El desafío más radical para detener la deportación de indocumentados

Desafiando las estrictas políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, el movimiento santuario que ofrece refugio a inmigrantes en iglesias, se ha duplicado y convertido en una opción de permanencia para indocumentados que tienen órdenes finales de deportación.

De acuerdo con la entidad humanitaria Church World Service, el año pasado antes de que el presidente Trump ganara las elecciones, había unas 400 iglesias declaradas como santuarios en el país. Actualmente los templos que se han proclamado refugios alcanzan los 800.

Sin embargo, pese a la oferta de tantas iglesias santuario solo unos cuantos se han acogido al refugio.

Tras no obedecer una orden de salida del país, prevista para el pasado 20 de julio, la guatemalteca Nury Chavarría, de 43 años, se refugió en la Iglesia de Dios Pentecostal de New Haven, Connecticut.

Menos de una semana después, la oficina del gobernador de Connecticut, anunció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podría revisar el caso de Chavarría, madre de cuatro hijos ciudadanos, que ha vivido en Estados Unidos durante 24 años.

La mexicana Rosa Sabido, de 53 años, también decidió acogerse a esta protección en la Iglesia Metodista Unida de la pequeña localidad de Mancos (Colorado), después de que las autoridades migratorias le ordenaron que se fuera del país.

Durante 30 años Sabido ha estado indocumentada en el país, y durante los últimos cinco años había renovado su estadía temporal anualmente, pero con la política de mano dura de Trump le negaron definitivamente la extensión.

Carolina del Norte también se ha sumado al movimiento de iglesias santuario como escudo para familias en riesgo de separación, en un estado donde se están realizando capturas continuas de ICE para la expulsión de indocumentados del país.

En los últimos tres meses, líderes de fe de las ciudades de Greensboro y Durham han dado refugio a la guatemalteca Juana Luz Ortega Tovar, la mexicana Minerva Cisneros y el salvadoreño José Chicas, todos con órdenes finales de deportación y con fuertes lazos familiares en las localidades donde han residido.

“José Chicas es un hermano, teológicamente cristiano. Es un padre en riesgo de separarse de su familia. Siguiendo lo que predicamos, es algo que no podemos permitir”, dijo a Efe Jonathan Wilson Hartgrove, director de la Escuela para la Conversión en la ciudad de Durham (SFC, en inglés).

Desde el 27 de junio, Chicas permanece refugiado en la institución que lidera Hartgrove.

El director dijo que es consciente de las leyes actuales y que el Gobierno de EE.UU. ha sido claro en las consecuencias por llevar a cabo este tipo de acciones de protección para los inmigrantes sin estatus regular.

Para la familia Chicas, los días han sido difíciles. “Esto también ha golpeado la salud de mis hijos, en especial de mi hija de 18 años. Su salud mental y física se ha deteriorado”, dijo el refugiado.

La directora del Programa de Inmigración para los Trabajadores Agrícolas del Concilio de Iglesias de Carolina del Norte, Jennie Bell, explicó a Efe que un “santuario” es la “salida” más radical para proteger y dar la bienvenida a los inmigrantes.

“Apoyamos a las iglesias que quieren y pueden hacerlo. Se necesitan recursos, voluntarios y una logística para que la persona a la que se da albergue se sienta cómoda”, indicó.

Bell señaló que ofrecer santuario es una decisión muy seria y no se puede tomar rápidamente, pero “la persona que necesita refugio normalmente solo tiene días o semanas antes de su deportación”.

El reverendo Randall Keeney de la iglesia Episcopal San Barnabás en Greensboro dijo a Efe que el caso de Juana Luz Tobar Ortega lo tomó por sorpresa y debieron trabajar de forma apresurada.

“El desafío creo que es muy simple, que la persona que esté aquí se sienta como en su casa y que también comparta el espacio público con la congregación”, dijo Keeney.

La reverenda Julie Peebles, de la Iglesia Congregacional Unida de Cristo en la ciudad de Greensboro, indicó a Efe que con Minerva Cisneros y su familia venían trabajando hace mucho tiempo y cuando los recursos migratorios para detener su deportación no fueron aceptados se le ofreció entrar en santuario.

“Básicamente trajimos a Minerva en santuario por nuestra fe. Necesitamos más iglesias en Carolina del Norte que den este paso”, dijo.

Pese a que Carolina del Norte cuenta con un fuerte cordón de congregaciones latinas y en muchos casos sus feligreses son los afectados, aún ninguna iglesia hispana ha dado el paso de ofrecer santuario.

“Creo que la comunidad no responde por el miedo a las deportaciones. En muchos de los casos se da la combinación que el líder y la mayoría de la congregación son indocumentados”, anotó Walter Contreras, pastor de la iglesia “Palabra Viva” en la ciudad de Durham.

Para la reverenda Audra Abt, misionera para Ministerios Latinos e Hispanos de la Diócesis Episcopal de Carolina del Norte, “hay que arreglar el sistema migratorio que no funciona. Con eso las familias no se verán en la necesidad de buscar este refugio”.