Editorial: Ciudades Santuario fuera de la ley

La Administración Trump insiste en castigar a esas localidades con el pretexto de que no quieren cooperar con "La Migra"
Editorial: Ciudades Santuario fuera de la ley
El arresto de inmigrantes por delitos menores los expone a la deportación.

En medio del debate sobre la cobertura médica, el Departamento de Justicia continuó hace unos días su ofensiva contra las llamadas ciudades santuarios, amenazándolas con cortarles fondos para seguridad pública si no obedecen sus guías.

La agencia federal quiere castigar con la elimianción de estos fondos a quienes ellos consideran que no colaboran con su estrategia para aumentar las deportaciones de indocumentados.

Es irónico que precisamente se quiera quitar el dinero de subsidios destinados a las agencias policiales y al sistema judicial de una ciudad, bajo el argumento de que no hacen lo suficiente para proteger a sus residentes. O sea, porque no le entregan a las personas que ellos quieren, bajo sus condiciones, a pesar de que estas hayan sido declaradas ilegales.

La norma que guía la relación entre autoridades locales y federales de inmigración básicamente establece que no se puede prohibir la comunicación entre una y otra. La Agencia para el Control de Aduana e Inmigración (ICE) impuso dentro esa norma, sin figurar en el estatuto, que las agencias policiales tengan bajo su custodia por 48 horas a cualquier detenido que ellos soliciten.

De esta manera, el Departamento de Justicia definió arbitrariamente como ciudad santuario a quienes no obedecen la orden de detención. En los casos que se cumpió esa orden, los jueces de Miami, Massachusetts y Dallas la declararon una violación a la protección constitucional de no estar privado de la libertad sin ningún motivo legal.

Por eso, el Departamento de Justicia cambió la estrategia para obtener los mismos resultados, aunque sin que parezca que está solicitando un acto de dudosa constitucionalidad.

Un documento explicando las condiciones para recibir subsidios establece la condición a las agencias policiales de avisar con 48 horas de antelación al Departamento de Seguridad Interna (DHS) antes de liberar a un indocumentado en quien ellos hayan mostrado interés.

Hay un problema práctico para cumplir con la directiva.

Hay mucha gente en cárceles locales que son detenidas antes de ser juzgadas y que pueden pagar fianza, convencer a un juez para que los deje libres o que se dejen a un lado los cargos por los que fueron arrestados.

Esas personas no pueden ser detenidas más de lo debido, para que ICE tenga tiempo de recogerlas. Esto crea el mismo obstáculo constitucional, con el agregado de eliminar subsidios federales para las ciudades que no lo obedezcan.

De nuevo, la administración Trump se inventa exigencias que no están en la ley. El Departamento de Justicia amenaza con un castigo arbitrario para quienes no obedezcan a ICE, corriendo el riesgo real de cometer un acto declarado ilegal por los tribunales.

El Departamento de Justicia recurre a la estrategia tristemente conocida de querer violar las protecciones constitucionales con el falso argumento del peligro a la seguridad pública.