo a los fondos para ayuda legal.

“Afectará a todos sin distinción de partidos”.

Legal Aid de Los Ángeles es una de las muchas organizaciones en todo el país que reciben buena parte de sus fondos de LSC. Sin esa ayuda, muchas personas pobres y de clase trabajadora, “sean del partido que sea”, se quedarán sin asistencia para pelear contra el gobierno cuando este les niega beneficios a los que tienen derecho, dijo Argueta.

El golpe  para LAFLA será de unos 6 millones de dólares, que ayudan a la organización a dar servicios a alrededor de 11,000 personas al año, con el trabajo de 64 abogados.

“Creo que este presupuesto va a generar un grave problema en California”, dijo. “Nuestro trabajo trae mucho beneficio a las comunidades que servimos. Entre los servicios que ofrecemos está ayuda a veteranos que no logran sus beneficios debidos, y muchas familias que dependen de cupones de alimentos para mantenerse y se los niegan”.

La combinación con millonarios recortes a los programas de Medicaid (Medical en California) y recortes a Food Stamps o cupones de alimentos, se hará sentir en todas las comunidades sin distinción de partidos ni razas, explicó Argueta.

“Nuestro trabajo es bipartidario, servimos áreas demócratas y republicanas, en zonas rurales, hay muchos seguidores del presidente que son pobres”, dijo. “Nosotros ayudamos a todo el mundo sin distinción y no cobramos por nuestros servicios”.

LAFLA tiene, por ejemplo, unos 4000 clientes al año que necesitan ayuda para reclamar sus cupones de alimentos. Hay cientos de personas discapacitadas que pierden sus beneficios por error y la agencia los ayuda a recuperarlos.

“A veces sólo una llamada nuestra hace que los beneficios se restauren”, apunta Argueta. “Si este presupuesto se aprueba tal y como el presidente lo ha propuesto, creo que nuestra clientela no va a poder obtener en ningún lado la ayuda que les damos aquí y vamos a ver a mucha gente perder beneficios que son críticos para su supervivencia”.

Pero la resistencia ante este recorte está creciendo.

En Texas, el congresista demócrata Henry Cuéllar, de Laredo y el Juez en Jefe de la Corte Suprema del estado realizaron un comunicado conjunto a favor de LSC.

Ambos señalaron que LSC fue fundada con la idea de que la clase trabajadora y media, que no puede pagarse un abogado de alto vuelo, también tiene derecho a la justicia.

El juez Nathan Hecht, un republicano, dijo que “cuando la justicia es únicamente para quienes pueden pagársela, no es justicia para todos ni es ningún tipo de justicia”.

Entretanto, el liderazgo de LSC se siente confiado de que el Congreso rechazará la eliminación del programa.