Temen que DHS “ahora va” por mexicanos con ciudadanía estadounidense

WASHINGTON.- El mexicoamericano Juan Carlos Garza jamás ha tenido líos legales y nunca estuvo en una cárcel pero, el lunes pasado, la Patrulla Fronteriza lo interrogó por más de 24 horas, le confiscó su pasaporte y cuestionó su ciudadanía estadounidense. Su demanda contra el gobierno busca corregir un error y, sobre todo, frenar abusos contra mexicanos con doble ciudadanía.

Garza, de 34 años, regresaba con uno de sus dos hijos, de 10 años, de visitar a sus padres en Reynosa (México), cuando fue interrogado por la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) bajo sospecha de que su acta de nacimiento era fraudulenta.

• EEUU mantiene frente abierto contra un niño que pasó detenido 654 días
• Agentes de ICE intentan redada en restaurante y su dueño hace lo impensable
• El principal y poderoso opositor del proyecto de “Estado Santuario” en California

Garza logró que un familiar suyo recogiera al niño – “muy asustado” por el incidente-, y fue trasladado al día siguiente al Centro de Detención Puerto Isabel en Los Fresnos, popularmente conocido como “el corralón” y considerado uno de los más grandes del país.

En entrevista telefónica hoy con este diario, tanto Garza como sus dos abogados, Jaime Díez y Lisa Brodyaga, afirmaron que les preocupa que mexicanos con o sin doble ciudadanía estadounidense puedan estar en la mira del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Un oficial me dijo que me revocaron el pasaporte, que me consideraban ciudadano mexicano, no norteamericano, y que si quería ser tratado como mexicano ya mismo empezaban el proceso para regresarme, o tendría que ir a corte para que un juez de Inmigración decidiera mi caso”, explicó Garza.

“Totalmente fue un abuso, nunca he falsificado nada, nunca he cometido delitos, ni he  tenido ni una multa de velocidad, no merecía ese trato como criminal. Quiero que mi expediente quede limpio y que esto no me vuelva a ocurrir”, afirmó.

Millones de mexicanos están legalmente en EEUU

Según datos oficiales del gobierno mexicano, hay seis millones de inmigrantes mexicanos legales en EEUU, de los cuales 2,7 millones tienen la “tarjeta verde” y 3,3 millones tienen la ciudadanía estadounidense. Una ley mexicana de 1998 les permite a éstos últimos la doble ciudadanía.

Díez señaló que el pasaporte de Garza está vigente, y el gobierno tiene hasta el lunes para explicar por qué detuvo a su cliente.

“Si no es discriminación racial, no sé qué es…. el problema es que no sólo revocan el pasaporte sino que después ponen trabas para que puedan conseguir otros documentos oficiales. Las autoridades tienen que arreglar esto, darle a la gente el derecho al debido proceso, y dejar de suponer que todos los mexicanos, los que hablan español, no nacieron en EEUU”, se quejó Díez.

Consultada por este diario, la CBP dijo que no comentar casos en litigio, e insistió en que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumplen con la misión de la agencia para hacer cumplir las leyes y resguardar la seguridad.

“No  hay una práctica en curso, y los agentes de la CBP aplican las leyes con uniformidad en los puertos de entrada”, dijo una portavoz del DHS.

Todo ciudadano estadounidense por ley tiene que mostrar su pasaporte u otro documento para comprobar su ciudadanía, y si no logra convencer al agente de que es ciudadano, “entonces queda sujeto a una inspección como extranjero”, añadió.

Parteras bajo la lupa

Garza nació en Mission (Texas) en 1983 con la ayuda de una partera, estudió en México y regresó a EEUU para trabajar hace una década.

Jamás había tenido problemas cuando viajaba una hora de su casa en McAllen a Reynosa a visitar a sus padres, pero ahora teme que “están arremetiendo contra todos los que nacieron con parteras, a todos nos quieren mandar para México”.

Como es costumbre en comunidades fronterizas, muchas familias con hijos nacidos en EEUU –como ocurrió con Garza- también “asientan” a sus hijos en México para que éstos puedan asistir a la escuela u obtener otros servicios médicos y sociales en ese país.

Diez dijo que tiene entre 20 y 30 casos de mexicanos detenidos en cruces oficiales y cuyos documentos han sido confiscados.

En los últimos 15 años, abogados en el área del Valle del Río Grande han manejado casos relacionados con parteras condenadas por cometer fraude con actas de nacimiento durante las décadas de 1980 y 1990, pero se trata de casos aislados.

Para Brodyaga, es como si ahora “pagan justos por pecadores… porque el Departamento de Estado no quiere ceder en estos casos, y algunos terminan en los tribunales”.

“No hemos perdido ningún caso, y solo tomamos casos en los que creemos que la persona nació en EEUU.  El caso de Juan Carlos es importante porque está en trámite la residencia permanente de su esposa, y eso depende de su ciudadanía”, explicó Brodyaga.

Cuestionando la ciudadanía

Brodyaga criticó que, a su juicio, los agentes de la CBP  “van a cuestionar la legitimidad de la ciudadanía de algunos, es lo que están haciendo, sin importar si (los mexicanos) nacieron en un hospital” o con una partera.

“Tenemos varios casos de niños nacidos en hospitales de EEUU, donde las autoridades dijeron que éstos nacieron en México. No lo hacen a menos que tengan alguna sospecha”, señaló.

Brodyaga destacó el caso de un médico que practicó durante 60 años en la región del Valle, asistió en aproximadamente 15,000 partos, y el Departamento de Estado consiguió el testimonio de otro médico en México que afirmó que fue él quien asistió en ese parto.

“En México puedes conseguir lo que quieras, y no quiere decir que ese médico dijo la verdad. Fue un caso de entre 15,000, pero fue suficiente para que sospecharan del otro médico, y ahora están cuestionando a los que nacieron con su ayuda”, explicó.

Garza aconsejó a otros mexicanos detenidos por Inmigración a “que se asesoren bien”, no cedan a presiones o amenazas y, sobre todo, no firmen ningún documento o tomen decisiones equivocadas.