Corrupción tras el sismo en México, alerta permanente

Denuncian actos irregulares en la repartición de despensas y actos de rapiña, principalmente en Oaxaca, la entidad más golpeada por el terremoto

MÉXICO – Aún no terminan de contabilizarse los daños derivados del sismo del pasado 7 de septiembre pero ya se suman a los 96 muertos y más de 12,000 viviendas afectadas por lo menos cinco denuncias de actos irregulares en la repartición de despensas, actos de rapiña y raja política en diversos poblados, principalmente en Oaxaca.

A través de redes sociales y ante la prensa local, habitantes de Juchitán –la región más afectada-revelaron que la alcaldesa Gloria Sánchez acaparó y almacenó despensas para repartirlas a su modo entre amigos, familiares y gente afín a su partido como también lo hizo Leonides Santiago Carrasco, agente municipal de Chicapa de Castro.

Los involucrados negaron los hechos, pero los  reclamos crecieron al punto que el gobernador Alejandro Murat y las autoridades federales acordaron que los soldados de las las Fuerzas Armadas se encargaran de la distribución de toda la ayuda humanitaria proveniente del DIF Nacional, DIF Estatal, Cruz Roja y de todos los Centros de Acopio.

“Existen aspectos específicos de la ayuda humanitaria que son muy vulnerables a la corrupción: los apoyos alimentarios, construcción de albergues y la distribución de medicamentos”, advirtió el analista Benjamín Hill maestro en administración pública por la Universidad de Harvard.

Eso para empezar. Luego viene la mayor rapiña con los contratos, el manejo de dinero y todo tipo de manipulaciones de los recursos para la reconstrucción, agrega el analista sobre los fondos millonarios que se manejan cada año para la reconstrucción a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales que ronda los 400 millones de dólares anuales.

Tanto el Fonden como el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas tienen una falla de origen: son fideicomisos protegidos por la ley del secreto fiduciario y por tanto no son sujetos de transparencia en casi ninguna de sus operaciones, lo que ha provocado decenas de denuncias por desvío de recursos.

En febrero de 2014, la Auditoria Superior de la Federación detectó el desvío de alrededor de dos millones de dólares que ni la procuraduría estatal ni la federal investigaron a pesar de ser recursos procedentes del Fonden que se traspasaron hacia la empresa Construcción, Infraestructura y Filiales de México, S.A. De C.V. (CIFIMEX), que se encargaba de la construcción del túnel sumergido en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando Javier Duarte era el gobernador.

Otro caso sin segumiento judicial se denunció un año después, cuando la ASF fiscalizó el 83% del dinero autorizado (200 millones de dólares) para el estado de Guerrero que sufrió sismos y lluvias severas causadas por los huracanes Ingrid y Manuel.  La dependencia encontró irregularidades como el atraso en la entrega del apoyo, viviendas construidas a un precio menor al reportados y ausencia de escrituras para los damnificados.

Frente a estas experiencias, los pobladores oaxaqueños afectados por el sismo reciente anunciaron que estarán pendientes para evitar cualquier lucro con su desgracia y pidieron a los involucrados respetar el dolor de la gente afectada y no robar.

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